En Veracruz, las familias de víctimas denuncian fallas en las investigaciones, atención insuficiente y abandono de menores tras los feminicidios.
Por Livia Díaz
Escribo en la lluvia de Xalapa que no limpia las calles, sólo vuelve el aire más denso. Imagino que también a la Fiscalía General del Estado le quita el sueño. Que las luces fluorescentes zumbaban con un ritmo monótono sobre una mesa de metal desgastado; que, sobre la mesa, las carpetas que el sistema archiva y va a clasificar con números de expediente resguardan historias de vidas.
En la Plaza Lerdo o Regina, en el corazón de Veracruz, el día 9 hubo gritos de protesta de las colectivas. A unos metros, en el parque Juárez, hacía unas horas docenas de mujeres de Veracruz y Puebla hicieron pegatina de carteles de búsqueda de sus desaparecidos.
Creo que los pensamientos resuenan contra las ventanas en este frío noviembre de 2026. Hoy me parece menos muerto que ayer, pero este monstruo que destruye con su maquinaria infernal parece imparable. En medio del mármol y las luces, las calaveras gigantes pintadas como alebrijes escurren sangre maloliente; las muertas se salen de sus tumbas y todo lo afectan. Pero la mayoría ya no ve, ni siente, ni se conduele. En redes están escribiendo infamias contra una jovencita que aún no se inhuma y ya le están echando paletadas de tierra. Con el anonimato de juego permitido por esta sociedad que no prevé. No guardan para mañana la compostura necesaria para garantizar su sobrevivencia y la de sus familias.
Sobre la mesa, decía, pienso que hay tres fotografías de formato oficial que observan el techo. Los informes oficiales del Gobierno hablan de veintitrés feminicidios en lo que iba del año. Sin embargo, los reportes independientes acumulados al borde del escritorio revelan la cifra real de la calle: casi cuarenta mujeres que no van a volver.
¿Y los hijos que dejaron huérfanos?
En la realidad de nuestras calles veracruzanas, el dato oficial rara vez se sostiene cuando se contrasta con el dolor de las familias. Desde el norte, en Poza Rica, hasta el centro, en Xalapa, quienes nos dedicamos a informar en este pedazo de papel o en portales independientes sabemos que detrás de los veintitrés casos oficiales hay una asamblea permanente de colectivas independientes y de abuelas buscando cuerpos.
El Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana documenta metodológicamente que el feminicidio camina de la mano con la desaparición; no son expedientes separados en una oficina con aire acondicionado, son vecinas, estudiantes y compañeras cuyas muertes se intentan ocultar bajo carpetas mal integradas por agencias locales del Ministerio Público que evaden aplicar los protocolos de género.
El primer expediente abierto es el de Danna Itzel Díaz. Tenía veintitrés años y una mirada brillante capturada a mitad de una sonrisa. La joven modelo y estudiante de diseño gráfico es hallada sin vida el sábado 7 de noviembre de 2026 en Xalapa. El presunto homicida, su expareja Kevin Alberto “N”, duerme en una celda preventiva bajo un cargo menor de delitos contra la salud; un tecnicismo burocrático para ganar tiempo mientras la marcha del lunes 9 paraliza el centro de la ciudad exigiendo justicia.
Al lado, el reporte de Coatzacoalcos suma más peso a la mesa. Darla Karina Báez Cruz, de veinticinco años, es localizada sin vida con múltiples heridas de arma blanca el miércoles 4 de noviembre en el fraccionamiento Villas de Santa Martha. En la carpeta consta la frialdad del agresor, quien primero niega los hechos en televisión abierta antes de entregarse cercado por las evidencias.
El caso más estremecedor del mes ocupa el centro de la mesa: el de la doctora Cristina Ramos Argüello. A sus treinta y un años, la cirujana del IMSS e ISSSTE fue brutalmente asesinada a puñaladas a mediados de octubre dentro de su propio departamento, tras salir de una cirugía. El principal sospechoso, su expareja Lenin “N”, continúa prófugo, dejando al gremio médico en pie de guerra.
Un nuevo fajo de hojas se sumó al montón: la vinculación a proceso de Rodrigo “N” por el feminicidio del lunes 9 de noviembre en la zona centro de Coatzacoalcos, donde el implicado invade la vivienda de la víctima para matarla a golpes.
Los vacíos de estas hojas ministeriales los llenan a gritos de las madres que ayer colmaron la plaza en Xalapa y las carreteras de la entidad. Mientras los fiscales se escudan en cambios de personal —como el reciente nombramiento de Denisse Moreno Córdova en la Fiscalía de Desaparecidos, apenas este 1 de noviembre—, el colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz exhibe en la calle la cifra real que la burocracia dilata: buscan activamente a más de 90 personas desaparecidas en el estado, concentrando 18 de ellas sólo en la zona piñera. Estiman que son 60 las desaparecidas.
El carpetazo y la lentitud institucional obligaron a las familias a tomar las sedes regionales de Córdoba y Orizaba la semana pasada, arrancando a la fiscal general, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, una promesa de audiencia en Xalapa para este próximo 18 de noviembre. Las buscadoras demuestran que detrás de cada feminicidio no investigado hay un rastro de impunidad que cruza fronteras, como el caso de Adriana Zavala, quien ayer protesta en Xalapa denunciando que la Fiscalía veracruzana se niega a cooperar en la búsqueda de su hijo desaparecido.
