Rodolfo Soriano-Núñez Lunes, 25 de Marzo del 2024
En Roma, sólo el nombramiento de Teresa Morris Kettelkamp, coronel retirada de la policía de Illinois, en la Comisión de abusos ofrece alguna esperanza.
El nuevo secretario general, el obispo auxiliar de Bogotá, Luis Manuel Alí Herrera, carece de algún récord que hable de interés en resolver la crisis de abusos sexuales.
Por Rodolfo Soriano-Núñez
La noticia más relevante en marzo en lo que hace a la crisis de abusos sexuales en la Iglesia Católica fueron los nombramientos, el 15 de marzo, el día que solía llamarse como Idus en el antiguo calendario romano, en la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, la Tutela Minorum o simplemente Tutela, por su nombre en latín.
Aunque esos nombramientos podrían pasar por signos de algún movimiento en materia de abusos, la realidad es que la solución a la crisis está muy lejos a pesar de que entramos ya en el año 41 de esta crisis como el tema clave de la discusión pública de lo que el catolicismo es y puede ser.
Más importante que ello, sin embargo, son los efectos de esta crisis en la vida de las víctimas que siguen acumulándose.
Los nuevos nombramientos encierran muchas de las paradojas que marcan el desempeño de Jorge Mario Bergoglio como papa y responsable último de estos asuntos. En un sentido, la comisión tiene por primera vez a un secretario que es, al mismo tiempo obispo.
Eso hará que muchos de los obispos que hasta ahora no se molestaban con responder las llamadas o los correos electrónicos de Andrew Small, ahora secretario emérito de esa comisión, quizás se sientan obligados a hacerlo porque la comunicación venga firmada por el nuevo secretario, el colombiano Luis Manuel Alí Herrera, quien es -desde 2015- obispo auxiliar de Bogotá.
Pero tal vez eso no sería suficiente. Por eso los nuncios deben ser arzobispos para que los arzobispos de los países donde ejercen su cargo no los desdeñen.
Lo absurdo es que, en esa lógica, el papa Francisco tendrá que nombrar arzobispo a Alí Herrera para que otros obispos presten atención a sus mensajes. Incluso nombrarlo cardenal, para que un cardenal arrogante se lo piense dos veces antes de desestimar sus mensajes.
Ésa es la triste realidad del clericalismo católico: hay cardenales y arzobispos que, ebrios de narcisismo, no se sienten obligados a responder a los mensajes de clérigos que están por debajo de su rango.
El principal problema es que no hay manera de que el papa Francisco nombre a la nueva secretaria general adjunta de Tutela como arzobispo o cardenal, pues Teresa Morris Kettelkamp es mujer.
Ya no estás en Kansas, Teresa
Doña Teresa es una coronel retirada de la policía estatal del estado de Illinois, en Estados Unidos, donde era experta, entre otras cosas, en el análisis forense de escenas de crimen y de donde fue reclutada por la USCCB, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, como una experta criminóloga.
En esa capacidad se ha dedicado los últimos diez años a ayudar primero a los obispos de su país y, desde 2016 a los obispos a escala global, a desarrollar principios y normas que ayuden a prevenir los casos de abuso sexual.
No creo que su nombramiento sea suficiente, pues aun cuando como secretaria adjunta de Tutela Minorum tendrá alguna capacidad para influir en mejoras de tono y actitud, quizás evitar que un señor obispo diga alguna barbaridad sacada de un auto de fe de la Edad Media, Morris Kettelkamp no encabezará algo parecido a una “fuerza de tarea”.
En otras palabras, no investigará los muchos casos pendientes de abuso sexual a manos de clérigos ni tiene, en estricto sentido, facultades sobre las poco menos de dos mil 500 diócesis que existen en el mundo católico a escala global.
