
Ignacio García Martes, 21 de Diciembre del 2021
La Contraloría del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) desechó la queja que interpuso Alejandro Garduño Real, ex defensor público de Jacobo Tagle Dobín, contra el titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), Netzaí Sandoval Ballesteros, por diferentes delitos cometidos durante su gestión como nepotismo, tortura, privación de la libertad y tráfico de influencias al considerar que no hubo elementos suficientes para acreditar la comisión de los mismos.
A través del documento enviado por Arely Gómez González, contralora del CJF, el pasado 24 de noviembre, el organismo del Poder Judicial de la Federación determinó desechar la queja administrativa, debido a que no hay imputación que permita comprobar la probable responsabilidad administrativa en contra de Netzaí Sandoval y sus colaboradores.
El abogado defensor inició una queja ante la CFJ para que se iniciara una investigación contra Sandoval Ballesteros, hermano de la ex titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, debido a que incurrió en una serie de delitos durante su encargo al frente del Instituto Nacional de la Defensoría Pública, así como a los integrantes de la Junta Directiva del IFDP.
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De acuerdo con el jurista, no se emitieron convocatorias públicas para renovar a los defensores públicos en la institución como parte del servicio profesional de carrera y únicamente se seleccionaron a personas con parentesco con el titular del organismo y varios trabajadores con antigüedad fueron despedidos, además de que los obligaron torturándolos para firmar sus cartas de renuncias.
En el mismo expediente que interpuso el abogado se muestra que dentro del IFDP se cometieron actos de nepotismo al colocar a familiares de Netzaí y sus colaboradores más cercanos en la institución, lo que, afirmó, se tratan de actos de corrupción que el Poder Judicial de la Federación que encabeza el ministro presidente, Arturo Zaldívar, ha reprobado.
Sin embargo, pese a que el abogado anexó una serie de pruebas que demostraron las irregularidades cometidas por Netzaí Sandoval Ballesteros, el órgano interno del CJF determinó que no existían los elementos suficientes de índole administrativo para comprobar que se habían cometido actos de nepotismo, así como tráfico de influencias y tortura contra los trabajadores.
El abogado Alejandro Garduño Real es el ex defensor legal de Jacobo Tagle Dobín, víctima del caso Wallace, y de Francisco García Medel, víctima del caso Martí, por lo que en la actualidad está en proceso de asilo político por atentado con armas de fuego y amenazas.
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