Hazael Sayavedra Jueves, 01 de Octubre del 2026
Lameiro comparte sociedad con los Torres y Marina del Pilar en Vida Orgánica, mientras El Copeo permanece ligado al perímetro de desapariciones.
Por Hazael Sayavedra
El Tesoro no sancionó a un apodo. Sancionó a Juan José Ponce Félix, también conocido como Jesús Alexandro Sánchez Félix. “El Ruso” es la marca. Félix es el expediente. Quien siga escribiendo el alias como si fuera un nombre suelto está borrando el dato que Los Ángeles Press documentó desde 2023 y 2025: el jefe de Los Rusos en Mexicali y el Valle se apellida Félix.
El 29 de septiembre de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 21 personas y 25 empresas. En esa lista hay kombucha, casa de cambio, hotel, concierto y gasolinera. El titular del mercado orgánico es cebo. El patrón está en Mexicali. Una designación de OFAC no es sentencia penal mexicana. Congela activos bajo jurisdicción estadounidense y deja un mapa. Esta casa editorial venía dibujando ese mapa antes de que Washington pusiera el sello.
El socio del Copeo y el acta que sí existe
Juan Manuel Lameiro Camacho es el dueño mayoritario de El Copeo, el bar de Mexicali que Radar BC documentó en 2023: horario hasta las cinco, multa tardía, visitas que no eran turismo. Lameiro no es un extra. Es socio, con acta constitutiva, de Vida Orgánica Tijuana, la empresa de jugos y kombucha que OFAC bloqueó esta semana. En esa constitución coinciden Marina del Pilar Ávila Olmeda, Carlos Alberto Torres Torres, Luis Alfonso Torres Torres y los hermanos Lameiro.
En abril de 2023, cuando El Copeo ya había sido inspeccionado en medio de la crisis de desaparecidos, la gobernadora negó ser socia del bar: dijo que había ido “una vez a bailar” y que su sociedad con Lameiro era el mercadito de Tijuana. Carlos Torres reconoció la asociación mercantil con el empresario. Una cosa es afirmar partes sociales dentro de El Copeo: eso ella lo negó y esta columna no lo da por inscrito. Otra es el círculo que sí está en registro: el dueño del antro y los Torres-Ávila son socios de la misma empresa que el Tesoro acaba de designar.
Los Ángeles Press lo puso en mapa el 25 de abril de 2023, en Desaparecidos en bares de Mexicali pone focos rojos al gobierno de Marina del Pilar Ávila: jóvenes vistos por última vez en la zona; Shots de un lado, Copeo de Lameiro al centro, Cavally del otro. Un triángulo escaleno. Las madres le pusieron nombre: Triángulo de las Bermudas.
Ese círculo no se diluye porque el giro cambie de ciudad. Luis Torres aparece ligado, según OFAC, a The Woods Bar, también designada. Mismos apellidos. Otra factura. Misma red societaria atribuida por Washington.
Lo que esta redacción escribió sobre Mendívil
El 13 de julio de 2026, en La hebra más delgada del poder de Marina del Pilar, documenté la acusación que ya constaba ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO): un pago de 150 mil dólares mensuales de Pedro Ariel Mendívil García a Carlos Torres a cambio de permitir la operación de Los Rusos. El 29 de julio, en Las cartas que Pedro Mendívil guarda para negociar, volví al mismo hombre el día de su detención: el expediente Shots no era un caso de bar. Era la frontera entre la policía municipal y el crimen organizado. El 30 de julio, en Norma Bustamante: la jefa de Mendívil a quien nadie hace responsable, el patrón quedó escrito: se castiga al empleado visible, se deja indemne al dueño, y la cadena de mando municipal se evapora.
Esa misma semana, Los Ángeles Press reportó la audiencia. Cuatro policías municipales describieron, en entrevistas ministeriales leídas por la Fiscalía, una ruta de dinero que partía de “El 89” y subía por la cadena hasta Mendívil. La hipótesis del Ministerio Público: jóvenes salían de La Terraza del Shots, agentes municipales los interceptaban, Los Rusos los recibían. José Ricardo Vindiola Domínguez y Cristian Alejandro García Mora, residentes en Estados Unidos, desaparecieron el 3 de enero de 2023 después de salir de ese bar. David Alfonso Melecio Rodríguez, Jesús Manuel Bramasco Hernández y Mauricio Verdugo Fragozo habían desaparecido en la misma cuadra el 8 de abril de 2023. Kevin Moreno, guardia del propio Shots, ya no volvió en 2022.