Podrá, eso sí, recomendarles a los obispos que no cometan tal o cual error. A pesar de ello, creo que su experiencia como policía en la vida real en un país donde las víctimas tienen alguna posibilidad de encontrar una medida de justicia (todo lo contrario de México, desde luego) hace que el nombramiento sea positivo y pueda llegar a tener algún impacto en el futuro.
El problema es qué tan a futuro. Más allá de que, como se demostró en dos de las más recientes entregas de esta serie, hay sacerdotes que rezan—así sea de manera hipócrita y socarrona—por la muerte de Jorge Mario Bergoglio, la realidad es que los obispos siguen apostándole de manera activa a que o las víctimas de abuso sexual se mueran o a que ellos y sus familiares se cansen.
Para lograrlo incluso alientan a que los más fieles de sus fieles ataquen a las víctimas en redes sociales exigiéndoles que ventilen ahí sus casos, a sabiendas de que -al menos en el caso de las víctimas mexicanas- ello implicaría malograr sus procesos judiciales e incluso les daría a los abogados de las diócesis la posibilidad de contraatacar a las víctimas de abuso sexual.
Para ello, inventarían algún delito que los muy solícitos ministerios públicos y jueces estarían dispuestos a procesar a la velocidad de la luz para proteger el “buen nombre” de los sacerdotes y de paso hacer que se hundan los otros procesos.
Dadas las restricciones de la realidad, Tutela Minorum, parte del legado del papa Francisco en este tema es lo único que hay y sería posible que la coronel Morris Kettelkamp fuera lo menos malo para las víctimas.
Que ese sea el razonamiento que uno debe seguir con Tutela Minorum resulta preocupante pues es una institución que debe enfrentar lo que es la peor crisis de confianza que ha padecido la Iglesia Católica en los últimos 70 años al menos y, como se hizo ver en una entrega previa de esta serie, si algo ha caracterizado a Tutela Minorum es que ha despertado desconfianza en algunos sectores de la Iglesia Católica.
Se sabe que Alí Herrera no lo será, pues -como ha demostrado la prensa colombiana especializada en el seguimiento de estos asuntos- el todavía obispo auxiliar de la capital de ese país no se distingue por su interés en proteger a las víctimas.
Ni siquiera en informar con claridad de las medidas que toman los obispos de su país, como lo demostró un mensaje en la red social antes conocida como Twitter del periodista colombiano Miguel Ángel Estupiñán, que aparece inmediatamente después de este párrafo y que toma una captura de pantalla de su cuenta de WhatsApp para dar cuenta de la respuesta de Alí Herrera a una pregunta puntual sobre los reportes dados a las autoridades colombianas.
Si algo le preocupa, es la institución a la que él pertenece, los clérigos que la integran y muy atrás, en el cabús del convoy, quedan las víctimas.
La Doctrina Castrillón
Que la prioridad de los obispos colombianos son los clérigos es algo que dejó más que claro en su momento el finado cardenal Darío Castrillón Hoyos en 2001.
Ese año, Castrillón tuvo el dudoso honor de alardear en público, con la venia de Juan Pablo II, de la manera en que había felicitado a Pierre Pican, un salesiano que se convirtió en obispo de Bayeux-Lisieux en 1988. Él tiene el “privilegio” de haber sido encontrado culpable por las autoridades de Francia de encubrimiento de un sacerdote depredador sexual en 2001.
Y el obispo Pierre Pican no encubrió a cualquier sacerdote, uno que hubiera cometido una indiscreción. Pican encubrió a René Bissey, quien fue acusado en 1996 y condenado en 2000 por las autoridades galas luego de haber abusado de al menos once varones menores de edad entre 1989 y 1996, como lo narra esta nota de un diario chileno de 2010.
Fue en 2001 que Castrillón envió una carta en francés, en papel membretado de la entonces Congregación para el Clero de la Santa Sede, que él presidía, en la que felicitaba al obispo Pican por encubrir al sacerdote.
