Daniel Lee Sábado, 05 de Septiembre del 2026
La doble nacionalidad podría convertirse en impedimento para que mexicanos aspiren a cargos ejecutivos, pese a ser un derecho reconocido desde 1997.
Por Daniel Lee
La propuesta del Gobierno federal para prohibir que mexicanos con doble nacionalidad puedan ocupar la Presidencia de la República o una gubernatura abrió un nuevo frente político y jurídico: constitucionalistas y organizaciones de mexicanos en el exterior advierten que la reforma podría crear ciudadanos de primera y de segunda y dar marcha atrás a derechos reconocidos hace casi tres décadas.
La iniciativa, enviada a la Cámara de Diputados, pretende modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para obligar a quienes aspiren a esos cargos a renunciar a cualquier otra nacionalidad antes de solicitar su registro. El argumento oficial apunta a proteger la soberanía y evitar posibles conflictos de lealtad, pero la propuesta ya enfrenta una pregunta incómoda: ¿tener dos nacionalidades convierte a un mexicano en menos mexicano?
¿Desde cuándo tener dos nacionalidades equivale a tener dos lealtades?
México ya respondió esa pregunta hace casi 30 años. La reforma constitucional publicada el 20 de marzo de 1997 estableció el principio de no pérdida de la nacionalidad mexicana por nacimiento cuando una persona adquiriera otra. No fue un accidente legislativo. Fue una respuesta a la realidad de millones de mexicanos que emigraron y necesitaban integrarse plenamente a las sociedades donde vivían sin ser obligados a romper jurídicamente con su país de origen.
Ahora se pretende abrir nuevamente aquella puerta, pero en sentido contrario.
Y el mensaje es preocupante: puedes ser suficientemente mexicano para votar, para participar en la vida pública, para defender los intereses de México desde el extranjero y para mantener tu nacionalidad, pero quizá no seas suficientemente mexicano para aspirar a gobernar.
Un hijo de mexicanos nacido en Estados Unidos, por ejemplo, no decidió venir al mundo con dos nacionalidades. Un menor nacido en otro país tampoco solicitó el segundo pasaporte como una declaración de deslealtad. Simplemente nació bajo un sistema jurídico que le reconoció una nacionalidad adicional.
Convertir esa circunstancia en un obstáculo político es jurídicamente cuestionable y políticamente regresivo.
Tener otra nacionalidad no significa trabajar para otro gobierno. No significa recibir órdenes de otra potencia. No significa renunciar a México. Y mucho menos demuestra, por sí mismo, un conflicto de intereses.
La respuesta debe estar en mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, control de conflictos de interés, fiscalización del financiamiento político y aplicación estricta de la ley. No en sospechar de millones de ciudadanos por el lugar donde nacieron o por la nacionalidad que poseen.
La soberanía no se fortalece discriminando ciudadanos. Se fortalece teniendo instituciones capaces de impedir que cualquier gobierno extranjero interfiera en las decisiones nacionales.
El debate, además, llega en un momento particularmente delicado. México tiene una comunidad de millones de personas al otro lado de sus fronteras que envía recursos, participa políticamente, mantiene vínculos familiares, conserva tradiciones y, cada vez más, reclama representación efectiva. En lugar de cerrarles puertas, el país debería preguntarse cómo aprovechar esa enorme reserva de talento, experiencia y compromiso.
La iniciativa corre el riesgo de hacer exactamente lo contrario.
Y hay una pregunta que el Congreso debería hacerse antes de tocar la Constitución: ¿qué problema concreto está resolviendo?
Porque si el objetivo es impedir que un presidente o gobernador responda a intereses extranjeros, existen mecanismos jurídicos para hacerlo. Si el objetivo es proteger la seguridad nacional, existen controles. Si se busca evitar conflictos de interés, pueden establecerse reglas de transparencia y rendición de cuentas.
Pero si la respuesta es que alguien debe demostrar su "lealtad" renunciando a una nacionalidad, entonces el problema ya no es la seguridad nacional. El problema es la concepción de ciudadanía que se pretende imponer.
México necesita construir un Estado más incluyente, no uno que vuelva a medir la mexicanidad con reglas de exclusión. Necesita incorporar a sus comunidades en el exterior, no levantar nuevas barreras contra ellas. Necesita confiar en sus ciudadanos y perseguir conductas indebidas, no convertir una condición jurídica legítima en una presunción de deslealtad.
La doble nacionalidad no es doble patriotismo.
Y un pasaporte extranjero tampoco borra la historia, la familia, la cultura ni los vínculos con México.
El Congreso todavía está a tiempo de corregir el rumbo. Porque una cosa es blindar la soberanía y otra muy distinta es poner a millones de mexicanos en el banquillo de los sospechosos por el simple hecho de tener dos nacionalidades.
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