Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, 17 años de denuncias contra la represión del Estado mexicano

Por Ignacio García

En el marco del Día Internacional Contra la Tortura, integrantes del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, asociación civil que celebra 17 años de existencia para erradicar estas prácticas, denunciaron que el Estado mexicano ha incurrido en la tortura como un método de represión a las personas de extractos socioeconómicos bajos y luchadores sociales.

Enrique Guerrero, académico y defensor de los derechos humanos, quien vivió en carne propia la tortura y la prisión injusta en el gobierno de Enrique Peña Nieto, señaló que el gobierno federal ha incurrido en actos de violencia permanentes contra las personas que protestan contra las injusticias cometidas por distintos servidores públicos, por lo que recordó que la detención arbitraria se ha convertido una práctica normalizada por parte de las corporaciones policiacas.

El activista refirió que las policías de todo el país han actuado en contubernio con el Poder Judicial al homologar los trámites de la detención ilegal de personas simulando un ejercicio de aprehensión real, por lo que también los jueces han convalidado las versiones policiacas, solapando los actos de tortura.

«En México, se tortura a inocentes y culpables, y la Suprema corte de Justicia de la Nación -fiel a su sistema inquisitorial- opta por reponer procedimientos en vez de anular sentencias de confesiones por tortura«, apuntó Enrique Guerrero, quien desde la prisión ayudó a la liberación de otros internos.

Por su parte, Ángeles Hernández, presa durante diez años por ser luchadora social y víctima de tortura, recordó que fue privada de su libertad con tortura física y psicológica el 29 de noviembre de 2008, cuando fue expulsada de forma excesiva de violencia por paramilitares que la acusaron de ser integrante del crimen organizado, mientras sus hijos menores de edad quedaron en el desamparo, por lo que después de una década recordó que ha sido afectada por los efectos de la tortura que recibió.

Hernández hizo énfasis que gracias al Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad ha podido sobrellevar las secuelas que le dejó una sentencia de 107 años de prisión y la tortura para que firmara hojas en blanco.

En tanto, Raymundo Díaz Taboada, activista defensor de los derechos humanos, expresó que el uso de la fuerza del Estado en contra de la población ha incrementado, por lo que enumeró diferentes actos de represión contra los normalistas en Guerrero, así como a diferentes colectivos y representantes de organizaciones de los derechos humanos.

Asimismo, los defensores de derechos humanos enfatizaron que este tipo de acciones continúan en los ayuntamientos y los gobiernos estatales, donde los policías actúan de forma desproporcionada contra la población que se manifiesta y por ello la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha documentado todos estos incidentes sin resolución.