Esa ha sido, por lo menos desde finales del siglo XIX, una suerte de doctrina extraoficial de la Iglesia Católica. La doctrina que Castrillón evidenció en su carta de 2001 no la articuló ni la sistematizó él. Sólo tiene el dudoso mérito de haber hecho de público conocimiento la existencia de esa manera de entender el problema.
Lo hizo en dos tiempos, primero con su carta de 2001, verificada como real en 2010 por el entonces vocero de la Santa Sede y actual directivo de la fundación recién creada en Roma para honrar la memoria de Benedicto XVI, el jesuita italiano Federico Lombardi.
Luego la confirmó con las declaraciones que hizo en 2010 cuando hubo quien le cuestionó sobre aquella carta que, aunque hubiera querido, no podía desmentir, pero que lejos de usar para reconocer algún error de su parte o de la institución, le sirvió para lanzarse contra uno de los molinos de viento de la mitología católica: “la masonería”, a la que acusó de atacar a la Iglesia Católica con los abusos sexuales, como se puede leer en esta nota de 2010 de la revista colombiana Semana.
Alí Herrera, el nuevo obispo secretario de Tutela era ya desde 1992 sacerdote de la diócesis de Bogotá. En un universo racional ello debería servir para que fuera consciente de los “logros” de su paisano Castrillón, pero no me queda claro que sea así.
Ojalá sirviera para que la Iglesia renunciara ya a la “doctrina Castrillón” de encubrimiento mutuo de los clérigos, pero hay el riesgo objetivo de que desde su nuevo cargo en Tutela Alí Herrera simplemente vaya a aplicar su conocimiento como psicólogo para que, fiel a la “doctrina Castrillón” los obispos desarrollen formas más retorcidas de encubrir a otros clérigos católicos y para culpar a los nuevos favoritos de la mitología católica: el feminismo o la teoría de género.
Y es que, sin importar qué tan optimista sea uno, más allá de la llegada de Morris Kettelkamp a la recién creada secretaría adjunta de Tutela Minorum es muy difícil encontrar algún avance sustantivo en esta crisis cuya narración inició a mediados de 1984, cuando Jason Berry empezó a pelar la cebolla de esta realidad con sus reportajes sobre abuso sexual en las diócesis del estado de Luisiana, Estados Unidos.
Es cierto que ha habido cambios que demuestran que el papa Francisco comprende cuáles son algunos de los resortes que permitieron que los más notables depredadores sexuales latinoamericanos compraran la protección institucional de la curia romana durante los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI.
El problema es que esas reformas institucionales, que tienen que ver con la estructura y el funcionamiento de la Secretaría de Estado y del banco de la Santa Sede, no resuelven problemas humanos mucho más urgentes que tocan las vidas de miles de víctimas de abuso sexual a escala global.
Las reformas, por ejemplo, quitaron a la Secretaría de Estado el privilegio que tuvo durante las gestiones de Angelo Sodano y Tarcisio Bertone, de tener un patrimonio y presupuesto propios. Eso será útil para que futuros secretarios de Estado de la Santa Sede no puedan recibir, como hacía Sodano, los sobornos de depredadores sexuales como Marcial Maciel, Fernando Karadima o Carlos Miguel Buela.
Aunque no me queda claro qué hará la Iglesia Católica con las criptomonedas que, por razones que sería muy difícil explicar en este texto, son muy favorecidas por los sectores más recalcitrantes de la derecha católica.
El problema de las reformas impulsadas hasta ahora por el papa Francisco es que no resuelven los problemas de las víctimas de los depredadores que actúan en países como México y el resto de América Latina, notables por la ineficacia y lentitud de sus sistemas de procuración y administración de justicia.
Las reformas en el banco de la Santa Sede, que le permitieron reintegrarse plenamente al sistema financiero de la Unión Europea, tienen efectos positivos pues introducen principios de transparencia que no existían antes en ese banco, pero tampoco abonan a la solución de los problemas de las víctimas de abuso sexual que ahora enfrentan las consecuencias de ese abuso.
