Ruffo sostiene, a través de su defensa, que era únicamente socio de la empresa y que no manejaba pedimentos ni firmas.
Los Ángeles Press
CIUDAD DE MÉXICO.— La defensa del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel solicitó a un juez federal sustituir la prisión preventiva que cumple en el penal de máxima seguridad del Altiplano por prisión domiciliaria, dentro del proceso que enfrenta por su presunta participación en una red de contrabando de combustible.
La petición se encuentra bajo revisión judicial, según informó este 21 de agosto Verónica Ruffo Sánchez, hija del exgobernador, en una entrevista con El País. “Lo está revisando el juez”, respondió al ser consultada sobre el estado de la solicitud. Hasta ahora no se ha difundido públicamente una resolución que modifique la medida cautelar.
Ruffo Appel, de 74 años, permanece desde julio en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, en el Estado de México. Un juez le impuso prisión preventiva junto con otros siete acusados por su probable participación en delitos de delincuencia organizada y contrabando, dentro de la investigación federal sobre una presunta red de huachicol fiscal.
La solicitud de prisión domiciliaria constituye el primer movimiento de la defensa conocido públicamente para modificar las condiciones de reclusión del exgobernador.
La defensa atribuye operaciones a una apoderada
En la misma entrevista, Verónica Ruffo presentó una versión sobre la distribución de responsabilidades dentro de la empresa investigada. Aseguró que su padre era únicamente socio y que no intervenía en la gestión de los pedimentos ni en la firma de documentos.
Según su declaración, esas operaciones estaban a cargo de una apoderada legal identificada como Guadalupe.
“Él era socio nada más”, sostuvo Ruffo Sánchez, quien atribuyó a la apoderada el manejo de los pedimentos y las firmas relacionadas con la compañía. (El País)
La declaración introduce un elemento de la estrategia defensiva frente a la acusación de la Fiscalía General de la República, que ha señalado a Ruffo como uno de los dirigentes de la presunta organización dedicada al ingreso y distribución ilegal de combustibles. Documentos de la causa citados previamente por medios nacionales atribuyen a la empresa Ingemar operaciones vinculadas con el traslado de hidrocarburos no declarados. (Suprema Corte)
Por ahora, las afirmaciones de Ruffo Sánchez sobre las funciones concretas de la apoderada corresponden a la versión de la familia y no han sido respaldadas públicamente con documentos de la defensa o resoluciones judiciales.
Familia denuncia condiciones de reclusión
Ruffo Sánchez también denunció que su padre permanece aproximadamente 20 horas diarias solo en una celda y dispone del resto del tiempo para alimentación, baño, exposición al sol y actividades recreativas. Aseguró que sus condiciones han mejorado respecto de las primeras semanas de encarcelamiento, aunque lo encontró mentalmente abrumado por el encierro.
La hija del exgobernador señaló además posibles afectaciones de memoria relacionadas con su edad y denunció violaciones al debido proceso, entre ellas la demora en la entrega de una copia de la orden de aprehensión. Estas afirmaciones provienen de Ruffo Sánchez y no constan, hasta ahora, en una resolución judicial pública que determine alguna violación procesal.
La petición de prisión domiciliaria no modifica por el momento la situación jurídica de Ruffo Appel. El exgobernador continúa recluido en el Altiplano mientras el juez determina si mantiene o sustituye la medida cautelar impuesta dentro del proceso federal.