Guadalupe Lizárraga Jueves, 17 de Septiembre del 2026
La residencia de Punta Pescadero siguió bajo control estatal después de que la acusación por despojo fue rechazada y archivada.
PRIMERA PARTE
Por Guadalupe Lizárraga
LA PAZ, Baja California Sur.— Una disputa por la posesión de una residencia en Punta Pescadero ha llevado a William David Bush, de 44 años, ante la amenaza de prisión preventiva por 17 cartuchos encontrados durante un cateo de la Fiscalía General de la República. El mismo inmueble ya había originado una acusación por despojo, investigaciones por drogas y armas y una detención que un juez federal declaró ilegal.
Bush, ciudadano estadounidense y británico, entregó a Los Ángeles Press varios expedientes judiciales, actuaciones ministeriales, entrevistas levantadas por la Policía Federal Ministerial, recursos de apelación, e incluso documentos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), así como comunicaciones oficiales y denuncias presentadas contra funcionarios de la Fiscalía General de la República que han participado en su agresión.
La revisión de estos documentos permite reconstruir cómo le fueron fabricando delitos alrededor de una misma propiedad y de la persona que reclamaba su posesión.
“He tenido enormes dificultades para lograr que las fuerzas del orden actúen legítimamente en Los Cabos”, dijo Bush a Los Ángeles Press. “No tienen miedo de las consecuencias por ejercer ilegalmente la autoridad”.
El 28 de agosto de 2026, Bush fue advertido de que enfrentaría prisión preventiva dentro de la causa penal 25/2026, por la presunta posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Pocos días antes, según relató a Los Ángeles Press, un tribunal de La Paz había autorizado su viaje a Estados Unidos por razones laborales sin que el fiscal encargado del caso se opusiera a su salida.
Bush sostiene que ese mismo fiscal le propuso aceptar responsabilidad por los cartuchos encontrados dentro de la vivienda para evitar una pena de prisión. También afirma que el funcionario le dijo que enfrentaría consecuencias personales si retiraba los cargos.
El origen inmediato de esa acusación fue el cateo ejecutado el 18 de diciembre de 2025. Para ese momento, el conflicto penal alrededor de la residencia de Punta Pescadero llevaba más de un año.
La casa de Punta Pescadero
La residencia se localiza en Vía del Sol, lote 29, Punta Pescadero, en el municipio de La Paz. El inmueble había sido asegurado desde 2008 dentro de una averiguación previa de la entonces Procuraduría General de la República y, con el paso de los años, quedó bajo administración federal.
El INDEP lo identificó con el número SIAB 1857505 y contrató su vigilancia mediante el contrato INDEP/00289/2022. Años después, la imputación contra Bush sostuvo que la empresa CEPIVER —mencionada en otros documentos como SEPIVER— mantenía la propiedad bajo resguardo.
El 5 de julio de 2024, uno de sus elementos reportó que había personas dentro del inmueble, que el aviso de resguardo había sido retirado y que encontró un documento de la Comisión Federal de Electricidad relacionado con Bush. A partir de ese reporte, la FGR le atribuyó haber ocupado furtivamente la propiedad e impedido los trabajos de vigilancia, conducta con la que habría despojado al INDEP de la posesión administrativa que reclamaba.
Dieciocho días después, el 23 de julio, se abrió la carpeta FED/BCS/LPZ/0000503/2024.
La investigación llegó por primera vez a tribunales como CP 15/2025. La audiencia programada para marzo fue cancelada después de que la defensa solicitó un mecanismo alternativo de solución y el expediente quedó archivado administrativamente, aunque la FGR mantuvo abierta la acción penal.
Bush explicó a Los Ángeles Press que se negó a firmar los documentos propuestos dentro de ese mecanismo porque consideró que afectaban la posición jurídica que sostenía sobre la posesión de la propiedad. También pidió que el INDEP participara directamente en cualquier acuerdo.
La misma carpeta volvió a judicializarse como CP 77/2025.
