La Auditoría del estado ha incumplido en las denuncias adminsitrativas y penales, igual que ha sucedido con el Sistema Estatal Anticorrupción.
Por Ricardo Zurita
En el último número del Semanario Zeta, en su editorial se publicó esta nota "Afectaciones millonarias al erario que no se denuncian", en la que se exhiben múltiples desfalcos y desvíos de recursos públicos que resultan de auditorías a dependencias y organismos del Estado y de los municipios de Baja California.
Realizadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Baja California, sin que este máximo organismo fiscalizador presente las respectivas denuncias administrativas y penales, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 114 de la Constitución General de la República, 37 de la Ley local de Baja California, y los respectivos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del mismo estado.
Inherente a esta situación, se destaca que por más de tres años el Congreso del Estado de Baja California no ha cumplido con nombrar al titular de la ASE conforme a la normatividad constitucional y legal.
Tal y como sucede con el nombramiento del Magistrado Anticorrupción (Ejemplo 1 de la Simulación de Combate a la Corrupción en BC), que tras 4 años de existir está vacante, y el Congreso del estado se niega a nombrarlo en los términos constitucionales y legales.
En el mismo sentido, el titular de la ASE forma parte con voz y voto del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, que es presidido y coordinado por los Consejeros Ciudadanos Anticorrupción ilegalmente nombrados sin haber cumplido con los requisitos de legalidad, idoneidad y especialidad de conocimientos y experiencia en materia anticorrupción y bajo un fraudulento y corrupto procedimiento auspiciado por 3 comisionados de la Comisión de Selección del SEA de BC.
Estas situaciones ponen de relieve la crítica situación de mediocridad, incapacidad y la presunta simulación en los esfuerzos para combatir la corrupción en el estado de Baja California, evidenciando la urgente necesidad de acciones correctivas y de transparencia por parte de las autoridades competentes.
