El Sodalicio y el laberinto del abuso sexual en Perú

En Perú, los periodistas son hostigados y amenazados con demandas y cárcel por describir el abuso sexual en el Sodalicio de Vida Cristiana.

Religión y vida pública: Lo que en México ha sido la Legión de Cristo y en Argentina el Instituto del Verbo Encarnado, en Perú lo ha sido el así llamado Sodalicio de Vida Cristiana. 

Por Rodolfo Soriano-Núñez

Como en México o Argentina, el catolicismo peruano está marcado por la profunda paradoja de una “orden” religiosa que alega ser “estricta” en su comprensión y práctica de esa religión, pero que -en los hechos- actuó como una monumental maquinaria de encubrimiento del abuso sexual.

Lo que en México ha sido la Legión de Cristo y en Argentina el Instituto del Verbo Encarnado, en Perú lo ha sido el así llamado Sodalicio de Vida Cristiana. Sodalicio es una palabra derivada de sodalitium en latín que se refiere a un grupo de personas que, en condición de igualdad, comparten ciertas convicciones religiosas.

Distintas organizaciones han usado el nombre en distintos momentos de la historia del catolicismo de habla española e italiana, para referirse a grupos en los que—al menos en teoría—las diferencias entre quienes son clérigos ordenados (diáconos, presbíteros o curas y obispos) se borran, o al menos difuminan, para dar pie a una convivencia entre iguales con quienes no son clérigos ordenados.

En Perú, el así llamado Sodalicio de Vida Cristiana fue un experimento iniciado al calor de la renovación traída por el Concilio Vaticano II. Fundado originalmente por Gerald Haby, un sacerdote de la orden de los marianistas, misionero, nativo de Estados Unidos, quien pasaba largas temporadas en Perú en los sesenta, aglutinó a jóvenes de los suburbios más acomodados de la zona metropolitana de Lima.

Quien revise las listas que circulan en algunos sitios de Internet de los fundadores y miembros del Sodalicio, notará la relativa abundancia de apellidos italianos, alemanes, franceses, algún nissei (hijo o descendiente de japoneses); pocos o ningún apellido que uno pueda identificar como quechua, aimara, o de algún otro de los pueblos originarios de Perú. Tampoco abundan los apellidos castellanos más comunes en otros países de América Latina, los González, Martínez, Pérez y similares. Los que hablan de un origen español, en todo caso, eran de origen vasco o catalán.

El Sodalicio fue, en ese sentido, un intento de Haby y algunos de los jóvenes católicos de sectores acomodados de Lima para vivir la renovación traída por el Concilio Vaticano II. Para lograrlo, le apostaban a desarrollar una práctica de fe más consistente y transparente, más fiel con el rumbo que Pablo VI daba a la Iglesia a finales de los sesenta.

En 1974, sin embargo, todo eso murió. Gracias a la influencia de Luis Fernando Figari, el Sodalicio original se dividió en dos ramas. Una de corte eminentemente política, la llamada Confederación Nacionalista de Juventudes y otra más que pretendía seguir siendo religiosa, que incluso heredó el nombre, en latín, de Sodalitium Christianae Vitae, pero que era tan o más política que la Confederación de la que, al menos en el papel, se había separado.

Nacido en 1947, Figari ya contaba entonces con poco más de 27 años, a pesar de lo cual seguía activo en la política universitaria del muy convulso Perú de los setenta. Como otros países de América Latina, Perú estaba marcado por los efectos de la dictadura del general Juan Velasco Alvarado (1968-75), a la que le sucedería la del general Francisco Morales Bermúdez (1975-80).

Velasco gustaba de jugar a ser “de izquierdas”, aunque en los hechos no lo fuera. Su carácter de izquierda era, en el mejor de los casos, un acto para quien quisiera comprarlo. Lo que lo hacía ser "de izquierdas" fue una tímida reforma agraria y una todavía más tímida reforma que reconoció carácter legal a algunas de las lenguas de los primeros pueblos de Perú. Ello no implicó, desde luego, que el español dejara de ser la lengua de uso más común en Perú

Esa reforma todavía ofende las sensibilidades de quienes se ven a sí mismos haciendo realidad, todavía ahora la doctrina del descubrimiento, al civilizar a quienes, de manera despectiva, pero en diminutivo, llaman los cholitos. Una entrega previa de esa serie Religión y vida pública, se dedicó a la decisión de la Santa Sede, en marzo de este año, de repudiar la llamada Doctrina del descubrimiento.

