Daniel Lee Jueves, 13 de Agosto del 2026
Cuando los niños migrantes enfrentan la deportación, dejarlo sin abogado también es una forma de abandono.
Por Daniel Lee
Hay decisiones de gobierno que pueden discutirse en términos políticos, presupuestales o migratorios. Pero hay otras que deberían medirse, antes que nada, en términos humanos. Dejar a un niño migrante solo frente a un tribunal de inmigración pertenece a esta última categoría.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció esta semana 7.25 millones de dólares para garantizar representación legal a unos 1,400 menores migrantes no acompañados que enfrentan procesos migratorios en el estado. Alrededor de 250 de ellos permanecen detenidos. La medida responde a la decisión de la administración federal de no renovar el contrato con el Acacia Center for Justice, una organización que coordinaba una red de proveedores legales para niños migrantes.
Pero la dimensión nacional es todavía más preocupante. La expiración del contrato federal dejó en riesgo la representación de más de 20,000 menores en Estados Unidos. Organizaciones de defensa migratoria han advertido que muchos de estos niños podrían quedar obligados a enfrentar procedimientos extraordinariamente complejos sin un abogado que explique sus derechos, prepare su caso o identifique si son víctimas de abuso, trata, abandono o persecución.
Y aquí está lo verdaderamente inadmisible: estamos hablando de niños.
Algunos tienen cinco años. Otros apenas saben explicar ante un adulto lo que les ocurrió antes de llegar a Estados Unidos. Muchos no dominan el inglés. Otros cargan historias de violencia, pobreza, abandono o separación familiar. Pretender que cualquiera de ellos puede presentarse ante un juez de inmigración, comprender las consecuencias de sus respuestas y defender por sí mismo un caso que puede terminar en su deportación es una ficción.
Un tribunal migratorio no es un salón de clases. No es un trámite administrativo sencillo. Una equivocación puede cambiar la vida de un menor para siempre.
Por eso la decisión de Nueva York importa. No porque 7.25 millones de dólares resuelvan el problema —no lo hacen—, sino porque establece una línea política y moral muy clara: un niño no puede convertirse en la variable de ajuste de una política migratoria.
La situación también expone una contradicción profunda de la política federal. Mientras Washington endurece los mecanismos de detención y deportación, al mismo tiempo se desmantelan o sustituyen las estructuras que permitían que los menores tuvieran asistencia jurídica especializada. El contrato que terminó el 31 de julio había sostenido una red de casi un centenar de proveedores legales.
Y mientras se discute cómo acelerar deportaciones, los menores quedan atrapados en medio de una disputa institucional sobre contratos, financiamiento y confidencialidad de expedientes. Proveedores legales denunciaron, además, que el gobierno federal había retenido alrededor de 65 millones de dólares en pagos pendientes, situación que agravó la crisis de las organizaciones encargadas de representar a los niños.
El problema no es solamente jurídico. Es profundamente político.
Porque cuando un gobierno convierte la deportación en prioridad absoluta, existe el riesgo de que el debido proceso termine siendo visto como un obstáculo y no como una garantía. Y cuando el afectado es un menor, esa lógica resulta todavía más peligrosa.
Nueva York está diciendo algo que debería ser obvio: la aplicación de la ley no puede estar por encima de la protección de la infancia.
La discusión tampoco debería reducirse a estar a favor o en contra de la migración. Ese es un falso dilema. Un país tiene derecho a establecer sus reglas migratorias y hacerlas cumplir. Lo que no debería hacer es exigirle a un niño que defienda solo su propia existencia jurídica frente a un sistema diseñado para adultos.
Hay, además, una diferencia enorme entre representar a un adulto y representar a un menor no acompañado. El abogado no solamente ayuda a presentar argumentos migratorios. También puede detectar situaciones de explotación, trata, abuso o abandono y ayudar a que el menor acceda a las protecciones que contempla la legislación. Las propias normas federales establecen que la asistencia legal busca proteger a estos niños frente al maltrato, la explotación y la trata.
Por eso resulta particularmente preocupante que el gobierno federal haya decidido sustituir la estructura anterior por nuevos mecanismos de contratación. La administración ha otorgado un contrato de hasta 244 millones de dólares a Our Rescue para tareas relacionadas con estos menores, mientras otro contrato de 150 millones de dólares para representación legal fue ofrecido a una firma de Houston que finalmente declinó. El cambio ha generado cuestionamientos sobre experiencia, capacidad y continuidad de la defensa legal.
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