Son avances que, además, son dignos de atención para quienes—por la razón que sea—nos hemos especializado en estos temas. Pero nadie podría decir que sean la solución al problema del abuso sexual. Dificultan que se use al sistema de pagos de la Santa Sede para triangular sobornos a los funcionarios de la curia romana, es un gesto muy útil del papa Francisco, pero no abonan a la solución de los problemas concretos de las víctimas del abuso sexual.
Ni siquiera han servido en estricto sentido para que—por ejemplo—el Consejo Episcopal para Latinoamérica y el Caribe, el llamado CELAM, la máxima instancia de esa iglesia en la región haya reconocido de manera explícita el alcance de la crisis en la región.
En América Latina, el único país en el que se ha reconocido de manera explícita que ha ocurrido una crisis profunda en materia de abusos es en Chile y fue sólo luego del bochorno causado por la desastrosa visita de Francisco a ese país.
Creo que él pagó culpas ajenas y propias en esa visita. Todavía durante su viaje a Chile en 2018, Francisco hizo un último esfuerzo para defender, contra toda lógica y con argumentos que iban de la falacia al absurdo, su decisión de nombrar obispo de la diócesis de Osorno, a Juan Barros Madrid, uno de los “obispos de Karadima”.
Aunque a principios de este mes se reunieron en Panamá los integrantes del así llamado Centro de Protección de los Menores de Latinoamérica, Cepromelat, su reunión estuvo marcada más por los obsequiosos elogios mutuos que sus community managers en redes sociales dispensaban a los miembros de esa comisión que por algún cambio real, tangible, en la manera de operar de esa instancia como contraparte de Tutela Minorum en América Latina.
Si uno se atuviera a la manera en que usan esas cuentas de redes sociales para elogiarse a sí mismos, uno podría asumir que el problema está resuelto, pero la realidad es que no es así.
Guayabazos en Panamá
El 6 de marzo, por ejemplo, la cuenta de Cepromelat en Facebook presentaba la actividad que celebraron del 12 al 14 de este mes en Panamá calificando de “increíbles" a sus expositores. Es imposible dar con evidencia que justifique el uso de un adjetivo así de desproporcionado, pero ahí está, como testimonio de lo que en México llamamos “el guayabazo”, la auto-alabanza, el proverbial "elogio en boca propia", como se puede ver en la imagen que aparece inmediatamente después de este párrafo.
Cuatro días después, en un mensaje del 10 de marzo en esa misma red social, Cepromelat moderó los elogios que se dispensaba a sí misma y ya no bañó con elogios a sus expositores como se puede ver en la siguiente imagen.
El problema, desde luego, es que tampoco los presentó como lo que son realidad.
Aunque los hace pasar por expertos en los temas en los que disertan y es posible que lo sean, no deja en claro que algunos de esos expositores, sobre todo los que se presentan como laicos, están muy lejos de ser personas que uno pueda considerar como expertos neutrales o efectivamente comprometidas con la resolución de la crisis o con la atención a las víctimas de esa crisis.
Lejos de ello, son personas más bien interesadas en defender a como dé lugar a la institución.
El caso más notable vuelve a ser de Colombia. Se trata de la señora Ilva Hoyos Castañeda a quien presentan como doctora en derecho, título que obtuvo de la Universidad de Navarra, propiedad del Opus Dei, “orden” con la que la señora Hoyos tiene alguna de las secretas asociaciones que esa organización ha creado a lo largo de su historia y que le permite hacer pasar por laicos a quienes, en más de un sentido, están más clericalizados que los clérigos mismos.
En una respuesta que la doctora Hoyos envío a un texto publicado por Religión Digital sobre la crisis de abusos sexuales en Colombia, Hoyos se presentó como víctima (disponible aquí) del periodista Miguel Estupiñán quien, basado en la legislación existente en ese país, ha logrado arrojar alguna claridad sobre los muchos casos de abuso sexual, de los que da cuenta en un libro titulado El archivo secreto, de reciente publicación en Colombia.
