Ignacio García Martes, 14 de Julio del 2026
Vuelve CNDH a fallar a las víctimas de desaparición forzada en Ayotzinapa por defender al ejército.
Foro Público
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que encabeza Rosario Piedra Ibarra ha cometido una nueva pifia que ha sepultado la escasa credibilidad que le restaba a la institución. La organización que supuestamente defiende a la ciudadanía ante los abusos del Estado reivindicó a las fuerzas armadas que reencauza la versión de la “verdad histórica” que estableció el gobierno de Enrique Peña Nieto.
La última recomendación emitida por la CNDH exculpa al Ejército mexicano de cualquier responsabilidad sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014. La postura del organismo que encabeza Piedra Ibarra contradice la versión que millones de personas han establecido sobre la intervención directa de las fuerzas castrenses en los hechos violentos.
Incluso la Comisión de la Verdad, encabezada por el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Alejandro Encinas, refirió que hubo participación de elementos del Ejército mexicano para desaparecer a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ya que era imposible que los efectivos militares desconocieran lo que sucedía.
La postura de la CNDH resulta tan ridícula que además de indignación y enfado, genera burlas, pues el organismo decidió deslindar de cualquier responsabilidad al Ejército al sostener que “no formaban parte de sus facultades” y por ello se encamina en justificar más la versión que fabricó Jesús Murillo Karam sobre la desaparición de los normalistas.
La comisión acusa que la versión de la “anti verdad histórica” fue elaborada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para calificar que la desaparición de los estudiantes normalistas fue un crimen de Estado, narrativa que fue replicada por otros organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La defensoría del Ejército
Cuando los jóvenes normalistas de Ayotzinapa desaparecieron y se realizaron protestas masivas por el país, en ese momento Rosario Piedra Ibarra, que representaba el legado de su madre, Rosario Ibarra de Piedra, una de las luchadoras sociales más importantes de la segunda mitad del siglo pasado, acusó que la CNDH defendía los intereses del gobierno de Peña Nieto.
En ese momento el organismo autónomo era encabezado por Luis Raúl González Pérez, la entonces activistas afirmó que la CNDH servía a los intereses del gobierno federal y protegía a los victimarios, por lo que a su llegada a la institución cambiaría esa imagen y la convertiría en una verdadera defensoría del “pueblo”.
Sin embargo, desde que Rosario Piedra asumió la titularidad de la CNDH en noviembre de 2019, no sólo no modificó la imagen de la institución, sino que la volvió completamente sumisa, de tal forma que parecía una defensoría del gobierno federal, específicamente de todo lo que efectuaba la llamada “cuarta transformación”.
Pese a su probada incapacidad para ser ombudsperson, fue reelecta como presidenta de la CNDH por un segundo periodo en noviembre de 2024, debido a que fue una de las consentidas del ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Desde que Piedra Ibarra arribó a la institución “autónoma” se dejaron de emitir recomendaciones por violaciones a derechos humanos por parte del Ejército, el cual concentró cada vez más poder en el sexenio de López Obrador, al ser los responsables de la construcción de las mega obras del gobierno anterior.
Por ello, Piedra Ibarra, consciente de que ha perdido todo reconocimiento público, sólo le resta vivir del erario en tanto gobierne la “4T”, y por ello decidió limpiar la cara al Ejército mexicano, en una clara afrenta tanto para los padres de los 43 estudiantes normalistas como para la sociedad en general.
En el documento que publicó la CNDH cuestiona también la participación de diferentes organizaciones civiles defensoras de derechos humanos como el Centro de Derechos Humanos Miguel Augstín Pro, Serapaz, entre otros, los cuales durante años han exigido justicia sobre el caso Ayotzinapa.
También demerita la exigencia de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa de entregar los más de 800 folios del centro regional de inteligencia de Iguala, debido a que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) le entregó esos expedientes y por ello deben confiar en su validez pública.
Así, la postura de la CNDH queda enmarcada como una de las respuestas más sumisas, oficialistas y desconfiables de una institución que supuestamente nació para defender a la ciudadanía de los abusos de las instituciones públicas, pero que terminó por consolidar las narrativas gubernamentales.
De esta manera, la postura de la CNDH pretende consolidar la narrativa de la 4T que paulatinamente ha dejado de ejercer presión sobre el caso Ayotzinapa, pese a que había sido uno de los principales compromisos de campaña de López Obrador en 2018 y por lo cual la comisión de la Verdad simplemente fue un actor simulatorio para seguir instalando una narrativa que deja en las penumbras a la sociedad mexicana.
El retroceso
Durante los tiempos de la hegemonía del partido único, los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) instauraron una narrativa oficial en la opinión pública que impedía que los medios de comunicación cuestionaran tres elementos simbólicos que describían la mexicaneidad.
La prensa estaba impedida a cuestionar o referir algún aspecto crítico sobre “La Virgen de Guadalupe, el presidente de la República y el Ejército”. Esta postura casi divina que el anterior régimen colocó sobre las fuerzas armadas pretendía consolidar un sistema de gobernabilidad basado en el respeto irrestricto a las instituciones castrenses.
No obstante, durante años se han documentado los diferentes abusos y violaciones a derechos humanos que cometió el Ejército en contra de la población, entre ellos la masacre del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, el “Halconazo” en 1971, así como la política de persecución y exterminio clandestino que predominó en la llamada “guerra sucia” en la década de los setenta, principalmente contra los guerrilleros Genaro Vázquez y Lucio Cabañas.
Otros casos en los cuales el Ejército estuvo involucrado fueron los abusos cometidos en contra de los integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), así como la masacre de Acteal, Aguas Blancas, y más recientemente los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa.
La mayoría de estos casos han permanecido como manchas en la memoria histórica colectiva del país, mientras que los gobiernos se han empeñado en proteger a las instituciones castrenses que ensalzan los valores nacionales.
Por ello, la postura de la CNDH resulta obscena para los familiares de las víctimas que tenían una mínima esperanza de que pudiesen ser defendidas de los abusos cometidos por el Ejército en el caso Ayotzinapa.
También queda claro que la CNDH ha dejado de simular, pues aunque históricamente se había caracterizado por su tibieza en los asuntos públicos, en la actualidad es un agravio lo que realiza en la gestión de Rosario Piedra Ibarra, quien ha dejado de ser considerada como una interlocutora válida para los familiares de las víctimas y de las propias organizaciones defensoras de derechos humanos.
La postura de la CNDH le ha ganado quizás un aplauso en Palenque, pero un repudio nacional. Incluso la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha tenido que rechazar públicamente la injerencia en la recomendación emitida por el organismo público, aunque evidentemente tenía el aval de Palacio Nacional para su publicación.
Por otro lado, fiel a su estilo, Rosario Piedra decidió lanzar la bomba en el absoluto ostracismo con escasa publicidad para evitar ser vista por la prensa, pero ante el escrutinio público ha optado por escabullirse de cualquier cuestionamiento sobre su actuar.