La investigación Informe Pascal, en cinco entregas exclusivas para Los Ángeles Press, documenta cómo mandos militares, la Presidencia y la Defensa orquestaron y encubrieron la desaparición, mientras pruebas clave fueron borradas y testigos ignorados.
Este reportaje forma parte de la colección Ayotzinapa: Informe Pascal, una investigación documental de Los Ángeles Press sobre la operación estatal detrás de la desaparición de los 43 estudiantes.
Los Ángeles Press
La noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, surgió uno de los episodios más emblemáticos de violación a los derechos humanos en la historia reciente de México.
A poco más de una década de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, Los Ángeles Press ha documentado con puntualidad diversas aristas del caso en cinco entregas de investigación periodística, en el marco de la difusión del Informe Pascal, entregado en exclusiva a este medio.
El informe incómodo
En su primera parte, el Informe Pascal demuestra con rigor documental que la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos no fue producto de un caos local, sino de una operación de exterminio de Estado.
El informe detalla que la mañana del 26 de septiembre de 2014, en la Base Vértice de Acapulco, se giraron órdenes para cercar y emboscar a los normalistas. Tres días después, la SEIDO ejecutaba un operativo clandestino para mutilar los videos que mostraban la ruta real de los autobuses en los que viajaban los estudiantes.
Asimismo, confirma la presencia de mandos militares, la infiltración del soldado Julio César López Patolzin en la normal y una línea de mando que ascendía hasta Los Pinos y la Secretaría de la Defensa Nacional, bajo el mando de Salvador Cienfuegos. Todo ello contó con el aval del entonces presidente Enrique Peña Nieto, quien validó la operación y garantizó el encubrimiento posterior.
El papel de García Harfuch
Uno de los documentos clave, la tarjeta informativa 1358/2014, ubica a Omar García Harfuch, hoy secretario de Seguridad federal, girando órdenes operativas desde Acapulco. Su papel no fue marginal, sino central, y su carrera política se sostuvo en el blindaje institucional que lo protegió, pese a su implicación directa en la emboscada contra los normalistas.
El caso de Jorge Antonio Tizapa
La investigación también reveló que un policía estatal estuvo en posesión del celular del estudiante Jorge Antonio Tizapa, sin que la Fiscalía ni ningún otro órgano lo investigara. Al respecto, un analista de Grupo Pascal señaló a este medio:
“El único avance del hijo de Antonio Tizapa se lo proporcionó nuestro informe: que el celular de su hijo estuvo en poder de un custodio de seguridad del director Leonardo Octavio Vázquez Pérez, de la policía estatal de Guerrero. En once años, ni la GIEI, ni la FGR, ni la CNDH, ni la COVAJ, ni ningún otro investigador ha aportado nada a la investigación de su hijo”.
La omisión confirma la inacción institucional y evidencia cómo las piezas de impunidad se sostienen mutuamente: García Harfuch, blindado en su trayectoria política; y Eber Omar Betanzos Torres, entonces subprocurador, filtrando información para exonerar al policía estatal y fabricando coartadas. Ambos casos muestran cómo el Estado mexicano no sólo encubrió a los perpetradores, sino que premió a quienes sostuvieron la versión oficial.
Mentiras impugnables
En la tercera entrega, el Informe Pascal desmiente la versión mediática de Anabel Hernández sobre el autobús Estrella de Oro 1531. Este camión nunca transportó droga, como se afirmó, sino que llevaba a bordo al soldado infiltrado Julio César López Patolzin.
El informe sostiene que la narrativa de Hernández operó como una coartada de Defensa para desviar la mirada de la participación directa del Ejército, reforzando la idea de que los estudiantes habían sido confundidos o cooptados por narcotraficantes. Esa versión, convertida en distractor internacional, terminó por encubrir lo esencial: que la desaparición de los 42 estudiantes fue un crimen de Estado, dirigido por la Defensa y ejecutado con apoyo de la Policía Federal bajo las órdenes de García Harfuch.
Un analista de Grupo Pascal advierte que ninguno de los estudiantes fue asesinado en Iguala: hacerlo allí habría dejado evidencias visibles. Los normalistas fueron trasladados a sitios despoblados, donde los perpetradores tuvieron tiempo para consumar la desaparición. “Una operación planeada meticulosamente, ejecutada por profesionales y sostenida en la impunidad del Estado”.
Evidencias borradas
La cuarta entrega expone el papel de Lourdes López Lucho Iturbe, agente del Ministerio Público, cuya actuación combinó la apariencia de legalidad con la manipulación de testimonios y pruebas. Presionó a choferes para omitir la presencia de policías estatales y federales, ordenó la retención tardía de autobuses y protegió a las corporaciones federales, encubriendo responsabilidades.
El Informe Pascal interpreta sus acciones como parte de una estrategia coordinada con otros agentes de la SEIDO, entre ellos Ernesto Óscar Francisco Ornelas Delgado, encargado de manipular los videos del Palacio de Justicia de Iguala.
La grieta del expediente
En la quinta entrega, el juez José Ulises Bernabé García negó en un inicio que los estudiantes hubieran sido llevados a la Comandancia de Iguala. Sin embargo, testigos lo contradijeron y él mismo terminó por admitirlo. El Informe Pascal considera su declaración como una de las diez más importantes del caso, porque coloca al Ejército en un “sitio caliente” de desaparición.
Se suma la voz de seis detenidos por faltas administrativas esa misma noche, quienes vieron y hablaron con los estudiantes en la Comandancia. Sus testimonios, ignorados por las autoridades, confirman que los normalistas estuvieron bajo custodia de policías y militares antes de desaparecer.
Uno de los investigadores de Grupo Pascal subrayó:
“Esos seis testigos se habían salvado por azar, porque pagaron una multa de 200 pesos, y no eran parte del grupo marcado para desaparecer”.
La triangulación entre la declaración del juez, los testimonios de los seis detenidos y la geolocalización aún pendiente de los militares Martínez Crespo, Pirita y López Patolzin permite hilvanar la secuencia de aquella noche: los estudiantes conducidos hasta la Comandancia de Iguala, el rescate del soldado infiltrado y, finalmente, la desaparición de los 42 normalistas bajo custodia de policías y militares.
En esta primera parte el Informe Pascal concluye que la omisión fue deliberada: se invisibilizaron testigos, se borraron pruebas y se desvió la atención mediática de la Defensa, cuya presencia en la Barandilla aquella noche quedó fuera de las narrativas oficiales y periodísticas dominantes.
Más de una década después, voces civiles y pruebas independientes confirman que los estudiantes fueron vistos con vida bajo custodia de policías y militares. Sin embargo, el paradero de los 43 continúa oculto.