Javier H. Contreras O. Domingo, 09 de Agosto del 2026, 08:59
México discute controles sobre contenidos bajo argumentos similares a los utilizados en Venezuela para justificar la intervención estatal en los medios.
Por Javier H. Contreras O.
El diablo está en los detalles.
El 6 de diciembre de 2004 se promulgó la llamada Ley Resorte en Venezuela, bajo el régimen del dictador Hugo Chávez. El término de Resorte es un acrónimo formado por el título oficial de la normativa: Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y fue aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el partido de Chávez.
Formal u oficialmente se presentó como una gran aportación para las audiencias, diseñada “para proteger a niños y promover la cultura”, pero de inmediato fue denunciada por organismos de derechos humanos y la prensa internacional como un mecanismo de censura utilizado por el gobierno para controlar contenidos críticos y silenciar a la disidencia.
Esa Ley Resorte controla todo el espectro de radio y televisión en Venezuela y tiene como objetivo controlar y regular a los prestadores de servicios audiovisuales e internet para asegurar que transmiten contenidos que “no alteren el orden democrático ni vulneren los valores de los niños”. También busca obligar a los cables operadores a presentar contenidos culturales venezolanos y difundir mensajes del gobierno.
Sin embargo, desenmascarando al lobo disfrazado de oveja, en la práctica fue otra cosa, porque otorgó al Estado facultades discrecionales para imponer multas, suspender transmisiones y retirar concesiones a medios de comunicación independientes. Desde 2007 fue la salida del aire de Radio Caracas Televisión (RCTV) por ser crítica al gobierno chavista.
Posteriormente se amplió (incluyendo reformas en 2010 y la llamada "Ley contra el Odio" en 2017) para ejercer un mayor control sobre el Internet y redes sociales. La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia de Venezuela fue aprobada en 2017.
Ésta establece penas de hasta 20 años de prisión y la censura de medios, críticos y ONG que han sido denunciados que se utiliza como un instrumento represivo para perseguir la disidencia política y limitar la libre expresión.
Los puntos sensibles de esa censura se agravaron porque el gobierno empezó con control de contenidos y la ley castigaba vagamente la emisión de mensajes que "incitaran al odio", atentaran contra la seguridad de la nación o alteraran el orden público, lo que llevó a los medios a una fuerte autocensura. Obvio que el gobierno de Venezuela utilizó la normativa para imponer multas arbitrarias y sacar del aire programas opositores.
Todo crítico y disidente fue eliminado. Desapareció la libertad de expresión a secas. Medios de comunicación que no se ajustaron a esos lineamientos les retiraron la concesión o lo clausuraron, en “beneficio del pueblo”.
Desde su promulgación, la agrupación Reporteros sin Fronteras y el Observatorio de Derechos Humanos advirtieron el grave riesgo para la libertad de expresión, de prensa y de opinión en el país, pero como gobierno autoritario ignoró todo y con la aplanadora de legisladores la impusieron.
En México se anuncia desde la Presidencia de la República una propuesta llamada ley de las audiencias, y varios opinadores, analistas, periodistas y críticos la ven con recelo y riesgo de que la pinza empiece a apretar y con argumentos “legales” acallar o desaparecer voces que cuestionan. Algunos ven que hay dedicatoria a una empresa de televisión que critica al gobierno o a una gran empresa radiofónica con programas y comentaristas que ejercen la libertad de expresión y muchas opiniones no son del agrado oficial.
Ese mismo 6 de diciembre de 2004, Hugo Chávez declaró: “medio que se ponga aquí al servicio del golpismo, al servicio de los intereses apátridas será suspendido”. En México, en plena escasez de medicamentos para niños con cáncer, el entonces subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, acusó a los padres de familia de “golpistas” por denuncias que hacían ante los medios de comunicación de esa carencia.
Asi con esos antecedentes, en México se anunció la ley de las audiencias, con la finalidad de “proteger los derechos de las audiencias”. Escribió Enrique Toussaint[1] que “no se trata si le llamamos protección del derecho de las audiencias, se trata de si aceptamos que un órgano regulador, con criterios subjetivos, tenga la última palabra”. Javier Orozco[2] sostiene que los derechos a la audiencia ya están considerados en el derecho de réplica, la protección de la vida privada de las personas precandidatas y candidatas, la promoción de programas de debate, la no discriminación e incluso de igualdad de género. El problema es que puedan aplicarse de manera amplia o subjetiva, porque termina limitando la crítica periodística legítima.
El director regional de Artículo 19 Leopoldo Maldonado[3] afirmó que “los lineamientos generales que buscan regular noticias y opiniones con el pretexto de garantizar los Derechos de las Audiencias colocan a México al lado de países autocráticos como Venezuela, Nicaragua, Cuba, Sudán, Malasia y Tailandia”
El paso es simple: formalmente no hay censura, pero si sanciones económicas de hasta el 1 por ciento de los ingresos de los medios que presionarán a las empresas a alinearse con la postura oficial, lo que terminará en autocensura para no tener problemas.
Asi empiezan con reglamentaciones subjetivas y tendenciosas en gobiernos dictatoriales, aunque el discurso sea prohibido prohibir. Pero como dice la antigua conseja: el diablo está en los detalles.
La Cámara de la Industria de Radio y Televisión en voz de su presidente José Antonio García[4] advierte que la propuesta de regulación de los derechos de las audiencias pone en riesgo a los comunicadores, ya que podrían enfrentar acoso por denuncias sin sustento. Y para Azucena Uresti[5] la “verdad” se convierte en un arma de manipulación que erosiona a la democracia y las instituciones. Y según Luis Cárdenas, columnista de El Universal, resulta curioso que esto se presente justo ahora, en el momento en que la crítica de los medios al gobierno es más ácida y dura.
Y los partidos de oposición coronaron ese debate pidiendo que los derechos de audiencia también se apliquen en la famosa mañanera, que la comunicación gubernamental se someta al escrutinio público porque “ni a Huerta se le ocurrían estas cosas, son terribles, hay que leer la historia y ver que esto sucedió en Europa comunista”.[6]
Por lo pronto, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar.
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[1] TOUSSAINT, Enrique (2026) ¿Hacia la censura?, Milenio, p. 7, Opinión, 1 de agosto de 2026.
[2] OROZCO, Javier (2026) Noticieros: vigilados y acotados, Heraldo, Finanzas, p. 19, 31 de julio de 2026
[3] HERRERA, Rolando, (2026) Alertan que México ahora se encamina hacia una autocracia, Mural, 30 de julio, Guadalajara, Jalisco.
[4] SALDAÑA, Ivette (2026) Radio y TV enfrentarían acoso sin sustento, El Universal, 30 de julio, p. A5, México
[5] URESTI, Azucena (2026) No, pero si. El Universal, p. A7, 30 de julio, México
[6] MENDOZA, Azalia y Gaspar Vela (2026) CIRT respaldó regulación: Sheinbaum, Milenio, 30 de julio, México
Con voz propia