Pedro Castillo, por cierto, usó esa reforma de Velasco para incendiar esas sensibilidades de sus adversarios cuando aún era presidente. En agosto de 2021, Guido Bellido, el presidente del Consejo de Ministros, cometió la abominación imperdonable de pronunciar un saludo a la asamblea en quechua. No pronunció el discurso en esa lengua. Sólo trató de saludar a la Asamblea en esa lengua y ello fue suficiente para que el Congreso peruano se sumiera en uno de sus estériles debates.

Tanto Castillo como Bellido sabían las consecuencias que tendría esa decisión. La hicieron porque creían que podrían derivar algún dividendo político. No fue así porque su gobierno acabó ahogado en sus propias contradicciones, pero el intento de lucrar con esa parte del legado del colonialismo en Perú, está ahí para quien pueda derivar conclusiones de esa decisión.

Figari, como solía ser el caso de las élites limeñas, deseaba comprar el mito de un Velasco “de izquierdas”, que amenazaba con hacer de Lima una nueva La Habana.

Eso era algo que sólo podía ocurrir en la imaginación de quien estuviera dispuesto a olvidar los vínculos profundos de las Fuerzas Armadas peruanas con sus contrapartes estadunidenses, así como la participación de Perú en cuanta iniciativa anticomunista aparecía en el horizonte de la América Latina de los setenta.

Eso era algo que entonces, como todavía ahora, da a esas élites limeñas la posibilidad de reafirmar su dominio por sobre las regiones, indígenas o mestizas, que viven fuera de Lima.

Lo compraba porque él y algunos de quienes le acompañaron en el Sodalicio y en aventuras previas, venían de militar en la rama peruana de Tradición, Familia y Propiedad, TFP, una organización de extrema derecha, originalmente nacida en Brasil, con ramas en distintos países de América Latina, que se ha extendido más recientemente a Estados Unidos y Austria.

Uno de los miembros destacados de la rama peruana de TFP fue Francisco Tudela, quien ocupó distintos cargos, incluido el de vicepresidente, de Alberto Fujimori.

Tudela ha sido señalado por observadores de la vida pública peruana como fascista e incluso nazi. La acusación no es descabellada cuando uno considera los métodos a los que recurrieron Fujimori y Tudela en el marco del combate a los grupos de izquierda radical, algunos de ellos terroristas.

Clave en esas acciones, “justificadas” en el amplio manto de la lucha contra los subversivos, fue Vladimiro Montesinos, quien paradójicamente era capaz de espiar a cualquier peruano, pero era incapaz, por ejemplo, de dar con el líder de Sendero Luminoso, el llamado Presidente Gonzalo o Pensamiento Gonzalo que efectivamente sumió a Perú en una ola demencial de violencia, a la que también contribuyeron—por los métodos que usaron—las Fuerzas Armadas peruanas, así como las unidades del gobierno que obedecían a Montesinos.

Esos métodos y la violencia que generaron es lo que tiene en la cárcel a Alberto Fujimori. Es lo que defiende todavía ahora su hija, Keiko, la poderosa líder del grupo parlamentario más nutrido del Congreso peruano, con 24 de 130 representantes, el del Partido Fuerza Popular. La violencia ejercida desde el gobierno de Fujimori no se limitaba a grupos subversivos como Sendero o Tupac Amaru, entre otros. Se extendió a otras organizaciones políticas, a medios de comunicación, además de a quienes expresaran algún interés en que se respetaran los derechos humanos.

Las referencias a estos aspectos de la vida pública peruana, rebasan lo anecdótico. Forman parte de la realidad de la que emerge y en la que se inserta, desde los setenta y hasta ahora, el Sodalicio de Vida Cristiana. Es una organización de las élites limeñas que se aprovecha de las contradicciones ya enumeradas, para reafirmar sus privilegios, su impunidad. Y ello incluye, desde luego, el abuso sexual de sus miembros.

No en balde el reclutamiento desarrollado por Doig y Figari se limitaba de manera casi exclusiva a los jóvenes miembros de las familias “de apellidos extranjeros” de los sectores acomodados de Lima. Esa versión del Sodalicio se había despojado de cualquier pretensión de ser el heraldo de una renovación en el seno de la Iglesia Católica y se convirtió en una iteración más de un modelo que aspira a restaurar y reafirmar el predominio de una cierta idea nacionalista y autoritaria del catolicismo.

