Miles de camioneros inmigrantes perderán sus licencias en California en medio de tensiones con Washington tras auditoría federal.
Por Josh Funk y Sophie Austin
California planea revocar 17,000 licencias de conducir comerciales otorgadas a inmigrantes, después de que la administración Trump expresara preocupación por la entrega indebida de permisos a personas que se encuentran ilegalmente en el país. Sin embargo, el gobernador Gavin Newsom aseguró que esa no es la razón de fondo.
Newsom explicó que las revocaciones responden a violaciones de la ley estatal, aunque no ofreció detalles específicos. Tanto la oficina del gobernador demócrata como el Departamento de Transporte federal, bajo la administración republicana de Donald Trump, coincidieron en que las licencias incumplían normas existentes incluso antes de que el secretario de Transporte, Sean Duffy, endureciera las reglas tras una auditoría nacional.
Esa auditoría comenzó luego de que un conductor en situación irregular provocara un accidente en Florida al realizar un giro en U, causando la muerte de tres personas. Otros siniestros fatales ocurridos este año en Texas, Alabama y California —en este último caso, con tres víctimas— avivaron las dudas sobre la emisión de estas licencias.
Las autoridades de transporte de California no respondieron de inmediato a las solicitudes de información sobre los motivos específicos de las revocaciones.
Duffy declaró el miércoles que la decisión del estado constituye una “admisión de culpa”, pese a que California había defendido previamente sus estándares de concesión. Según el secretario, el estado inició la revisión de las licencias tras sus advertencias.
El funcionario impuso nuevas restricciones sobre qué inmigrantes pueden obtener licencias comerciales y afirmó que California y otros cinco estados las habían otorgado indebidamente a no ciudadanos. Sin embargo, solo ha tomado medidas contra California, ya que fue el primero en completar la auditoría. Los demás estados aún no han concluido sus revisiones debido al cierre del gobierno, aunque el Departamento de Transporte les ha instado a endurecer sus normas.
Duffy también revocó 40 millones de dólares en fondos federales, alegando que California no hacía cumplir el requisito del dominio del inglés entre los camioneros, y advirtió que retirará otros 160 millones si el estado no invalida todas las licencias emitidas de forma indebida. La revocación de las 17,000 licencias forma parte del esfuerzo por cumplir con esas exigencias.
“Después de semanas negando irregularidades, Gavin Newsom y California han sido sorprendidos con las manos en la masa”, dijo Duffy. “Esto es solo la punta del iceberg. Continuaremos presionando para que se retire de los caminos a todo inmigrante ilegal que conduzca camiones o autobuses escolares”.
Desde la oficina del gobernador, respondieron que todos los conductores afectados contaban con autorizaciones de trabajo federales válidas.
“Una vez más, Sean ‘Reglas de la carretera’ Duffy miente —difundiendo falsedades fácilmente refutables en un intento desesperado por complacer a su líder”, dijo el portavoz de Newsom, Brandon Richards.
Las nuevas normas anunciadas por Duffy en septiembre dificultan que los inmigrantes obtengan licencias comerciales. Solo tres tipos de titulares de visas —H-2A, H-2B y E-2— serán elegibles, y los estados deberán verificar el estatus migratorio de los solicitantes en una base de datos federal. Estas licencias tendrán una vigencia máxima de un año o hasta el vencimiento de la visa.
De los 200,000 no ciudadanos con licencias comerciales actualmente activas, apenas 10,000 podrían conservarlas bajo las nuevas reglas. Los demás mantendrán sus permisos hasta su renovación, ya que las medidas no son retroactivas.
Los 17,000 conductores afectados por la revisión ya fueron notificados de que sus licencias expirarán en 60 días.
Duffy aseguró en septiembre que una auditoría en California reveló que una de cada cuatro licencias revisadas fue emitida indebidamente. Citó casos en que los permisos seguían vigentes incluso años después de la expiración del permiso de trabajo de sus titulares.
La oficina de Newsom respondió que el estado actuó conforme a la guía del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre la emisión de licencias a no ciudadanos.