El 3 de agosto de 2026, el juez Fernando Serrano no vinculó a proceso a Mendívil ni a Luis Alfonso Jacobo: sostuvo que la Fiscalía no presentó datos de prueba suficientes contra ellos, aunque sí procesó a tres agentes. Guadalupe Lizárraga lo desmenuzó en esta casa: testimonios recabados años después, referencias de terceros, carpeta con costuras. Mendívil salió. El caso de los jóvenes no salió. Ni las familias. Ni Shots. Ni el triángulo.
Cincuenta y siete días después, el Tesoro designa al mismo Mendívil y a Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, S. de R.L. de C.V., estación que reportes periodísticos ubican en avenida Misión de San Diego 3499, colonia Hacienda Dorada, Mexicali. OFAC no cita el fallo del juez de Mexicali. Describe otra tubería: sobornos de Juan José Ponce Félix para facilitar el control policial, y pagos mensuales que —según el comunicado del Tesoro— fluían hacia Carlos Torres, con Luis Torres como receptor y presunto lavador a través de empresas y campañas. El 29 de septiembre, en Tesoro sanciona a los Torres, investigados en Los Ángeles Press, anoté la coincidencia con la denuncia ante FEMDO del 11 de junio de 2025. Ignoramos si Washington y la carpeta mexicana beben de la misma fuente. La mecánica, descrita dos veces, ya no es rumor de pasillo.
Lo que el organigrama sugiere —y lo que no prueba
OFAC no dice que Mendívil sea el dueño real del combustible. Dice que la gasolinera está a su nombre o bajo su control, y que el dinero que describe subía hacia los Torres. Esa geometría admite una lectura. No la convierte en acta.
La lectura es ésta: si Carlos y Luis Torres aparecen mencionados en indagatorias de huachicol fiscal —el aseguramiento de El Sauzal, en marzo de 2025; testimonios recabados por FEMDO; el citatorio de la FGR de noviembre de 2025 por operaciones con recursos de procedencia ilícita— y al mismo tiempo no figuran como permisionarios de esa estación, alguien tiene que aparecer en el RFC de la bomba. En el paquete del 29 de septiembre, ese alguien es Mendívil.
No hay documento público que lo declare prestanombres ni testaferro de los Torres. Hay un patrón de perfiles. El político rara vez pone el nombre en el permiso de la Comisión Reguladora de Energía. Quien sí aparece suele ser un operador con cargo, con acceso a volumen diario y con una razón social que parece de empresario menor. Un exdirector de Seguridad Pública de Mexicali no es un perfil cualquiera para figurar al frente de un grupo gasolinero. Es el perfil que, en otros expedientes de hidrocarburos, cumple la función de frente. El expediente de Baja California todavía no lo escribe con esa palabra. Esta columna tampoco lo sentencia: lo plantea como hipótesis de trabajo, porque el flujo que describe OFAC —estación de Mendívil, pagos hacia Torres, hermano que lava— repite la gramática con la que, en otros expedientes de hidrocarburos, se investiga al testaferro.
Luis Torres no es decorado. Fue administrador de la Aduana de Tijuana. El huachicol fiscal de esta frontera no se entiende sin alguien que sepa cómo se declara un hidrocarburo como aceite, desecho o aditivo para no pagar IEPS. Zeta documentó que, en la carpeta del predio de El Sauzal —cerca de ocho millones de litros, inmueble ligado al exsenador Gerardo Novelo—, un testigo menciona a los hermanos Torres en la internación de combustible desde Texas. Eso no es sentencia. Es un eslabón: aduana, predio, pipa, estación.
No existe, al cierre de esta edición, una condena mexicana que acredite huachicol contra Carlos o Luis Torres. Existen carpetas, menciones testimoniales, un citatorio federal y, ahora, una designación de OFAC. Cada uno de esos instrumentos pesa distinto. Ninguno sobra. Ninguno reemplaza a un juez.
La pregunta que sí cabe, con lo publicado, no es si Mendívil “también vendía gasolina”. Es para quién resulta útil una estación a nombre del exmando cuando el Tesoro describe pagos de ese mismo exmando hacia los Torres.
El club del combustible —analogía, no identidad de redes
¿Quiénes son, en México, los dueños de las bombas que venden gasolina?
No son, por regla, perfiles de mostrador. Son gente del entorno del poder: permiso de la CRE, crédito de un comercializador, predio en avenida, pipas, y un abogado que sepa separar el nombre político del RFC operativo. Eso no es el mercado de la esquina. Es un club.
Baja California lo ilustra sin forzar una sola carpeta. El predio de El Sauzal no era de un despachador: estaba a nombre de un exsenador. La red de Ingemar —permisos de importación de cientos de millones de litros— arrastró a un exgobernador, Ernesto Ruffo, y a socios portuarios. En el mismo paquete OFAC de esta semana aparece otra firma de hidrocarburos: Xolo Gas de Baja California, atribuida a Jerónimo Vera Ayala. No son la misma causa penal que Grupo Gasolinero Nueva Esperanza. Son la misma clase de socio: el combustible en esta frontera no se hereda en la bomba de la colonia. Se hereda en el despacho.