Es cierto, no hubo en el Sodalicio un claro llamado a desconocer el Concilio Vaticano II, como el que Carlos Miguel Buela hizo en Argentina cuando era un seminarista. Tampoco había en ellos las actitudes del obispo francés Marcel Lefebvre, fundador de la Sociedad de San Pío X. Mucho menos había los llamados a desconocer abiertamente a Pablo VI como papa de la Iglesia Católica que uno encontraba en los curas, rebeldes por integristas, de México, Joaquín Sáenz Arriaga y Moisés Carmona Rivera.

Fachadas

Lejos de ello, el Sodalicio conservó y amplió la fachada de ser un fruto de la renovación traída por el Concilio Vaticano II. Ello le garantizó a Figari la simpatía de los obispos peruanos, que siempre estuvieron dispuestos a bendecir cada uno de los pasos que daba en lo construcción de algo parecido a una orden. Parecido, pero más complejo y difícil de asir que las maquinarias que, por su cuenta construyeron los otros tres “grandes” del abuso sexual en gran escala en la Iglesia Católica en la América Latina de finales del siglo XX: Marcial Maciel, Carlos Miguel Buela y Fernando Karadima.

De hecho, es importante apuntar que una de las diferencias clave entre Figari y Doig en el Sodalicio y Maciel, Buela y Karadima en sus respectivas empresas de abuso, es que los líderes del Sodalicio no fueron sacerdotes. Ello facilitó mucho su abuso y dio pretextos a los obispos peruanos para desentenderse de esos abusos.

Poniendo de lado las diferencias, como ocurría en la Legión de Cristo y en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en el Sodalicio se conservó la apariencia de la obediencia absoluta a Roma, aderezada con las notas del catolicismo  nacionalista y apocalíptico que, amparado en las apariciones en Fátima, Portugal, gusta de encontrar en toda situación que no es de su agrado, los rastros, los gérmenes de una conspiración de la izquierda anticatólica que puede acabar pasado mañana con el mundo.

Los cuatro modelos latinoamericanos seguían de una u otra forma la impronta del Opus Dei del español Josemaría Escrivá de Balaguer que coqueteó con la idea, muy en boga a mediados del siglo XX, de identificar a lo que ahora es la prelatura del Opus Dei como un “sodalicio”.

Algo que, sin embargo, distingue al Sodalicio de Vida Cristiana de Perú de otras organizaciones de la Iglesia Católica involucradas en casos de abuso sexual en América Latina y otros países son los ataques reiterados que los miembros del Sodalicio lanzan contra los periodistas peruanos que denuncian sus abusos.

No son todos los periodistas. Los líderes del Sodalicio saben que muchas de sus demandas no prosperarían ni siquiera en otros países de América Latina, mucho menos en Estados Unidos o en Europa, donde los medios cuentan con un contexto que les garantiza las condiciones para el ejercicio de sus funciones. Pero es claro que en Perú hacen todo lo posible por hacer miserable la vida de los periodistas que se atreven a publicar algo.

A ello contribuye, es claro, la legislación peruana en materia de medios, que hace muy difícil el ejercicio del periodismo, pues los periodistas están obligados a cumplir con criterios que hacen imposible que se publiquen cosas que no puedan demostrarse plenamente, a menos que corran el riesgo de ser demandados.

Ésa es una de las estrategias favoritas de quienes tratan de silenciar la publicación de denuncias hechas por víctimas de todo tipo de abusos, no sólo los de orden sexual en contextos religiosos. En el caso del Sodalicio hay por lo menos tres casos notables de periodistas de ese país sometidos al acoso.

No lo ejerce la orden como tal, pues al menos los dirigentes formales del Sodalicio dicen haber renunciado a la vía judicial para acallar las críticas y las denuncias contra el abuso sexual por el que han sido denunciados tanto Luis Alberto Figari, como Germán Doig Klinge, quien—hasta su muerte en 2001—le acompañó en la transformación del original Sodalicio como una organización abierta a los cambios generados por el Concilio Vaticano II, a la organización opaca, volcada al abuso, que es ahora.

Fue, por cierto, cuando Figari y el resto de la cúpula sodálite intentaron hacer de Doig un santo, en 2011, que empezó a caer, como grandes pedazos de yeso podrido, la imagen del Sodalicio como una especie de “máquina de santidad”, que era una de las apuestas de Figari todavía en los noventa, cuando ellos aspiraban a recibir de Roma el trato que Juan Pablo II le dispensaba a Marcial Maciel.

Al tiempo que esa pared de yeso podrido caía, la presunta maquinaria de santidad se convirtió en una maquinaria de ataques a los medios y los periodistas peruanos que, a pesar de los embates, valientemente resistieron y persistieron en las denuncias.