La solicitud de audiencia inicial está fechada el 24 de abril de 2025. La resolución sobre la vinculación llegó hasta el 17 de abril de 2026, 358 días después. La queja administrativa presentada por Bush documenta meses de diferimientos, requerimientos de traducción y actuaciones que mantuvieron su situación jurídica sin resolverse.
Ese 17 de abril, el juez Eduardo Antonio Velasco Treviño dictó auto de no vinculación a proceso. La FGR impugnó la resolución y el Tribunal Colegiado de Apelación confirmó la decisión. El 29 de mayo de 2026, CP 77 fue enviada al archivo definitivo.
Para entonces, la Fiscalía ya había construido otro frente penal alrededor de la misma residencia.
De una denuncia por drogas a una entrevista sobre armas
Mientras seguía abierta la investigación por despojo, en 2025 apareció la carpeta FED/BCS/LPZ/0000926/2025.
Entre sus actuaciones figura una entrevista anónima del 30 de noviembre. La persona interrogada dijo conocer a William y ubicar su residencia, aunque el formato no contiene nombre, identificación, teléfono ni otros datos que permitan individualizar al supuesto testigo. En su relato quedó asentada una precisión: "desconocía si Bush vendía drogas".
Once días después se levantó otra entrevista.
El agente de la Policía Federal Ministerial Víctor Irán López Vallejo aparece como entrevistador. Esta vez, el documento atribuye a un hombre identificado como Juan Fuentes Meza haber visto a William con un arma de fuego fajada a la cintura y haber escuchado detonaciones procedentes de la propiedad. El formato señala que el entrevistado no proporcionó identificación y, en la segunda página, tampoco aparece una firma clara en el espacio reservado para el testigo.
Los datos de Juan Carlos Fuentes no eran nuevos para la FGR. En enero de 2025, dentro de las actuaciones vinculadas con la investigación por despojo, el mismo agente López Vallejo había levantado otra entrevista a Juan Carlos Fuentes Meza. Ese documento contiene su domicilio, ocupación, información personal, una firma colocada en el área correspondiente al entrevistado y una copia de su identificación.
Tiempo después, la segunda entrevista retomó esos datos y agregó el señalamiento sobre un arma y detonaciones.
Bush localizó a Juan Carlos y le mostró el documento. Según la denuncia presentada posteriormente contra el agente Víctor Irán López Vallejo, Fuentes negó haber rendido esa declaración, haber visto a William portando un arma, haber escuchado disparos, haber escrito o firmado la entrevista y haber autorizado el uso de su información personal. También manifestó su intención de recibir asesoría jurídica para comparecer y corregir formalmente el expediente.
A partir de esa negativa, Bush denunció a López Vallejo por la fabricación de la entrevista y pidió investigar cómo fue incorporada a la carpeta, quién conoció su contenido y si fue utilizada ante un juez para obtener el cateo ejecutado una semana más tarde.
Los documentos oficiales van fijando un patrón de la fabricación: desde enero, la FGR ya tenía el nombre, domicilio e identificación de Juan Carlos Fuentes. En diciembre apareció una nueva entrevista atribuida a la misma persona, sin identificación ni firma clara, que incorporó señalamientos sobre armas y detonaciones que Fuentes niega haber hecho.
Un cateo por narcóticos termina en cartuchos
El 17 de diciembre de 2025 fue autorizado el cateo sobre la residencia de Punta Pescadero y la FGR lo ejecutó al día siguiente.
La información difundida después del operativo señaló que la intervención se había originado en una denuncia anónima por un probable delito contra la salud. Según esa versión, "un hombre extranjero vendía narcóticos en Punta Pescadero" y el Ministerio Público reunió los datos necesarios para solicitar la autorización judicial.
Documentos ministeriales elaborados posteriormente describen la misma carpeta como una investigación relacionada con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. La divergencia aparece incluso dentro de un mismo documento de la FGR. El citatorio con el que el Ministerio Público solicitó el 2 de febrero de 2026 la audiencia inicial de William Bush señala en sus primeras páginas que la acción penal se ejercía por posesión de cartuchos. En otra página del mismo archivo aparece, sin embargo, el artículo 476 de la Ley General de Salud, relativo a posesión de narcóticos con fines de comercio o suministro. La validación electrónica incorporada al documento certifica que la firma es válida y que el archivo no ha sido alterado.
