Daniel Lee Lunes, 07 de Septiembre del 2026
La revisión de visas y el aumento de deportaciones extienden el impacto migratorio a familias, trabajadores, estudiantes y profesionistas mexicanos.
Por Daniel Lee
Estados Unidos está convirtiendo la migración en un instrumento de presión política, económica y diplomática, mientras México corre el riesgo de limitarse a administrar las consecuencias.
Así es, Estados Unidos ya no se conforma con cerrar la frontera. Ahora pretende que México ayude a cerrarla desde este lado.
La petición de Washington para que el gobierno mexicano endurezca todavía más el control sobre sus ciudadanos que buscan llegar al norte confirma que la política migratoria dejó de ser únicamente un asunto de seguridad fronteriza. Se ha convertido en una herramienta de presión que alcanza visas, empleos, familias, universidades, empresas y hasta la relación de México con sus propios ciudadanos.
Y aquí el dato: después de dos años de reducción en los flujos migratorios, en julio la Patrulla Fronteriza registró alrededor de 9 mil 200 detenciones, el doble que en el mismo mes del año anterior. La respuesta estadounidense no fue preguntarse por las causas de ese repunte, sino apretar nuevamente el cerrojo.
Y ahí está el problema.
Porque una cosa es combatir la migración irregular y otra muy distinta es construir una política que trate cualquier intento de migrar como una amenaza.
La decisión de revisar o revocar hasta 200 mil visas de negocios y turismo de personas que posteriormente solicitaron asilo es especialmente preocupante. No se trata necesariamente de personas que hayan ingresado ilegalmente. Entraron con documentos expedidos por el propio gobierno estadounidense y, posteriormente, utilizaron mecanismos previstos por la legislación para solicitar otro estatus.
Estados Unidos está comenzando a utilizar las visas no solamente para regular quién entra, sino para castigar determinadas decisiones migratorias.
Eso cambia las reglas del juego.
También revela una contradicción difícil de ocultar. Washington necesita trabajadores extranjeros, pero políticamente busca reducir la migración. Necesita mano de obra mexicana en la agricultura, la construcción, los servicios, la hotelería y el procesamiento de alimentos, pero al mismo tiempo levanta muros, multiplica las deportaciones y endurece las condiciones de entrada.
La economía comienza a pagar la factura de esa contradicción.
La reducción de la migración neta ya está provocando una contracción de la fuerza laboral estadounidense, con efectos particularmente visibles en sectores que dependen de trabajadores nacidos en el extranjero. El problema no es ideológico: es económico. Si faltan trabajadores, aumentan los costos, se quedan vacantes sin cubrir y se deteriora la capacidad productiva.
Pero hay un costo todavía más estratégico: hacer de Estados Unidos un país menos atractivo para estudiantes, científicos, profesionistas y trabajadores altamente especializados. Una nación que pretende competir globalmente mientras transmite al mundo que la movilidad internacional es sospechosa corre el riesgo de expulsar precisamente al talento que necesita para sostener su liderazgo.
El muro, por tanto, no es solamente de acero.
También es burocrático, tecnológico, judicial y psicológico.
Mientras miles de millones de dólares se destinan a infraestructura fronteriza, cámaras, sensores y vigilancia, las operaciones de ICE se desplazan cada vez más hacia el interior del territorio estadounidense. Ya no se trata exclusivamente de detener a quienes acaban de cruzar. El objetivo alcanza a personas que llevan años o incluso décadas viviendo en Estados Unidos, formando familias, trabajando y contribuyendo a su economía.
Y México no puede mirar este proceso como si fuera un asunto exclusivamente interno de su vecino.
Hay mexicanos detenidos, deportados, separados de sus familias y, en los casos más graves, muertos durante operaciones migratorias. Hay además problemas diplomáticos derivados de deportaciones hacia terceros países y una creciente utilización de mecanismos administrativos para dificultar la permanencia de extranjeros.
Frente a esto, México necesita abandonar la política de reacción.
Seamos claros: No basta con expresar preocupación, presentar notas diplomáticas o anunciar que se dará seguimiento jurídico a los casos. Tampoco basta con aceptar que Estados Unidos tiene la facultad soberana de decidir quién entra a su territorio. Esa facultad existe, pero no es absoluta ni puede convertirse en patente de corso para vulnerar derechos.
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