Alberto Farfán Lunes, 12 de Octubre del 2026
Madres buscadoras, por cuenta propia, sostienen búsquedas que corresponden al Estado, en medio de burocracia, omisiones y respuestas institucionales insuficientes.
Por Alberto Farfán
En un contexto en el cual la violencia derivada del crimen organizado que se incrementa y fortalece día con día, a la par de la que ejercen algunos políticos corruptos —aunque Claudia Sheinbaum diga lo contrario—, las madres buscadoras de sus seres queridos se enfrentan ellas solas al clima atroz de la impunidad.
En el documento fechado el 30 de septiembre del año en curso, los especialistas que investigaron lo que ocurre en México le recordaron al poder Ejecutivo que su deber es “prevenir, proteger, investigar, sancionar y reparar a las víctimas del delito, que incluye la protección de personas defensoras de derechos humanos”.
Además de señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había indicado sobre el reforzamiento de la protección para quienes defienden los derechos humanos, con la observación de los riesgos que enfrentan en México las mujeres que luchan contra la colusión de autoridades y delincuentes.
En última instancia, es el Estado el que debe de realizar las búsquedas con todo rigor y brindar el resguardo que sea necesario a todas aquellas madres que se encuentren en esta situación, eliminando toda impunidad. De otro modo, estaría faltando a sus compromisos internacionales a favor de los derechos humanos.
Posterior a esta advertencia al gobierno de México, la ONU aprobó la designación del 19 de diciembre como el Día Internacional en Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas. Lo cual me parece correcto. Pero también sería relevante que este día llamaran a cuentas a los países con altos índices de casos para conocer las razones por las cuales actúan como Estados fallidos frente a sus obligaciones.
Pero, entre paréntesis, recordemos lo aseverado por Sheinbaum con relación a esta materia. En su momento, la primer mandataria en plena conferencia de prensa ante la pregunta expresa de que cuándo se reuniría con los colectivos de buscadoras, hizo un comentario que dejó mucho que desear, o simplemente la traicionó el subconsciente dibujándola como realmente es. Dijo que sí se reúne pero en lo individual, persona por persona, sin decirlo abiertamente porque “no me gusta hacer propaganda”.
Con relación al documento de la ONU tanto la Secretaría de Gobernación (Segob) como la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) primero descalificaron a los autores del texto, diciendo que tan sólo eran simples relatores especiales o expertos independientes, y que no era la posición oficial de la ONU. Y aunque así es, eso no demerita lo expuesto. En segundo lugar, indicaron que “no existe un patrón estatal o recurrente de tales desapariciones y aseguran que cada caso se trata con la debida diligencia”. Esto es, que desafortunadamente todo seguirá igual.
La burocracia, la indolencia, la negación, la violencia implícita, la complicidad y, primordialmente, la falta a todas luces enceguecedora de la sororidad y solidaridad de este régimen dudo que se reviertan. Al contrario, un gobierno que se denomina feminista, como así lo ha dicho en diversas ocasiones Claudia Sheinbaum por boca propia, y cuyos resultados sólo muestran que fue propaganda, al más viejo estilo de la demagogia del Partido Revolucionario Institucional, difícilmente ofrecerá resultados distintos. Y lo peor del caso es que continuarán las desapariciones forzadas y los asesinatos de madres buscadoras en todo el país.
Y para muestra sólo un botón del documento de la ONU: «Los recientes ataques en Sinaloa ponen de relieve los graves riesgos a los que se enfrentan las mujeres que buscan a personas desaparecidas. En un lapso de 72 horas, el 29 de agosto de 2026, se denunció la desaparición de Elisa Altagracia Bonilla, defensora de los derechos humanos y activista en favor de las personas desaparecidas. Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo “Voces Unidas por la Vida”, fue agredida ese mismo día junto con su hija y dos menores. El 1 de septiembre, miembros del colectivo “Corazones Unidos por una Misma Causa” fueron arrollados por un vehículo durante una manifestación pacífica en Mazatlán. El colectivo ha sido objeto de ataques en repetidas ocasiones: en 2026, su miembro Rubí Gómez-Tagle fue asesinada, mientras que María de los Ángeles Valenzuela desapareció en octubre de 2025».