Lamentablemente, ni las autoridades civiles ni la jerarquía católica en Perú quisieron proceder de manera formal en contra de Figari. Lo más que se logró fueron los pellizcos que Roma dictó y que el propio Sodalicio detalló en un comunicado de febrero de 2019 como "Medidas tomadas con relación a Luis Fernando Figari", la más importante de las cuales es una suerte de exilio dorado en Italia.

El acoso contra los periodistas peruanos existe, en primer lugar, contra Paola Ugaz, conocida en Twitter como @larryportera. Ella es corresponsal en Perú del diario español ABC y es autora junto con Pedro Salinas, conocido en Twitter como @chapatucombi, de uno de los libros más importantes para conocer, con detalle, las características del abuso perpetrado en el seno del Sodalicio por Doig y Figari.

El libro tiene como título una frase con la que se han identificado distintas órdenes religiosas: Mitad monjes, mitad soldados. Es una aspiración que uno podría ubicar en lo que ahora llamaríamos el “carisma” de los templarios y otras órdenes militares de la cristiandad medioeval, pero que más recientemente se vincula con el catolicismo adepto a las apariciones de Fátima, el catolicismo apocalíptico, del que se hablaba al inicio.

Más recientemente, a finales de 2022, Salinas publicó, también con la colaboración de Ugaz Sin noticias de dios, así con minúsculas, reflejo del desánimo, la desazón que provocan en las miles de víctimas de abuso sexual, la indisposición de la jerarquía de lo que fue o, en algunos pocos casos sigue siendo, su iglesia, para tomarse en serio el abuso al que fueron sometidos.

Junto a ellos dos, está Daniel Yovera, conocido en Twitter como @DanielYovera, documentalista y creador como tal de un excelente reportaje transmitido originalmente por Al-Jazeera en 2018. En él se detallaban las redes de negocios, sobre todo del sector inmobiliario, que hicieron extremadamente ricos a los integrantes de la cúpula del Sodalicio.

No en balde, esa cúpula reaccionó desde que se estrenó el documental con todo tipo de acusaciones y amenazas contra Yovera. Le demandaron. Tiempo después, a principios de este año, el juez que conoció de la denuncia contra Yovera, desestimó el caso y lo declaró prescrito. 

Sin embargo, uno de los cercanos a la cúpula del Sodalicio se inconformó y logró que los jueces de segunda instancia declararan que la causa seguía abierta y seguiría así hasta junio de este año. Yovera explica la situación en un tweet publicado el 10 de mayo de este año.

El problema no se limita a las denuncias contra el Sodalicio. El diario El Comercio publicó este sábado 13 de mayo un amplio reportaje sobre los más de 70 periodistas y medios que son hostigados en Perú por ejercer su derecho a escribir, a informar.

Un mes antes, el 17 de abril de 2023, Mario Vargas Llosa, había publicado un texto en el que expresaba su apoyo a Paola Ugaz y otros periodistas hostigados por escribir, por publicar y hacer preguntas incómodas en su país, a propósito de la publicación de Sin noticias de dios.

No es claro, en este sentido, si la Conferencia Episcopal Peruana ha entendido los llamados que el papa Francisco ha hecho apenas la semana pasada al hablar de una “espiritualidad de la reparación” y que se abordó con algún detalle en una entrega previa de esta serie dedicada a la manera en que las provincias de la Compañía de Jesús tratan el problema del abuso.

Lo que sí es claro, es que el abuso sexual no ocurre en un vacío institucional. La legislación peruana, con el pretendido purismo que los legisladores le han tratado de dar, no evita que se difame a personas inocentes. Más bien facilita, todavía ahora, que los depredadores abusen de víctimas inocentes.

Tanto los obispos peruanos como quienes sostienen en ese país la legislación actual deberían darse cuenta de que incluso si lograran acallar, al hostigarlos, a todos los periodistas de su país, de todos modos habríamos muchos otros que, fuera de Perú, estaríamos dispuestos a denunciar lo que ocurre ahí.

¿Qué harían? ¿Bloquearían el acceso a cualquier medio no peruano? Eso era posible cuando, todavía a finales del siglo XX, el acceso a la prensa extranjera dependía de que los periódicos llegaran del extranjero a tal o cual país. ¿Cómo lo lograrían ahora con la Internet?

Y en el caso de los obispos y sacerdotes cercanos al Sodalicio, ¿cómo concilian el hostigamiento contra Ugaz, Salinas, Yovera y muchos más, con la idea de una “espiritualidad de la reparación” del papa Francisco?

El vídeo del documental de Daniel Yovera sobre el Sodalicio peruano.