Hazael Sayavedra Miércoles, 11 de Noviembre del 2026, 02:05
Tecate enfrenta cuestionamientos por contratos públicos, violencia creciente y vínculos empresariales que investigaciones periodísticas y sanciones de Washington han puesto bajo escrutinio.
Por Hazael SayavedraParte 1 de 3
Tecate pasó de Pueblo Mágico a pueblo de terror: masacres, policías que cambian de nombre sin cambiar de fondo y una ciudad que aprendió a contar muertos. En medio de esa crisis, el 29 de septiembre, el Tesoro de Estados Unidos sancionó a una red que, según Washington, lava dinero para Los Mayos. En ese boletín apareció un nombre que en Tecate no es ajeno: Marco Antonio Moreno Gómez Santelices. Hoy no vengo a repetir el boletín. Vengo a abrir la factura: qué le compró el Ayuntamiento a esa red, cómo la trató el alcalde y qué hizo el Palacio mientras la ciudad enterraba a los suyos.
Primero, la regla de siempre, porque en este oficio la precisión no es cortesía: una sanción de la OFAC es una medida administrativa de otro gobierno, no una sentencia mexicana. Santelices no ha sido juzgado por nada en México. El alcalde Román Cota no tiene acusación formal. Lo que sigue son contratos, declaraciones públicas y fotos. Lo demás, si lo hay, lo marco como lo que es.
Mientras contábamos muertos
El hilo de esta historia no es un contrato. Es la sangre. A finales de octubre asesinaron a cuatro integrantes de una familia en El Escorial y, horas después, a una agente antisecuestros. Semanario Zeta llevaba contados 153 homicidios al 26 de octubre. El 31 arrancó “Unidos por Tecate”: más de 500 elementos del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la SSPC, la FGR y la Fiscalía estatal. Una semana después, según Punto Norte, no se reportaban detenciones ni resultados importantes. Y horas antes del Quinto Informe de la gobernadora, el 7 de noviembre, dos hombres y una mujer fueron acribillados con armas largas en una casa de la colonia Los Encinos.
Ese mismo día, en el Teatro del Estado, el alcalde respondió a la prensa con una frase que debería enmarcarse en la entrada del Palacio: “Hay registros de años donde hemos alcanzado los 200 homicidios”. Y, para que no se le acusara de frialdad, añadió: “No es una competencia”. Tiene razón. Si fuera competencia, Tecate ya habría ganado algo. Días antes había explicado la crisis como “un problema de seguridad nacional”. Traducción libre: el problema es de todos, menos del que gobierna.
En julio balearon a la regidora morenista María Quijada junto con su esposo, Jesús Pereida. Él murió. Ella se refugió en Estados Unidos. No hay atribución oficial del motivo y no le voy a inventar uno. Pero cuando una integrante del Cabildo tiene que cruzar la línea para seguir viva, el Cabildo ya no gobierna con normalidad. Gobierna con miedo.
Lo que compró el Ayuntamiento
Con ese telón, vamos a las compras. En 2025, el Ayuntamiento de Tecate arrendó cuatro vehículos tipo patrulla a Inteliproof Efficient por 3 millones 542 mil 400 pesos, contrato TECATE-C-DAD-ADQ-DSCYTM-005-2025, documentado por varios medios. Inteliproof es una de las diez empresas que el Tesoro atribuye a Santelices.
Detengámonos en la ironía, que no es acusación, sino aritmética. La Fiscalía estatal documentó en junio que policías municipales de Tecate le pasaban pitazos al CJNG. Esa misma policía patrullaba, al menos en parte, en unidades rentadas a una empresa que Washington liga a Los Mayos, enemigos jurados del CJNG. No digo que una cosa explique la otra. Digo que ni el crimen organizado tiene tan desorganizado el organigrama.
Segundo contrato: Private Equity Baja, otra de las diez. El 31 de enero de 2025, un día después de que el tesorero municipal lo solicitara, el Comité de Compras aprobó una adjudicación directa por excepción a licitación: 350 mil pesos más IVA por “asesoría y consultoría jurídica, fiscal, contable y administrativa”, contrato C-DAD-ADQ-TM-002-2025, partida 33101, pago en una sola exhibición. Una sociedad que se llama “Private Equity” asesorando en contabilidad a un municipio que arrastra cuentas reprobadas. Si eso es asesoría, el fondo de inversión era el municipio.
Tercer registro, el más opaco: según la Plataforma Nacional de Transparencia consigna un contrato de Tecate con Inteliproof por 2 millones 125 mil pesos bajo este concepto, que transcribo para que nadie diga que exagero: “Contrato administrativo de reconocimiento y extinción de obligaciones pendientes, con transmisión de propiedad y finiquito”. No se puede descargar. No tiene fecha precisa en lo publicado. No sé si es de esta administración o de la anterior y no lo voy a afirmar. Pero sí pregunto: ¿qué obligaciones se extinguieron?, ¿qué propiedad se transmitió?, ¿a quién?