Por eso la estación atribuida a Mendívil no es un detalle pintoresco junto a la kombucha. Es la caja donde un hidrocarburo irregular puede dejar de ser contrabando y volverse ticket. El diésel que entra mal declarado necesita una bomba que lo venda bien. El soborno que OFAC describe necesita un negocio con flujo diario para mezclarse. La gasolinera, en esa hipótesis, cumple las dos funciones: salida del producto y mezcla del efectivo.
Llamémoslo por su nombre de mesa privada, como analogía y no como organigrama único: un club cerrado del combustible. Políticos que no siempre aparecen en el tótem de la estación. Operadores que sí aparecen. Aduanas que conocen el pedimento. Un exmando policial cuya empresa el Tesoro clavó en la misma acción que a los Torres. No hace falta inventar el cruce societario. Falta dejar de leerlo como coincidencia geográfica.
El huachicol fiscal no taladra el ducto. Falsea el arancel. Quien conoce la aduana, el permiso y la estación no necesita manguera clandestina: necesita una factura, un tanque y una gasolinera que reciba el producto. OFAC no retrató a Carlos Torres como despachador ni como permisionario de Nueva Esperanza. Lo describió como operador político aliado de Ponce Félix. Al lado, en el mismo comunicado, puso la estación de Mendívil. Esa cercanía, en cualquier otro expediente de hidrocarburos, se investiga como posible testaferro. Aquí se investiga. No se da por sentenciada.
El apellido Félix
Los Ángeles Press identificó a Juan José Ponce Félix —también Jesús Alexandro Sánchez Félix y Miguel Ángel Gaxiola Quintero— como el operador de Los Rusos entre el Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado. DEA y FBI lo tienen con recompensa de cinco millones de dólares. En el Cavally, contiguo al Copeo, fue visto salir ebrio Alexis Mendoza Guillén, “El Plaga”, señalado como su mano derecha. El fiscal de 2023 admitió que el triángulo era frecuentado por el crimen organizado. No se atrevió a ponerle cártel. El Tesoro, esta semana, sí le puso nombre.
Lo que Marina puede negar
Marina del Pilar Ávila Olmeda no está en la lista OFAC. El gobierno estatal precisó que está legalmente divorciada de Carlos Torres y ordenó a Oficialía Mayor revisar si las empresas designadas contrataron con el Estado. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que una sanción estadounidense no abre, por sí sola, una investigación penal mexicana contra la gobernadora.
Queda el calendario societario, que no es delito y sí es dato. Vida Orgánica se constituyó en noviembre de 2020, cuando ella era alcaldesa de Mexicali. Una asamblea de abril de 2023 —los días del Copeo y de los desaparecidos— aprobó la cesión de partes sociales. El Registro Público de Comercio de Tijuana anotó la rectificación el 10 de septiembre de 2026. Diecinueve días después, Washington bloqueó la empresa. El gobierno atribuyó el desfase a un “error involuntario” notarial. El error puede ser cierto. El patrón documental no se borra porque un fedatario se haya tardado tres años.
El patrón, otra vez
Uno. El dueño de El Copeo, Juan Manuel Lameiro, es socio documentado de Marina del Pilar y de los hermanos Torres en Vida Orgánica, hoy designada por OFAC.
Dos. Ese bar está en el perímetro que Los Ángeles Press mapeó en 2023 como Triángulo de las Bermudas, donde las familias dejaron de encontrar a sus hijos.
Tres. Mendívil —el exjefe de policía cuya detención, audiencia y no vinculación esta redacción cubrió en julio y agosto— es el mismo hombre al que OFAC atribuye la gasolinera y una correa de pagos con Los Rusos de Ponce Félix.
Cuatro. Los Torres ya figuraban en indagatorias de huachicol fiscal cuando el Tesoro describió pagos mensuales. La estación no está a su nombre en el comunicado estadounidense. Está atribuida a Mendívil. Esa distancia en el RFC es, precisamente, lo que hay que seguir investigando.
Cinco. Quien aparece como dueño de una bomba en esta frontera rara vez es un perfil cualquiera. Suele ser gente del entorno del poder. El club del combustible no se reúne en un sótano. Se reúne en la isla de bombas.
Seis. El Ruso no se llama de otra manera en el expediente que importa. Se apellida Félix.
Washington no descubrió Mexicali el martes. Puso firma federal sobre un mapa que las madres, las actas y esta redacción ya tenían dibujado. El jugo verde era la tapadera. El patrón —el que sí se puede escribir hoy sin adelantar condena— es el diésel, la policía y la cuadra donde los jóvenes entraban al bar y no volvían.