La cuenta regresiva para el gobierno de Quintana Roo fue lanzada por el IAPQROO.
Los Ángeles Press
En un desafío público lanzado por el Instituto de Administración Pública de Quintana Roo (IAPQROO), la gobernadora Mara Lezama, presidentes municipales, el Congreso del Estado y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) enfrentan un plazo de 10 días para responder a las demandas ciudadanas sobre las tarifas de agua potable y alcantarillado en el estado.
Este ultimátum ciudadano exige que las autoridades demuestren que las tarifas vigentes están alineadas con la política de justicia social proclamada en los medios de comunicación.
Además, se espera que proporcionen argumentos sólidos que respalden la preservación de prácticas que podrían considerarse abusivas, amparadas por la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del Estado de Quintana Roo.
La iniciativa del IAPQROO busca abrir un espacio de debate público en el que las autoridades expliquen y justifiquen las estructuras de tarifas existentes, ofreciendo transparencia y claridad sobre cómo se toman las decisiones en la gestión pública que afectan directamente a los ciudadanos en cuanto al suministro de servicios básicos como el agua potable y el alcantarillado.
IAPQROO propone cómo frenar 'derecho de piso' en tarifas de agua