Abogada denuncia violación de DDHH por impedir acceso de abogados defensores a CEFERESO

Por Ignacio García

Luego de que la empresaria Isabel Miranda Torres se dirigió en video público al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para señalarle que el abogado Ricardo Raphael ingresara al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Morelos en el área de mujeres, suplantando su identidad para entrevistar a víctimas del falso secuestro Wallace, se dio la orden a directores de CEFERESOS de impedir acceso a abogados defensores de los internos en los penales federales del país, lo que representa una grave violación a los derechos humanos de los reos, de acuerdo a la denuncia de la abogada de la que se reserva su identidad por cuestiones de seguridad.

Isabel Miranda llamó la atención del presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, para quejarse de que el servidor público del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), Salvador Leyva Moreno Zaragoza, había incurrido presuntamente en actos de corrupción por ingresar a personas ajenas como trabajadores del instituto para tratar, dijo, de “liberar a los secuestradores de su hijo”.

La empresaria acusada por la fabricación del secuestro de su hijo desde diciembre de 2018 ante la Fiscalía General de la República, acusó a Leyva Moreno de “nepotismo” e “influyentismo” al interior del Poder Judicial por lo que demandó que se “ponga un alto” a estas medidas. De acuerdo con la abogada defensora, dijo que lleva dos días esta situación de prohibir el paso de abogados a locutorios de los internos, a quienes también se les ha negado atención médica en medio de la crisis sanitaria por la pandemia del Covid19. 

La abogada defensora señaló que prohibieron sólo el paso de abogados, y no el de los familiares, por lo que no se trata de una medida sanitaria, sino una medida que restrictiva que viola el artículo 20 Constitucional y la Ley Nacional de Ejecución Penal, “pues no puede ser restringido el derecho de defensa en ninguna situación”.

La jurista refirió que no se puede suspender la comunicación de los defensores legales con los acusados, por lo que tampoco se puede prohibir el acceso de personal de salud para la atención médica, ya que a los familiares sí les han permitido el ingreso de los Ceferesos.

Dijo que no han sido notificados por la situación que están desarrollando las autoridades penitenciarias para impedirles el ingreso de los abogados defensores, pues de lo contrario consideró importante organizarse para efectuar acciones para ampararse por incomunicación o atacar el derecho de defensa.

Hasta el momento, los defensores legales no han recibido alguna respuesta por parte de las instancias penitenciarias sobre las restricciones que tienen para comunicarse directamente con sus representados en el proceso penal que desarrollan.

Ignacio García

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