Hazael Sayavedra Miércoles, 30 de Septiembre del 2026, 00:47
El Departamento del Tesoro sancionó a los hermanos Torres y empresas vinculadas, documentando operaciones financieras relacionadas con el crimen organizado.
Por Hazael Sayavedra
Este martes, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos hizo públicos, con sanciones financieras, señalamientos contra Carlos Alberto Torres Torres y su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, que coinciden con las líneas que esta casa editorial venía documentando desde 2025. La acción incluye a 21 personas y 25 empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa.
Precisión de fuente
Varios medios atribuyen la medida al Departamento de Estado. Conviene ser exactos: la designación fue emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros —OFAC—, dependencia del Departamento del Tesoro. El Departamento de Estado interviene en otro plano: según el propio comunicado del Tesoro, le revocó la visa a Carlos Torres en mayo de 2025 por su presunta afiliación y trabajo en favor del Cártel de Sinaloa. Son dos decisiones distintas, con la misma dirección.
Lo que sostiene el documento estadounidense
Carlos Torres es descrito como “operador político ligado al cártel”, aliado de “El Ruso”, a quien el Tesoro ubica como dirigente de una célula en Baja California.
Habría recibido pagos mensuales de Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, para permitir que el cártel operara con relativa impunidad.
Luis Alfonso Torres habría sido el encargado de recibir esos sobornos y de lavar los fondos mediante empresas y campañas políticas. La OFAC sancionó además a cinco empresas ligadas a él, entre ellas un bar y un restaurante.
La Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera —UIF— bloquearon las cuentas de los sancionados en el sistema financiero mexicano.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda es identificada como exesposa de Torres, pero no figura entre los 21 sancionados.
Lo que Los Ángeles Press ya había documentado
19 de noviembre de 2025. Publicamos que la Fiscalía General de la República —FGR— emitió al menos cuatro oficios con fechas del 29 y 30 de octubre de 2025, en los que cita como imputados a Carlos Alberto Torres Torres, Luis Alfonso Torres Torres, Ismael Burgueño Ruiz y Fernando Rafael Salgado Chávez, por lavado de dinero y operaciones ilícitas. La edición en inglés precisó que los documentos provienen de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada —FEMDO— y que corroboraban líneas de investigación documentadas durante seis meses. Ese mismo día, Proceso reportó el citatorio de la FGR a Torres y una carpeta abierta el 26 de marzo de 2025 por lavado de dinero y tráfico de combustible.
3 de febrero de 2026. En esta columna señalamos que la FGR investigaba a Carlos Torres por presuntos lazos con el crimen organizado, tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero, y que a la gobernadora y a su entonces esposo les habían retirado la visa estadounidense desde 2025.
20 de abril de 2026. Documentamos que una sentencia civil por daño moral, expediente 14790/2025 del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, fue usada mediáticamente como si fuera una exoneración penal, cuando las imputaciones de la FGR seguían abiertas.
28 de junio y julio de 2026. Analizamos que la gobernadora confirmó su divorcio el 8 de octubre de 2025, cinco meses exactos después de la revocación de visas, y que Carlos Torres era la pieza con mayor probabilidad de ser la primera sacrificada, con una investigación en curso contra él y contra su hermano por presunto narcotráfico y lavado de dinero. En ese mismo texto aclaramos que no existía un vínculo operativo probado entre Torres y Adán Augusto López.
Lo que Carlos Torres responde
Torres negó “absoluta y rotundamente” cualquier relación con actividades criminales y anunció gestiones ante la OFAC. Afirmó que la única empresa mencionada de la que es accionista es Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V., con 30 % de participación, y que los señalamientos nacieron de denuncias anónimas ante la FGR en 2025, sin que haya sido citado a comparecer.
Lectura analítica
Juicio 1 (confianza alta). El caso deja de depender de filtraciones y denuncias anónimas: ahora existe un documento oficial de una autoridad extranjera que nombra a los hermanos Torres, describe funciones y sanciona empresas.
Juicio 2 (confianza media). La denuncia ante la FEMDO del 11 de junio de 2025 hablaba de 150 mil dólares mensuales de Mendívil a Torres y ubicaba a Luis Alfonso como operador de los fondos. El Tesoro describe una mecánica equivalente. Ignoramos si se trata de fuentes independientes; la coincidencia, por sí sola, no lo demuestra.
Juicio 3 (confianza media). Existe una discrepancia sin resolver: Torres dice que ninguna autoridad lo ha citado, mientras Los Ángeles Press reportó un citatorio de la FGR en noviembre de 2025 y nosotros publicamos los oficios. La FGR debe aclarar el estatus procesal.
Límite del juicio. Una designación de la OFAC es una medida administrativa; no es una sentencia. Rige la presunción de inocencia, y así debe leerse todo lo aquí expuesto: como señalamientos de autoridad, no como hechos judicialmente probados.
Estados Unidos actúa, México administra el daño
Hay una asimetría que esta columna no puede pasar por alto: mientras el gobierno estadounidense toma acciones concretas y documentadas —sanciones del Tesoro, revocación de visas, bloqueo de activos—, la respuesta del gobierno mexicano se ha limitado, hasta ahora, a la negación y al control de daños. No hay una agenda compartida entre ambos gobiernos, y esa diferencia de fondo es la que explica por qué la verdad avanza desde fuera mientras adentro se administra el silencio.
Esa negación, sostenida frente a hechos cada vez más difíciles de rebatir, es en sí misma un síntoma del deterioro de este gobierno: ante lo innegable, lo ineludible y lo inevitable, se opta por seguir intentando engañar a la población de Baja California en lugar de esclarecer los hechos. Es un elemento que esta columna deja planteado para el próximo ciclo electoral, al momento de que la ciudadanía elija a sus gobernantes: entre las verdades documentadas y las narrativas de negación.
La gobernadora de cara a 2027
Marina del Pilar no está sancionada, pero el expediente Torres Torres se activa a menos de un año del arranque del proceso electoral de 2027 en Baja California. La secuencia hasta ahora —revocación de visa, divorcio, citatorios de la FGR y ahora una designación del Tesoro— coloca el entorno más cercano a la gobernadora, no a ella, en el centro de la presión, en un momento en que su continuidad política y la de Morena en el estado están en juego.
En ese contexto, esta columna sostiene, como hipótesis de análisis y no como hecho consumado, que no se descartan detenciones inminentes dentro de este círculo antes de la elección de 2027. La lógica: sancionar primero por la vía financiera y dejar abierta la vía penal como palanca de presión política es un patrón ya documentado en esta casa editorial con otros actores del mismo entorno.
Indicadores a vigilar
- Si la FGR formaliza una carpeta pública o solicita órdenes judiciales contra los hermanos Torres Torres.
- El resultado de las gestiones anunciadas por Torres ante la OFAC y el alcance de los bloqueos de la UIF.
- Posibles movimientos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos —DOJ— en paralelo a la vía financiera.
- La postura de la gobernadora, que no está sancionada, frente a un entorno cada vez más cercano, de cara al proceso electoral de 2027.
- Posibles detenciones dentro de este círculo en los meses previos a la elección de 2027.