Debajo de los nombres de las víctimas, la mesa de la fiscalía oculta el dato más doloroso: las infancias mutiladas. En ese último caso de Coatzacoalcos, los vecinos —dijeron— que tenían que tapar los oídos de los niños para que no escucharan los gritos de su madre mientras moría. Unas carpetas más abajo, el registro de Noemí del Carmen —atropellada por su pareja— mostraba el destino de sus dos hijos pequeños, quienes se quedaron preguntando por qué su mamá ya no iba a despertar.
En Veracruz, en el registro histórico acumulado desde 2015 hasta este cierre de 2026, la cifra de menores huérfanos por violencia feminicida ya supera los tres mil. Tres mil cuatrocientos niños en el completo abandono institucional. Mientras las autoridades cuentan cuerpos en la morgue, allá afuera, a lo largo de esos once años de registros deficientes, miles de niños cuentan los días esperando que su mamá cruce la puerta. Una espera que nunca iba a terminar. Esos niños aprenden a crecer con miedo bajo el cuidado, quizá, de abuelas cansadas que exigen justicia con las pocas fuerzas que les quedan, invisibles para las estadísticas del Estado.
Contar los cuerpos es el trabajo de la morgue, pero contar las infancias rotas es la deuda moral de este estado. Al revisar el registro acumulado de 2015 a 2026, lo que encontramos es la simulación institucional ante las Alertas de Violencia de Género. El fondo financiero que mandata la CONAVIM para la atención integral de los huérfanos en los 11 municipios prioritarios no aterriza debido a la falta de armonización de las reglas de operación locales. El 82 por ciento de estas criaturas quedan flotando en el limbo legal, creciendo con el peso de la ausencia mientras las familias extienden las manos vacías. La emergencia no se repara con discursos en los palacios de gobierno, se repara atendiendo la realidad de los hogares que quedan mutilados.
Junto a las actas de defunción, los documentos de la Alerta de Violencia de Género parecen letra muerta. Los papeles demuestran que las luminarias siguen fundidas en Poza Rica y Veracruz, los patrullajes preventivos son simulaciones temporales y los hospitales siguen poniendo trabas burocráticas para no aplicar la NOM-046 en casos de violación, obligando a las niñas a parir el trauma de sus agresores. En Xalapa no han colocado un sólo botón de pánico.
La reciente reforma de octubre para crear la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia de Género es sólo un intento urgente por rescatar un sistema colapsado.
En los hospitales de nuestras regiones de Veracruz, la normativa de salud pública choca de frente con el prejuicio y la burocracia local. La NOM-046 obliga a garantizar el auxilio médico inmediato y la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, sin requerir un calvario judicial previo. Sin embargo, colectivas locales denuncian que se recurre sistemáticamente a la objeción de conciencia para dilatar los tiempos y negar la atención integral a las víctimas. Las reformas constitucionales que aprueba el Congreso de Veracruz son letra en el papel si no se desmantela la negligencia cotidiana de quienes operan las ventanillas, las fiscalías y las salas de urgencias.
¿Serán mujeres o serán hienas? —Me pregunto—. Las luces de la oficina se apagan al final de la jornada. Sobre la mesa de la fiscalía, bajo la penumbra, los expedientes se quedan esperando. Mientras tanto, abajo en la calle, el humo de las bengalas moradas tiñe el cielo gris de Xalapa, recordando que la batalla por la memoria de las madres y el futuro de sus hijos apenas comienza.
Para que la muerte violenta de una mujer adquiera el nombre de feminicidio en Veracruz, el Código Penal exige acreditar razones de género muy específicas: signos de violencia sexual, mutilaciones o necrofilia, antecedentes de violencia familiar o comunitaria, amenazas previas, incomunicación de la víctima o la exhibición del cuerpo en un espacio público. El gran muro burocrático, la razón por la cual la alerta de género no da resultados, es que la fiscalía prefiere registrar los expedientes como homicidios dolosos bajo el argumento de que “no se cumplen” estas razones de género desde las primeras horas. ¡Pues que las cambien!
Al archivar los crímenes como pleitos comunes, delincuencia organizada o tragedias pasionales, las autoridades maquillan los números. Esto alimenta la cifra negra, ese pozo sin fondo estimado por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). En territorio veracruzano, la cifra negra de delitos de género supera el 93%; un porcentaje invisible de agresiones, abusos y muertes brutales que ni los patrullajes ni los palacios de justicia llegan a registrar jamás, borrando el calvario de miles de mujeres del mapa de la legalidad.
Colofón: Esta barbarie no termina en el panteón ni con el carpetazo ministerial. Al contrario, el dolor se recrudece y se extiende como una mancha de aceite sobre las mujeres sobrevivientes que se quedan a sostener los escombros de las familias mutiladas. Son las hijas mayores que deben madurar de golpe, las madres rotas, las abuelas cansadas, las hermanas, las tías. Son ellas quienes, en la intimidad de los hogares abandonados por el Estado, se hacen cargo de todo: de criar, de alimentar, de sanar traumas y de limpiar lágrimas ajenas mientras sepultan las propias. La gran mayoría de estas mujeres sobrellevan la carga con los bolsillos vacíos, sin ninguna ayuda psicológica, económica ni legal por parte de las instituciones. Convertidas a la fuerza en el único refugio de las infancias huérfanas, las sobrevivientes demuestran que en Veracruz la violencia de género no sólo arranca vidas, sino que condena a las que se quedan a una resistencia silenciosa, precarizada y absolutamente solitaria.
Números de Emergencias: 075 y 911
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