Y el padrón. AFN encontró en el padrón de proveedores del segundo trimestre de 2026 a Inteliproof en la posición 710, a nombre del propio Santelices; a Festivales Artistas Mobiliario Asesoría en la 660, a nombre de otra persona; a Private Equity Baja, también a nombre de otra persona; y a “Wermark Publiried” en la 759, así, con el nombre mal escrito, a nombre del mismo representante de la anterior. No digo prestanombres. Para conocer la estructura de esa red hicieron falta las investigaciones periodísticas y, después, la identificación oficial de Washington.
Los Ángeles Press ya había documentado a Inteliproof, Festivales Artistas Mobiliario Asesoría y Wermark, entre otras empresas dentro de la red empresarial vinculada a Santelices, particularmente por sus contratos con los ayuntamientos de Tecate y Tijuana.
Las cifras documentadas para Tecate suman 3 millones 892 mil 400 pesos, según El Universal, y alrededor de seis millones si se agrega el registro de 2.1 millones cuya fecha no está confirmada. Mexicanos contra la Corrupción habla de más de 280 millones “en la región”. Esa cifra, que además la reproducen los medios locales, no ha sido respaldada en contratos y no la uso como hecho. Los contratos que sí existen son anteriores a la sanción, y eso también hay que decirlo: cuando se firmaron, la empresa no estaba en ninguna lista.
El contrato que se esfumó
El 1 de octubre, en su mañanera “Tecate al 100”, Cota dijo no saber si había contratos con las empresas sancionadas. El oficial mayor explicó que estaban “cotejando desde que se inició la Administración hasta el día de hoy”. Mientras tanto, el contrato de Private Equity Baja estaba publicado en el portal de transparencia del Ayuntamiento. Grupo Animal lo encontró. Y luego, según el mismo medio, después de la mañanera, el contrato desapareció del portal.
Transparencia de goma: estira para cobrar el predial y se encoge cuando pregunta la prensa. Si el contrato era legal, como afirman todos los gobiernos que lo firmaron, ¿por qué esconderlo? Lo publicado en internet deja huella. Esto se puede reconstruir y alguien debería pedirlo por transparencia antes de que también se “coteje”.
El amigo que no era amigo
“Desconozco con precisión cuáles son esos contratos”, dijo Cota el 1 de octubre. “Sé que ha sido proveedor, él como parte de las razones sociales que han tenido distintos contratos con el Gobierno de Tecate, así como lo han hecho con gobiernos de otros municipios y con el propio Gobierno del Estado”. Cuando le preguntaron si eran amigos, no contestó.
No hacía falta. El 30 de septiembre de 2025, Santelices asistió al Primer Informe del alcalde. Al día siguiente escribió en su página: “Anoche acompañé al presidente municipal de Tecate, Román Cota, en la presentación de su Primer Informe de Resultados. Tuve la oportunidad de felicitarlo por su trabajo y liderazgo”. Y remató con una frase que hoy suena a programa de gobierno: “Cuando el sector privado acompaña al gobierno local, se abre la posibilidad de alinear esfuerzos y transformar proyectos en realidades”. Publicó la foto. AFN los describe abrazándose.
Los medios aluden que Santelices fue ponente oficial de “Fondos Tecate”, el proyecto municipal para conseguir financiamiento para los bomberos, y de la conferencia “Fondos distintos de aportaciones”, junto al equipo del alcalde. El proveedor que rentaba patrullas también enseñaba a conseguir fondos. Un hombre de recursos, sin duda.
Ahora, lo que no está probado. Según testigos anónimos citados por Zeta, Santelices habría sido “partícipe y financiador” de la campaña de Cota, le habría dado una camioneta que hoy usaría la síndica procuradora y habría facilitado un avión privado. Ninguna de esas versiones viene acompañada de un documento de respaldo y, del avión, el propio semanario admite que no localizó pruebas. No las doy por ciertas. Las menciono porque circulan y porque la manera de desmentirlas es simple: que la fiscalización de la campaña de 2024, la factura de la camioneta y los registros de vuelo hablen. Mientras tanto, presunción de inocencia para todos, incluido el alcalde.
La revisión de la siguiente semana
El 1 de octubre, Cota encargó al oficial mayor, Julio Pulido, una investigación sobre los proveedores señalados. Los resultados, dijo, se darían a conocer “la siguiente semana”. El 2 de octubre emitió una instrucción formal: revisar contratos, no firmar nuevos con proveedores sancionados y turnar expedientes a los órganos de control. Bien redactada. Al 10 de noviembre, en las fuentes que revisé, no hay informe, ni rescisión anunciada, ni denuncia presentada. La siguiente semana lleva seis semanas.