El texto de Estupiñán que provocó esa reacción en quien es también asesora de la conferencia nacional de obispos católicos de Colombia se puede consultar aquí.
Sin embargo, el mayor mérito de Estupiñán es que ha evidenciado qué tanto la jerarquía católica colombiana, con el concurso de laicos como la señora Hoyos, han logrado eludir dar cuenta del verdadero alcance de la crisis, así como de la virtual ausencia de mecanismos de rendición de cuentas de la Iglesia Católica en ese país.
Mientras tanto, en Buenos Aires
Casi al mismo tiempo que ocurría la reunión de Cepromelat en Panamá, en Buenos Aires, capital de Argentina, algunas de las redes de sobrevivientes de abuso sexual en América Latina tuvieron su propia reunión.
El encuentro fue convocado bajo el lema “En nuestras palabras: Primer encuentro regional entre las organizaciones de sobrevivientes de Latinoamérica y organizaciones aliadas” y fue organizado por la organización argentina Aralma, por la global Child Rights International Network, por la fundación A Brezee Of Hope (una brisa de esperanza, disponible aquí) y por el Movimiento de Valientes, una agrupación asociada a escala global a Brave Movement.
Sin los guayabazos que abundaron en Panamá, los sobrevivientes dieron cuenta del alcance de su propia capacidad para gestionar la devastación causada en sus vidas por el abuso sexual a manos de clérigos católicos. También hablaron de lo que esperan lograr en el futuro, como se puede ver en el comunicado que publicaron antes del encuentro (disponible aquí), así como en las cuentas de redes sociales de la Red de Sobrevivientes de Argentina (si no se despliega después de este párrafo ese mensaje está disponible aquí también).
Estuvieron, entre otros, José Enrique Escardó Steck, sobreviviente de abuso a manos del Sodalicio de Vida Cristiana, una “orden” surgida en Perú a principios de los setenta del siglo pasado a la que se ha dedicado un par de entregas en esta serie, una de las cuales aparece vinculada inmediatamente después de este párrafo.
También estuvo Marcela Orellana, de la red de sobrevivientes de Argentina. Ella es madre de una de las víctimas de abuso en el Instituto Próvolo. En esa escuela, ubicada en la provincia de Mendoza, creada para atender a menores con problemas de habla y audición, sacerdotes, monjas y laicos vinculados a la Compañía de María, una orden religiosa con presencia en Italia y América del Sur, abusaron de menores a su cargo.
Aunque se lograron condenas contra algunos de los clérigos, otros acusados fueron exonerados por la justicia argentina apenas en octubre de 2023.
Debe quedar claro que el problema fundamental lo reconoce el propio jefe de la jerarquía de la Iglesia Católica a escala global. El 7 de marzo en una actividad celebrada en la sede de Tutela Minorum. Quien pueda leer en inglés, italiano, francés, portugués o alemán el mensaje podrá darse cuenta que, efectivamente, el papa reconoce que es necesario atender a las víctimas.
El núcleo del mensaje que pronunció ese día puede traducirse como "no debe ser que las víctimas no se sientan acogidas y escuchadas". Y tiene razón. Tristemente, eso es lo que hacen los obispos que en teoría deberían obedecerle.
Lamentablemente, el discurso que el papa Francisco pronunció en la sede de Tutela Minorum en Roma no aparece como traducido al español todavía al mediodía del domingo 24 de marzo de 2024, cuando escribo estas líneas, como se puede ver en la imagen que aparece inmediatamente después de este párrafo.
Y no es que yo necesite una traducción para hacer mi trabajo más fácil. Leo sin ningún problema en español e inglés. Con muy pequeños problemas en italiano, portugués y francés, en ese orden de comprensión. Incluso puedo hacerlo, con algunos problemas, en alemán. Sé usar Google Translate o los equivalentes de otros servicios de traducción en línea.