El resultado de la diligencia quedó asentado en las actuaciones de la propia Fiscalía: no fueron localizados narcóticos. Los agentes encontraron 17 cartuchos.
El inventario registró once con la inscripción “9MM AGUILA”, cinco más de la misma marca y uno deteriorado. La FGR individualizó las municiones y aseguró la residencia completa, aunque los documentos revisados no contienen un inventario equivalente de los muebles, equipos y pertenencias que quedaron dentro de la vivienda cuando fueron colocados los sellos.
A partir de ese hallazgo se abrió la causa penal CP 25/2026, por posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Bush afirma que desconocía la existencia de esas municiones y que no se encontraba en el inmueble cuando se realizó el cateo. Sostiene que ninguna evidencia lo ubica comprándolas, manipulándolas o colocándolas dentro de la vivienda. También relató a Los Ángeles Press que Juan Carlos Fuentes le dijo que los cartuchos habían sido plantados.
Bush denunció daños semanas después del cateo
El 17 de enero de 2026, Bush escribió a funcionarios de la FGR y del Centro de Justicia Penal Federal para solicitar el informe completo del cateo y una copia de la orden judicial que autorizó la entrada a la residencia.
En ese mismo correo reportó daños dentro de la casa y la desaparición de bienes, además de preguntar qué autoridad debía responder por la intervención policial y militar realizada en Punta Pescadero.
La vivienda permanecía bajo control de las autoridades cuando, el 31 de enero, agentes federales encontraron a Bush dentro de la residencia y lo detuvieron. El episodio dio origen a la carpeta FED/BCS/LPZ/0000066/2026 y a la causa penal CP 24/2026.
El recurso de apelación presentado posteriormente por la propia FGR dejó asentado que los agentes habían acudido al inmueble porque los sellos ya no estaban colocados y pretendían reinstalarlos.
El juez que revisó la detención la declaró ilegal. Durante la audiencia señaló que la autoridad responsable de asegurar un inmueble debía establecer controles efectivos para preservarlo y cuestionó que pudiera sostenerse una flagrancia cuando los sellos exteriores no estaban colocados y el resguardo dependía de la propia Fiscalía.
La FGR recurrió esa resolución.
Meses después, William denunció que policías habían ingresado y permanecido dentro de la casa, utilizado sofás, cocina, refrigeradores y otros bienes, además de daños y objetos faltantes. En su denuncia pidió recuperar bitácoras, registros de acceso, inventarios, llaves, fotografías y los nombres de los agentes encargados de la vigilancia.
“Cinco acusaciones penales, todas una mierda, agotaron mis recursos. Usaron una investigación falsificada como pretexto para apoderarse de mi residencia y después destrozaron mi casa. Los policías acampaban y dormían dentro, usaban mi cocina, los baños y dormían en mis sofás mientras afirmaban que estaba sellada y bajo protección federal”, relató Bush.
La advertencia del juez adquirió entonces otra dimensión: la misma autoridad que había asegurado la residencia tenía también la obligación de protegerla.
El aseguramiento cambia de expediente
El 4 de marzo de 2026, la FGR decretó otro aseguramiento de la residencia dentro de la carpeta 0503/2024, correspondiente al despojo. La casa fue definida como supuesto objeto e instrumento del delito y se ordenó conservarla para evitar su alteración, ocultamiento o destrucción.
El 6 de abril, el fiscal Luis Alberto Vázquez López informó que ya no quedaban diligencias pendientes respecto del inmueble dentro de 0926/2025, la investigación del cateo y los cartuchos. En el mismo acto puso la residencia a disposición de la fiscalía que llevaba el expediente por despojo.
Once días después se dictó la no vinculación en CP 77. La impugnación de la FGR tampoco modificó ese resultado. El Tribunal Colegiado confirmó la decisión y CP 77 fue archivada el 29 de mayo.
La situación material de la casa permaneció intacta.
