Morena encargó a Adán Augusto la operación electoral de seis estados, mientras promete excluir aspirantes con vínculos criminales rumbo a 2027.
Los Ángeles Press
CIUDAD DE MÉXICO.— Morena colocó al senador Adán Augusto López Hernández dentro de la estructura que operará el proceso electoral de 2027, al mismo tiempo que su dirigencia nacional promete excluir de las candidaturas a cualquier aspirante con antecedentes cuestionables o posibles vínculos con la delincuencia organizada.
La decisión adquiere relevancia por el entorno político del exsecretario de Gobernación. Hernán Bermúdez Requena, a quien López Hernández nombró secretario de Seguridad Pública de Tabasco en diciembre de 2019 cuando era gobernador, permanece recluido en el penal federal del Altiplano y enfrenta procesos penales por asociación delictuosa, secuestro, extorsión, desaparición forzada y peculado. Las autoridades lo identifican como presunto dirigente de La Barredora, organización criminal vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
López Hernández fue designado coordinador político de Morena en la cuarta circunscripción electoral, integrada por Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. El nombramiento fue confirmado en agosto por la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes.
La incorporación del senador a la operación electoral ocurre después de que Montiel endureciera públicamente el discurso sobre los perfiles que Morena permitirá competir en 2027.
El 30 de agosto, ante diputados federales del partido, la dirigente afirmó que Morena impediría el acceso a candidaturas de personas con “vínculos inconfesables”, cuentas pendientes o un pasado cuestionable, incluso cuando resultaran ganadoras en las encuestas internas.
“Jamás vamos a aceptar a alguien que tenga cuentas pendientes”, declaró Montiel, quien sostuvo que esos perfiles representan un riesgo para la viabilidad del movimiento. Meses antes había anunciado que Morena solicitaría incluso apoyo del Gabinete de Seguridad federal, la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional Electoral para revisar los antecedentes de sus aspirantes.
Adán Augusto dentro del filtro electoral
Una publicación de Unomásuno de este lunes 7 de septiembre señala que legisladores y fuentes internas de Morena cuestionan precisamente esa contradicción: uno de los dirigentes encargados de operar territorialmente el proceso electoral carga con los efectos políticos de uno de los casos criminales de mayor impacto dentro de un gobierno morenista.
El periódico sostiene que los coordinadores de las cinco circunscripciones reciben aspirantes y participan en la construcción de acuerdos, respaldos y vetos antes de que los nombres lleguen a las instancias nacionales del partido.
De acuerdo con información atribuida a fuentes partidistas, Ricardo Monreal opera la primera circunscripción; Alejandro Peña, la segunda; Sergio Salomón Céspedes, la tercera; Adán Augusto López, la cuarta, y Sergio Gutiérrez Luna participa en la quinta, aunque esta última designación no había sido formalizada públicamente. Los coordinadores pueden impulsar o bloquear perfiles, aunque la decisión final sobre una gubernatura no depende exclusivamente de ellos.
La dirigencia de Morena ha ofrecido una interpretación más limitada de esas funciones. En Hidalgo, el presidente estatal del partido, Marco Rico, aseguró que Adán Augusto López no tendrá facultades para determinar candidaturas y que las definiciones continuarán dependiendo de las encuestas.
Ese matiz resulta relevante: hasta ahora no existe evidencia pública de que Adán Augusto López tenga personalmente la facultad formal de eliminar candidatos por presuntos vínculos criminales. Su posición, sin embargo, lo coloca dentro de la estructura política que recibirá, negociará y procesará aspiraciones rumbo a las elecciones de 2027.
El antecedente de La Barredora
La controversia sobre López Hernández se intensificó después de la captura de Bermúdez Requena en Paraguay en septiembre de 2025.
El exjefe policial había abandonado México meses antes. Tras su captura fue enviado al país y posteriormente vinculado a proceso. Actualmente continúa preso en el Altiplano y ha acumulado nuevas imputaciones. Documentos judiciales y autoridades mexicanas lo han identificado como presunto líder de La Barredora.
Bermúdez dirigió la seguridad pública de Tabasco durante buena parte de la administración de López Hernández. El senador ha sostenido que durante su gobierno nunca tuvo indicios de las presuntas actividades criminales de su colaborador y ha rechazado que exista una imputación penal en su contra por ese caso.
Las investigaciones sobre el contrabando de combustibles conocido como huachicol fiscal han añadido otra línea de presión política. La defensa de Fernando Farías Laguna ha señalado que el nombre de López Hernández aparece dentro de testimonios incorporados al expediente de la red investigada en las aduanas marítimas. Ese señalamiento no equivale a una imputación contra el senador, y hasta ahora no se ha informado públicamente de una acusación penal en su contra derivada de esa carpeta. Reportes periodísticos recientes señalan, sin embargo, que personajes y empresarios cercanos a López Hernández aparecen mencionados alrededor de las líneas políticas todavía no esclarecidas del caso.