Ese mismo 1 de octubre, el alcalde se registró en el proceso interno de Morena para buscar la diputación federal por el Distrito 9. Sin pedir licencia. Según Punto Norte, mientras los 500 elementos patrullaban Tecate, él recorría la Zona Este de Tijuana repartiendo propaganda. La revisión puede esperar; la boleta, no.
El 6 de noviembre, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad un exhorto para que el secretario García Harfuch intervenga en Tecate. Lo propuso una diputada de Morena, Maythé Méndez, que representa al distrito con cabecera en Tecate. Cuando tu propio partido pide que venga alguien de fuera, el mensaje no necesita traducción. La emecista Daylín García dijo que el alcalde “le falló a Tecate” y que es “una decepción”. La panista Alejandrina Corral lo describió “bien a gusto en campaña”. Y el 31 de octubre, un colectivo ciudadano comenzó a reunir firmas para pedir la revocación de su mandato.
El catastro y la sindicatura: dos expedientes más
No todo lo raro en el Palacio tiene apellido Santelices. ZETA publicó documentos de un contrato de “modernización catastral” firmado el 25 de septiembre de 2025 con CHEGAR por 84 millones 130 mil pesos más IVA. Una semana antes, la propuesta económica de la misma empresa era de 57 millones más IVA. Veintisiete millones de diferencia en siete días: ni el dólar en sus peores momentos. Una denuncia recibida por el semanario atribuye la diferencia a “moches” para integrantes del Cabildo y funcionarios. Eso nadie lo ha probado y no lo afirmo. El alcalde respondió que el contrato “no se ejecutó”, que no hubo pagos y que, si hay denuncia, “que la autoridad actúe”. Un año después, el proyecto reapareció a cargo de otra entidad, con un pago inicial de cinco millones y sin costo total anunciado.
Y la sindicatura. El 3 de julio, el general Laureano Carrillo dijo que se analizaba por qué la sindicatura había reinstalado a policías que no aprobaron los exámenes de confianza, los mismos que después fueron señalados de servir de informantes al CJNG. La síndica Saraí Osuna lo negó y desacreditó al mando militar. Una de dos: o el secretario de Seguridad miente o el órgano encargado de vigilar a los funcionarios devolvió el uniforme a quien no debía. En ambos casos, alguien le debe una explicación a Tecate.
La cuenta pendiente
Recapitulo lo que sí está documentado: patrullas rentadas a una empresa sancionada; asesoría contable comprada por adjudicación directa a otra; un registro opaco de dos millones; un padrón con la red adentro; un contrato que desaparece del portal; un proveedor que felicita en público al alcalde; una revisión prometida que no llega; un alcalde en campaña; un Congreso que pide auxilio federal; y una ciudad que cuenta muertos. Nada de eso es delito probado. Todo eso es una pregunta sin respuesta.
Las preguntas que nadie ha contestado
Son preguntas, no imputaciones. Cada una tiene destinatario.
Al alcalde Román Cota: ¿es o no es amigo de Marco Antonio Moreno Gómez Santelices? ¿Quién autorizó rentarle patrullas a Inteliproof y cuánto se le pagó en total? ¿Dónde está la revisión de proveedores que prometió para “la siguiente semana”?
Al oficial mayor, Julio Pulido: ¿qué encontró la investigación que le encargaron el 1 de octubre? ¿Por qué no se ha publicado?
Al Comité de Compras: ¿qué excepción justificó adjudicarle de forma directa a Private Equity Baja, un día después de la solicitud del tesorero? ¿Quién firmó el registro de 2.1 millones y qué se compró con él?
A la Unidad de Transparencia: ¿quién ordenó retirar el contrato del portal y por qué?
Al Cabildo: ¿quién votó el contrato de CHEGAR y cómo se explica que la propuesta subiera 27 millones en una semana?
A la síndica Saraí Osuna: ¿reinstaló o no la sindicatura a policías que reprobaron el control de confianza? ¿Cuántos fueron y quién firmó?
A la Dirección de Seguridad de Tecate: ¿cuántos de los policías señalados como informantes del CJNG siguen en la corporación? ¿Cuántos están detenidos o procesados? ¿Cuántos agentes en activo tienen hoy el control de confianza reprobado o vencido?
En un municipio donde una regidora tuvo que huir y una familia fue asesinada en su casa, gobernar también es contestar.
Tecate, sin embargo, es la sucursal chica. En la próxima entrega: la red fuera de Tecate. La Fiscalía que le compró más de 200 millones a la empresa y que, de paso, tenía a su dueño en la nómina como “reportero”; el gobierno del estado, Rosarito, Tijuana, Ensenada y hasta Sonora. Agárrense, que el mapa es más grande que el Pueblo Mágico.