Los documentos revisados no muestran una entrega de la residencia a William, un inventario integral de salida o un nuevo acto de restitución después del cierre de la causa. La FGR reconoció en mayo que la vivienda continuaba bajo su disposición y con sellos. En el mismo periodo sostuvo que no tenía formalmente asegurados bienes personales de Bush.
Oficio EIL-LPZ-E2C3-411/2026, firmado el 6 de abril de 2026 por el fiscal Luis Alberto Vázquez López, en el que la FGR señaló que ya no quedaban diligencias pendientes sobre el inmueble en la carpeta 0926/2025 y lo dejó a disposición de la fiscalía que investigaba el supuesto despojo. El documento también confirma que la residencia permanecía bajo vigilancia de la Policía Estatal Preventiva.
“Hubo cientos de miles de dólares en robos de la propiedad mientras estaba bajo control de la FGR”, afirmó Bush. La carpeta 0503/2024 volvió a tribunales el 14 de julio de 2026.
La nueva causa fue registrada como CP 145/2026 y reconoció como antecedentes CP 15 y CP 77.
Bush pidió nuevamente la devolución del inmueble, la elaboración de un inventario y una revisión del aseguramiento. El 10 de agosto, el juez consideró que carecía de competencia para revisar la negativa del Ministerio Público a restituir la propiedad. Bush interpuso recurso de apelación.
La misma carpeta de despojo había producido ya tres causas penales.
El cateo había dejado toda la residencia bajo control de la FGR. La desaparición de los sellos llevó semanas después a otra intervención y a la detención de William dentro de la casa, que un juez declaró ilegal al cuestionar las condiciones de resguardo. El inmueble continuó bajo custodia estatal, primero vinculado con la investigación de armas y después con la carpeta por despojo. Esa acusación terminó en no vinculación, fue confirmada en apelación y llegó al archivo definitivo, pero la restricción sobre la propiedad permaneció. Durante ese periodo William denunció ingresos de policías, uso de la vivienda, daños y bienes faltantes.
La amenaza de prisión llega por los 17 cartuchos
La causa que mantiene ahora a William Bush bajo amenaza de prisión es la CP 25/2026.
Esa causa había sido impulsada formalmente desde el 2 de febrero de 2026 mediante una solicitud de audiencia inicial sin detenido, en la que la FGR ejerció acción penal por posesión de cartuchos.
Bush dijo a Los Ángeles Press que el fiscal encargado del expediente le propuso asumir responsabilidad por las municiones a cambio de una salida que evitara la cárcel. Según su testimonio, el funcionario también le manifestó que tendría problemas personales si retiraba la acusación.
Pocos días antes del 28 de agosto, un juez de La Paz había autorizado a William viajar temporalmente a Estados Unidos por motivos laborales y la Fiscalía no manifestó oposición. Después recibió la advertencia de que podía enfrentar prisión preventiva dentro de la misma causa.
El proceso por los cartuchos se desprende del cateo que públicamente fue presentado como parte de una investigación por venta de narcóticos. Los agentes no encontraron droga. Entre las entrevistas que precedieron a la intervención aparece la atribuida a Juan Carlos Fuentes, donde se afirma que vio a William armado y escuchó detonaciones procedentes de la propiedad. Fuentes niega haber hecho esas declaraciones y el agente que levantó el documento ya tenía desde meses antes su nombre, domicilio, ocupación e identificación.
Para ese momento, la acusación por despojo había sido rechazada por un juez federal y confirmada en apelación, mientras que la detención de William dentro de la residencia había sido declarada ilegal. La casa continuó asegurada y vinculada con distintas carpetas abiertas por la propia Fiscalía.
La causa por los 17 cartuchos mantiene abierta la posibilidad de encarcelar a William Bush. La FGR tendrá que explicar qué dato acredita que esas municiones estaban bajo su posesión y qué elementos presentó ante el juez para obtener la orden de cateo que permitió ingresar a la vivienda donde fueron encontradas.
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Si cuenta con información, documentos o antecedentes relacionados con este caso, puede escribir de manera confidencial a info@losangelespress.org.
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