Daniel Lee Miércoles, 16 de Septiembre del 2026, 01:27
La protección de la niñez migrante exige alojamiento seguro, atención médica, continuidad educativa y apoyo a las familias durante el tránsito, retorno o permanencia.
Por Daniel Lee
La niñez migrante no enfrenta un solo riesgo, sino una cadena de vulnerabilidades que se acumulan durante todo el trayecto. UNICEF confirma que niñas, niños y adolescentes representan alrededor de una cuarta parte de las personas en movimiento en América Latina y el Caribe, una proporción excepcionalmente alta a escala mundial
Y para ponerlo en perspectiva, no se trata de una realidad marginal. Miles de menores recorren cada año una ruta marcada por la violencia, el hambre, la separación familiar, la falta de atención médica y la interrupción de sus estudios.
Para muchas familias, el camino hacia el norte comienza en Sudamérica, atraviesa Colombia, se interna en el Tapón del Darién y continúa por Centroamérica hasta llegar a México. Cada frontera agrega nuevos riesgos, pero también revela una misma falla: los sistemas de protección no siempre acompañan a la infancia durante todo el recorrido.
El Darién representa uno de los puntos más extremos. Cerca de 100 mil niñas y niños cruzaron esa selva durante 2023, frente a 40 mil en 2022 y 29 mil en 2021, de acuerdo con el estudio Infancias en movilidad humana, de Ayuda en Acción y el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes.
Pero detrás de esas cifras hay historias concretas: menores que caminan durante días en condiciones extremas, familias que carecen de alimentos y atención sanitaria, niños que dejan de estudiar y adolescentes expuestos a violencia, explotación y discriminación. Algunos realizan parte del trayecto sin la compañía de sus padres o de otro adulto responsable.
El problema no termina cuando dejan atrás la selva. En Centroamérica, la movilidad también se cruza con el retorno. El Salvador recibió en 2023 a 13 mil 357 personas retornadas, entre ellas 2 mil 89 niñas, niños y adolescentes acompañados y 464 no acompañados. Esto demuestra que la infancia puede enfrentar diferentes escenarios dentro de una misma crisis: migrar, ser retornada, intentar nuevamente el desplazamiento o permanecer temporalmente en otro país.
México agrega otra dimensión. Ya no puede ser considerado únicamente territorio de paso. Es, al mismo tiempo, país de origen, tránsito, destino, retorno y permanencia. Para muchas familias, la espera se prolonga durante semanas o meses, mientras enfrentan dificultades para conseguir alojamiento, documentación, ingresos, educación y servicios de salud.
Es precisamente durante esas esperas cuando la protección debe ser más sólida.
El modelo de Casas de Transición de Ayuda en Acción, presente en Ciudad de México, San Luis Potosí y Tijuana, plantea una respuesta que va más allá de la asistencia inmediata. Ofrece alojamiento temporal, atención psicológica, orientación jurídica, gestión de casos, ayuda humanitaria y vinculación educativa. También incorpora capacitación y empleabilidad para madres, padres y otras personas cuidadoras.
La estrategia parte de una realidad elemental: proteger a un niño también significa fortalecer a la familia que lo sostiene. Sin ingresos, vivienda segura, documentos y posibilidades de incorporarse a la comunidad, cualquier apoyo a la infancia corre el riesgo de ser solamente temporal.
La respuesta, sin embargo, no puede descansar exclusivamente en organizaciones sociales. Los gobiernos tienen obligaciones que no pueden delegarse. La educación debe garantizar continuidad; los servicios de salud deben atender sin discriminación; los mecanismos de documentación y protección deben ser accesibles; y las autoridades deben prevenir violencia, explotación y separación familiar.
También hay una responsabilidad social que suele quedar en segundo plano. Los espacios culturales, deportivos y educativos pueden convertirse en lugares de protección y convivencia, particularmente durante las largas esperas. No se trata de entretenimiento: recuperar el derecho a jugar, aprender, crear y participar también es una forma de protección.
La discusión debe cambiar de enfoque. Una niña migrante no puede ser reducida a una estadística fronteriza; un adolescente retornado no es simplemente un expediente; una familia solicitante de asilo no es un problema administrativo.
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