Daniel Lee Miércoles, 15 de Julio del 2026
Los diecisiete muertos exhiben una respuesta diplomática tardía, activada cuando la pasividad comenzó a generar costos políticos para Morena electorales.
Por Daniel Lee
Hoy seré muy crítico, pero lo tengo que decir... La indignación del gobierno mexicano no llegó con el primer migrante muerto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). No apareció cuando el segundo cuerpo regresó a México ni cuando las redadas comenzaron a multiplicarse en los campos agrícolas, las fábricas y los barrios latinos de Estados Unidos. Tampoco surgió cuando los consulados mexicanos acumulaban expedientes y llamadas desesperadas de familias que buscaban respuestas. La indignación llegó con el muerto número diecisiete.
Y no llegó sola.
Llegó acompañada de encuestas desfavorables, de una creciente erosión política y de la proximidad de unas elecciones intermedias que amenazan con convertir el “triunfo arrollador” de Morena en una administración prematuramente desgastada. La tragedia migratoria, ignorada durante meses por la diplomacia mexicana, se convirtió de pronto en una bandera política demasiado valiosa para dejarla pasar.
Mientras Donald Trump consolidaba el endurecimiento de su política migratoria, el gobierno de Claudia Sheinbaum optó por una estrategia de bajo perfil. Las cifras eran alarmantes: dieciséis mexicanos fallecidos bajo custodia migratoria durante los primeros meses del segundo mandato republicano; decenas de operativos en California, Texas y Florida; centros de detención privados saturados y denuncias constantes por negligencia médica, hacinamiento y abuso.
La respuesta mexicana fue tan burocrática como insuficiente: once notas diplomáticas.
Once documentos enviados a Washington mientras el miedo se expandía entre millones de connacionales.
Durante meses, el gobierno mexicano apostó por administrar la crisis en silencio. La prioridad no era proteger a los migrantes, sino preservar una relación bilateral estratégica con Estados Unidos. Había demasiado en juego: el T-MEC, la cooperación en seguridad, la presión comercial y los acuerdos sobre narcotráfico. En esa ecuación, los jornaleros detenidos, los trabajadores perseguidos y los mexicanos fallecidos quedaron relegados a un segundo plano.
El mensaje implícito fue para toda América Latina. Si México —la principal potencia hispanohablante del continente, el principal socio comercial de Estados Unidos y el país con la red consular más grande del mundo— apenas respondía con notas diplomáticas, ¿qué podían esperar los migrantes hondureños, guatemaltecos o salvadoreños?
La muerte de Lorenzo Salgado Araujo alteró el cálculo político. Su asesinato, a manos de un agente federal durante un control de tráfico, rompió la narrativa de la tragedia silenciosa. Lorenzo no murió por falta de atención médica ni por las condiciones de encierro en una celda. Murió a balazos, frente a las cámaras y ante una opinión pública que exigía respuestas inmediatas.
Fue entonces cuando Claudia Sheinbaum decidió endurecer el discurso.
Demandas penales, recursos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamados a Naciones Unidas y posicionamientos de organizaciones binacionales como Fuerza Migrante, y una ofensiva jurídica que el gobierno presentó como una defensa histórica de los mexicanos en el exterior. Pero la pregunta persiste y se vuelve cada vez más incómoda: ¿por qué no antes?
¿Por qué la ofensiva diplomática no comenzó cuando Jaime Alanís García murió tras caer nueve metros mientras intentaba escapar de una redada del ICE? ¿Por qué no se activó cuando Alberto Gutiérrez Reyes falleció en un hospital de Victorville después de denunciar problemas de salud? ¿Por qué el Estado mexicano decidió actuar con contundencia solo después de que el costo político de la pasividad se volvió insoportable?
La respuesta no está en la Cancillería ni en los comunicados oficiales. Está en las encuestas.
Hay que decirlo, Morena atraviesa uno de sus momentos más delicados desde su llegada al poder. Los estudios demoscópicos muestran un desgaste acelerado: la identificación partidista se ha reducido y la preferencia electoral efectiva ha caído de manera significativa en menos de un año. La inseguridad, el crecimiento económico limitado y la violencia cotidiana han erosionado el entusiasmo que acompañó la victoria de 2024.
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