El problema es el mensaje implícito que Roma sigue enviando al mundo de habla hispana respecto de la crisis de abusos sexuales. Ese mensaje es el mismo que se taladraba desde Roma durante los pontificados previos: la crisis de abusos sexuales no existe en el mundo católico de habla española.
Que esto ocurra durante el pontificado del primer papa cuya lengua materna es el español en los últimos 450 años, sólo demuestra el negro humor involuntario de la jerarquía católica, cuyo mensaje sigue siendo el de que algunas víctimas, las que hablan inglés, francés, alemán o algún otro idioma, merecen una atención que muchas de las víctimas de América Latina y España no reciben.
Entendimiento
Es notable, en ese sentido, que uno de los temas relevantes de la reunión de Tutela del 5 al 8 de marzo, en la que el papa Francisco pronunció ese mensaje que no merece el beneficio de la traducción al español, haya sido la firma de una serie de Memorándum de Entendimiento entre Tutela como responsable para este tema de la Santa Sede y algunas diócesis y órdenes religiosas. En el caso de México es notable que la Arquidiócesis Primada de México y la Conferencia Superiores Mayores de Religiosos de México, la CIRM, hayan firmado un instrumento de ese tipo.
El instrumento, que se encuentra disponible como PDF inmediatamente después de este párrafo, es positivo en la medida que reconoce, por ejemplo, la existencia de las "Víctimas y Sobrevivientes (V/S)" como una categoría que merece un trato especial de parte de las entidades que llegan a estos acuerdos con Tutela.
Memorándum de Entendimiento entre Tutela Minorum y la Arquidiócesis Primada de México y la Conferencia de Superiores de órdenes religiosas en México.
El problema, sin embargo, es que Tutela Minorum carece de "dientes" para obligar a todas las otras diócesis mexicanas a firmar documentos semejantes. Lo que es peor, no encontré en el texto firmado por los cardenales Sean O'Malley, a nombre de Tutela Minorum, Carlos Aguiar Retes, en su condición de arzobispo primado de México y la hermana Juana Ángeles Zárate Celedón, como presidente de la así llamada CIRM, los "dientes" que pudieran llegar a obligar a las partes firmantes a cumplir lo que pactan ahí que es un mínimo de dignidad y respeto para quienes tratan de denunciar a sus depredadores sexuales.
Como todo Memorándum de Entendimiento expresa los deseos de las partes, pero nada hay ahí que garantice alguna solución para las víctimas de abuso sexual en México, que ni siquiera son las de todo el país. Son sólo las de la Arquidiócesis Primada de México y aquellas que pudieran denunciar a los sacerdotes vinculados a las órdenes religiosas que participan de la CIRM.
En otros países de América Latina, de manera notable Costa Rica, Panamá, Paraguay y Venezuela, estos instrumentos se han firmado con las conferencias nacionales de obispos de cada uno de esos países, pero en México y Argentina, los instrumentos se han firmado con las diócesis en lo individual, como se puede ver en la página que está disponible aquí.
Y todavía peor. En el caso de México, sólo se ha firmado con la arquidiócesis que preside Aguiar Retes y en el caso de Argentina, sólo se ha hecho con la más bien marginal diócesis de Rawson, en la provincia de Chubut, muy lejos de Buenos Aires o de Córdoba, las dos grandes metrópolis de aquel país.
El riesgo implícito de este modelo basado en la buena voluntad de algunos obispos es que, en la actualidad, en México, un poco menos de la mitad de las diócesis afiliadas a la Conferencia del Episcopado Mexicano han creado su comisión para prevenir, no para resolver, sólo para prevenir casos de abusos.
Si la firma de cada memorándum de entendimiento con las diócesis mexicanas va a avanzar al ritmo que ha avanzado la creación de las comisiones para prevenir el abuso, habrá diócesis mexicanas que sigan sin firmar esos instrumentos y que sigan sin ese tipo de comisión en el siglo XXII.
