Daniel Lee Lunes, 17 de Agosto del 2026
La mayor presencia de población indocumentada coincidió con menos delitos contra la propiedad y menos agresiones graves.
Por Daniel Lee Vargas
Ciudad de México.- Durante años, una idea se ha repetido hasta convertirse en argumento político en Estados Unidos: que el aumento de la migración indocumentada provoca más delincuencia. La afirmación es contundente, pero la evidencia disponible obliga a cuestionarla. Un amplio estudio publicado en el Journal of Urban Affairs, realizado por criminólogos de la Universidad de California en Irvine y la Universidad de Miami, encontró que una mayor presencia de población indocumentada no se tradujo en un incremento general de los delitos.
La investigación analizó cerca de 11,500 barrios en más de 100 ciudades estadounidenses durante el periodo 2010-2018. Los investigadores combinaron estimaciones de población indocumentada con estadísticas criminales y encontraron que, en promedio, los barrios donde aumentó esa población registraron menos delitos contra la propiedad y menos agresiones graves.
El resultado es especialmente relevante porque el análisis no se limitó a comparar ciudades enteras. Descendió al nivel de los barrios, donde las condiciones sociales, económicas y de seguridad pueden ser muy diferentes. Para estimar la población indocumentada, los especialistas utilizaron información demográfica de unos 46 millones de personas y desarrollaron modelos estadísticos debido a que, por su propia naturaleza, esta población no aparece de manera completa en los registros migratorios.
Las estimaciones indican que los indocumentados representaban, en promedio, 5.6% de la población de los barrios estudiados en 2010, proporción que descendió a 4.8% en 2018. Al cruzar esos datos con registros de homicidios, agresiones graves, delitos contra la propiedad y robos, no apareció la supuesta relación automática entre mayor presencia migrante y mayor violencia.
Existe, eso sí, una excepción que merece atención: los robos tendieron a aumentar en algunos barrios donde creció la población indocumentada. Pero incluso este resultado puede interpretarse de manera muy distinta a la narrativa tradicional. Charis Kubrin, una de las autoras, plantea que los migrantes podrían estar siendo víctimas de esos delitos debido a condiciones que incrementan su vulnerabilidad, entre ellas una mayor utilización de efectivo y un acceso limitado a servicios bancarios.
La diferencia es crucial. Que un delito aumente en una comunidad donde también crece la población migrante no demuestra que los migrantes sean quienes lo cometen. Pueden ser, precisamente, quienes lo padecen.
Los investigadores son cuidadosos y reconocen las limitaciones de su trabajo: estimar la población indocumentada es complejo y las asociaciones estadísticas no permiten afirmar que la migración provoque una reducción del crimen. Pero esa cautela científica no puede convertirse en una excusa para ignorar el resto de la evidencia. Estudios anteriores realizados en Estados Unidos y otros países también han cuestionado la existencia de una relación directa entre inmigración y aumento de los delitos violentos.
Aquí es donde el debate político debería detenerse y revisar sus premisas. Si la evidencia no sostiene que la migración indocumentada genere, por sí misma, más violencia, ¿por qué continúa presentándose al migrante como una amenaza automática para la seguridad?
La respuesta tiene menos que ver con criminología que con política. El miedo es una herramienta poderosa. Asociar migración con delincuencia permite simplificar problemas complejos, identificar un enemigo visible y justificar políticas cada vez más severas. Pero una política pública responsable no puede construirse sobre percepciones que los datos no confirman.
Esto tampoco significa negar la existencia de delitos cometidos por personas migrantes. Naturalmente los hay, como los hay entre ciudadanos estadounidenses y cualquier otro grupo social. La cuestión es otra: no existe fundamento para convertir la condición migratoria en un indicador automático de peligrosidad.
Estados Unidos tiene derecho —y obligación— de combatir el crimen. Pero combatir la delincuencia exige investigar conductas concretas, proteger a las víctimas y aplicar la ley con criterios objetivos. No convertir el origen, el acento o el estatus migratorio en sustitutos de una investigación.
El hallazgo de este estudio debería servir para cambiar la conversación. La pregunta no tendría que ser cuántos migrantes hay y cuántos delitos se registran en sus comunidades, sino qué factores producen inseguridad, quiénes son más vulnerables y qué políticas realmente funcionan.
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