La audiencia sobre violencia vicaria reunió denuncias sobre la actuación de fiscalías, tribunales y otras instituciones del Estado mexicano.
Los Ángeles Press
Ciudad de México.— Organizaciones civiles denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la violencia vicaria en México se sostiene mediante omisiones, resoluciones judiciales, actuaciones ministeriales y peritajes que terminan favoreciendo a los agresores y prolongando la separación entre madres, hijas e hijos.
La audiencia se realizó durante el 196.º Periodo de Sesiones de la CIDH y fue la primera dedicada a este fenómeno dentro del Sistema Interamericano. Participaron la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, Mujeres México, Justicia para Madres e Infancias y Madres Libertarias.
Las organizaciones definieron la violencia vicaria como una forma de violencia de género en la que el agresor utiliza a hijas, hijos o personas cercanas a una mujer para causarle daño. Advirtieron que tratar estos casos como conflictos familiares impide reconocer el riesgo y aplicar las obligaciones reforzadas de protección previstas en la Convención de Belém do Pará.
El documento presentado ante la CIDH señala que el aparato de justicia puede convertirse en parte del mecanismo de agresión. Procedimientos paralelos, diferimientos, órdenes de convivencia incumplidas, peritajes basados en la denominada alienación parental y carpetas abiertas contra las madres denunciantes prolongan el daño bajo actos formalmente válidos.
Las peticionarias documentaron casos de madres que llevan seis años o más sin contacto con sus hijas e hijos, pese a contar con resoluciones judiciales favorables que las autoridades no han ejecutado. Sostuvieron que esa separación prolongada, agravada por la intervención o la omisión institucional, puede alcanzar el umbral de trato cruel e inhumano.
México carece de un registro nacional
El Estado mexicano no cuenta con un sistema oficial y unificado que permita conocer cuántas mujeres, niñas, niños y adolescentes viven violencia vicaria. La ausencia de datos impide medir el fenómeno, diseñar políticas públicas y evaluar el alcance de la reforma federal publicada en 2024.
El Frente Nacional contra la Violencia Vicaria había documentado, hasta marzo de 2026, 5 mil 286 casos de mujeres y aproximadamente 11 mil 100 niñas, niños y adolescentes afectados. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó el acompañamiento de 150 mujeres durante 2022, cifra que no ha sido actualizada.
Las organizaciones señalaron que la diferencia entre ambas cifras refleja la inexistencia de un sistema estatal capaz de registrar, comparar y dar seguimiento a las denuncias.
Madres denunciantes enfrentan procesos penales
La intervención también documentó el uso del sistema penal contra las propias víctimas. Más del 90 por ciento de las madres integradas al Frente Nacional contra la Violencia Vicaria está o ha estado sujeta a una denuncia penal; el 88 por ciento enfrenta procedimientos iniciados por el agresor y el 57 por ciento fue denunciado por violencia familiar, con consecuencias directas sobre la guarda y custodia.
El 62 por ciento identificó pruebas simuladas y el 71 por ciento reportó violencia institucional. Para las organizaciones, la inversión de los papeles entre víctima y agresor deja de ser una estrategia discursiva cuando fiscalías y tribunales admiten y tramitan esas denuncias.
La falta de una definición penal precisa también ha permitido que la figura de violencia vicaria sea utilizada contra mujeres. En enero de 2026, una madre fue vinculada a proceso en Coahuila pese a conservar la guarda y custodia de sus hijos por decisión de un juez familiar.
Durante este año también se documentó la anulación de carpetas en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la exclusión de hechos relacionados con la retención de menores y el incumplimiento alimentario, además de la descalificación de denunciantes como “madres problemáticas”.
Niñas y niños son víctimas directas
La violencia vicaria no produce únicamente un daño indirecto contra la madre. Las niñas, niños y adolescentes sufren afectaciones propias, entre ellas ansiedad, depresión, abuso físico o psicológico y, en los casos extremos, la muerte a manos del progenitor agresor.
Las organizaciones cuestionaron que el principio del interés superior de la niñez sea utilizado para justificar separaciones basadas en la denominada alienación parental, un concepto sin validez científica consolidada que ha sido rechazado por organismos internacionales.
También señalaron que niñas, niños y adolescentes no siempre son escuchados de manera directa, especializada y libre de presiones durante los procesos de custodia. El principio destinado a protegerlos termina convertido en fundamento formal de decisiones que los mantienen separados de sus madres.
La reforma federal mantiene vacíos
La reforma publicada el 17 de enero de 2024 no creó un delito autónomo de violencia vicaria. El Código Penal Federal únicamente aumentó las penas previstas para la violencia familiar cuando esta se comete por interpósita persona. La conducta continúa sin una descripción propia ni elementos objetivos y subjetivos claramente definidos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó esa redacción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En octubre de 2025, el pleno validó las disposiciones, pero exhortó al Congreso de la Unión a precisar los elementos de la conducta y considerar su tipificación como delito autónomo. Más de nueve meses después, el documento presentado ante la CIDH no registra una reforma aprobada para atender ese exhorto.
La protección también cambia según la entidad federativa. En el Estado de México, la violencia vicaria está tipificada como delito con una pena de cuatro a ocho años. Otras legislaciones utilizan definiciones neutras que han permitido presentar acusaciones contra mujeres, por lo que la respuesta judicial depende del lugar de residencia.
Organizaciones piden seguimiento de la CIDH
Las peticionarias solicitaron a la CIDH fijar estándares interamericanos específicos para la violencia vicaria y reconocerla como una modalidad autónoma de violencia de género.
También pidieron información verificable al Estado mexicano sobre carpetas de investigación, vinculaciones a proceso, sentencias, mujeres denunciadas por sus agresores, protocolos de evaluación de riesgo y presupuesto destinado a atender estos casos.
La intervención planteó la creación de un registro nacional público, la armonización de las leyes estatales, el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como víctimas directas y la prohibición expresa de la alienación parental en procedimientos judiciales, ministeriales y periciales.
Las organizaciones solicitaron además una reunión de seguimiento con el Estado mexicano durante el próximo periodo de sesiones de la Comisión. Advirtieron que la audiencia no debe cerrar el expediente ni dejar nuevamente a las madres frente a procesos judiciales que se prolongan durante años sin restituir el vínculo con sus hijas e hijos.