La imagen que aparece un poco después de este párrafo procede de la página del Consejo Nacional de Protección de Menores en el portal de la Conferencia del Episcopado Mexicano. En ella aparecen las comisiones que se habían creado hasta el mediodía del domingo de Ramos de este año, marzo 24 de 2024.
Toma tal cual los escudos de armas de cada una de las 48 diócesis mexicanas que han creado esa comisión. La comisión no. 49 no corresponde a una diócesis, sino a la orden de los llamados Hermanos Maristas, que es la que aparece hasta el final. Las otras 51 diócesis mexicanas, no han tenido tiempo o ganas de cumplir con este requisito instituido por el papa Francisco como parte de la respuesta la crisis de abusos sexuales la década pasada.
Y es que, además de la notable ausencia de traducciones al español de muchos de los mensajes pronunciados por Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco sobre la crisis de abusos sexuales, hay países en los que hay un claro registro público de abusos sexuales en los que la iglesia como tal nunca ha aceptado de manera pública que esos hechos hayan ocurrido.
En América Latina el único país donde se ha aceptado que existe una crisis de ese tipo es Chile.
En México, el país de habla española con mayor número de católicos a escala global, eso nunca ha ocurrido. En México, por deseo expreso de la Conferencia del Episcopado Mexicano, nunca ninguno de esos tres papas en las siete visitas papales ocurridas en 1979, 1990, 1993, 2002, 2012 y 2016, ha reconocido el alcance de la crisis ni ha hecho alguna declaratoria, así fuera protocolaria, de lo que han hecho aquí personajes siniestros como Marcial Maciel, Eduardo Córdova Bautista, Nicolás Aguilar o Gerardo Silvestre Hernández.
No está por demás recordar que, en cambio, el diálogo con las víctimas de abuso sexual ha ocupado un papel central en algunas de las visitas de los últimos tres papas a países como Estados Unidos en 2008, Malta y el Reino Unido en 2010 o Alemania en 2011, por citar los casos más obvios, en lo que hace al pontificado de Benedicto XVI.
Es cierto que sólo en el caso de la visita a Malta hay un registro público de que se haya reunido con víctimas de abuso, pues las actividades en las que lo hizo en Washington, DC, en 2008 y en Berlín en 2011, de las que sólo hay registros periodísticos parciales por el carácter privado de esos encuentros.
Es notable, sin embargo, que del encuentro con las víctimas en Malta sí haya un registro público y oficial en el archivo del pontificado de Ratzinger de ese encuentro en Malta, que pueden consultar quienes hablan italiano, francés e inglés, como se puede ver en la imagen de esa página (disponible aquí) que aparece como imagen un poco más adelante.
El texto de ese encuentro en italiano está disponible aquí y en francés aquí. Hay un enlace que no funciona ahora a un texto en inglés, pero lo que nunca ha habido es un texto en español del mensaje pronunciado por Joseph Ratzinger en aquella visita a la isla del Mediterráneo.
Lo que es peor, de todas las otras actividades en Malta hay traducciones al español y al portugués. La única en la que el español y el portugués parecen no existir para los muy profesionales equipos de traductores de la Santa Sede es para la relacionada con el abuso sexual en Malta, como se puede ver en el testigo de esa página que aparece como imagen inmediatamente después de este párrafo.
Y -como ya se demostró- esa tendencia a excluir al español de las traducciones de actividades que tienen que ver con la crisis de abusos sexuales es una realidad todavía presente, once años después del inicio del actual pontificado y en el año 41 de la crisis de abusos sexuales como tal.
Desdén y arrogancia
El desdén y la arrogancia, sumada al “guayabazo” con el que la jerarquía católica insiste en enfrentar la crisis de abusos sexuales en el mundo de habla hispana hace casi inevitable que el tema se politice.
No me atrevería a adelantar cuánto tiempo tomará para que la politización ocurra. Tengo claro, en cambio, que los obispos y los superiores de las órdenes religiosas le apuestan a que las víctimas se mueran para que esa politización no ocurra y es una pena que sea así.
Y es que, aun cuando la jerarquía católica tiene un papel determinante en este problema, no es la única que se beneficia por la actual situación en América Latina. Es cierto que en algunos países, como México y Chile, ya no prescriben los delitos de tipo sexual, pero cualquiera de los países de la región está muy lejos de reconocer la experiencia del estado de Nueva York en Estados Unidos al abrir lo que allá llamaron una “ventana retroactiva”.
Esa ventana permitió que víctimas que callaron durante muchos años, pudieran plantear ante la justicia los agravios que sufrieron. Es difícil evaluar qué sucederá en ese estado de Estados Unidos, pues los procesos judiciales derivados de esa ventana retroactiva apenas inician.
Y no todas las medidas en el plano de la legislación tienen que ser así de “revolucionarias”. En México, por ejemplo, bastaría que se subsanara el diseño “imperfecto” de las normas que obligan a los directivos de una institución, como lo son jerarcas de las iglesias a reportar los casos de abuso a la autoridad.
La obligación ya existe, pero existe sin que se establezca un plazo preciso para que se presenten los reportes. La vaguedad de ese aspecto de la norma y el hecho que no se establezcan castigos para quien la incumpla hace que esa suerte de “periodo de gracia” que existe en México se use para encubrir, para “que no quede huella” de las agresiones a los fieles.
También se usa para presionar las víctimas y/o a sus familiares con la idea de aceptar terapias con psicólogos o psiquíatras pagados y elegidos por las diócesis católicas que, desde luego, harán todo lo posible por “dar de alta” a la mayor velocidad posible a las víctimas, por culparlas y, sobre todo, por cubrir la apariencia de que en realidad se cumple con normas mínimas.
Esto que se expresa en el párrafo previo, por cierto, no es una opinión. Fue documentado en el texto que dio cuenta del caso de Joana Cruz Galván, una víctima del clero de la diócesis de Atlacomulco en el Estado de México, que aparece vinculado inmediatamente después de este párrafo.
Joana debe enfrentar tanto el desinterés del Poder Judicial mexiquense con su caso, reflejado en el hecho que no hay resolución desde que denunció en una conferencia de prensa a finales del año pasado, como el desparpajo con el que el obispo de esa diócesis, Juan Odilón Martínez García, ha permitido que los sacerdotes señalados por Joana Cruz Galván, celebren de nuevo sacramentos en templos de esa circunscripción de la Iglesia Católica.
Debo decir, por último, que deseaba publicar este texto sobre los acomodos que han ocurrido en materia de cobertura de la crisis de abuso sexual la semana pasada.
Mis planes cambiaron cuando, desde Argentina, me informaron del intento -todavía incierto- de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, los oblatos, de traer a México a Rafael Fleitas López el sacerdote paraguayo del que se dio cuenta en la entrega previa de esta serie.
Que ese tipo de intentos de dar una “solución geográfica” a un problema como el abuso sexual siga usándose entre países de América Latina deja ver qué tan lejos está el mundo católico de habla española de los mundos católicos de habla inglesa, francesa o alemana, donde ya hay una clara conciencia de los efectos desastrosos de estos enroques clericales.
Que intenten la "solución geográfica" los oblatos, la orden a la que pertenece Andrew Small, quien hasta el 15 de marzo, el día de los "Idus" en el antiguo calendario romano, era el secretario de Tutela Minorum, es una dolorosa muestra de la indisposición de esa orden y de la jerarquía católica en su conjunto a reconocer la magnitud de la crisis.
Pero eso, tristemente, también lo facilitan las legislaciones de nuestros países que, lejos de reconocer la gravedad de este problema, también le apuestan, de México a Chile y Argentina, a que el problema desaparezca por sí mismo.