Omar García Harfuch exoneró a la gobernadora sin identificar al interlocutor ni aclarar si estaba autorizada para ofrecer información obtenida en reuniones oficiales.
Los Ángeles Press
Los Ángeles.— El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, minimizó el contenido de los audios filtrados por la Embajada de Estados Unidos en la que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, ofreció compartir información sobre grupos delictivos con intermediarios de las agencias estadounidenses y descartó abrir una investigación propia.
Harfuch sostuvo que el audio, el segundo filtrado, no permite inferir que la gobernadora haya entregado información confidencial o que comprometa la seguridad nacional. Al mismo tiempo, reconoció que el gobierno federal desconoce la identidad de la persona con la que Ávila Olmeda habló y si realmente representaba a alguna autoridad estadounidense.
“En los audios que se hicieron públicos el día de ayer no se infiere que se vaya a dar información confidencial”, declaró durante la conferencia presidencial.
El funcionario presentó las mesas estatales de seguridad como reuniones en las que se revisan principalmente datos sobre incidencia delictiva diaria y coordinación entre autoridades federales y locales.
“No hay una información como tal que tenga un grado de sensibilidad que nos preocupe que fuera compartida con alguna autoridad, si es que fuera el caso, porque todavía no se sabe exactamente qué autoridad era la persona con la que estaba hablando”, afirmó.
La respuesta de Harfuch redujo el caso a determinar si el fragmento difundido demuestra la entrega consumada de información clasificada. El contenido de la llamada documenta que una gobernadora en funciones ofreció utilizar datos conocidos por razón de su cargo durante gestiones relacionadas con su situación frente a Estados Unidos.
“Estoy dispuesta siempre a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar”, dice Marina del Pilar en la grabación. En otro momento agrega: “Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad”.
La mandataria también pregunta si pretenden extraditarla, solicita que le indiquen sobre qué asuntos desean que hable y propone realizar futuros encuentros en un hotel, en lugar del consulado estadounidense. Además, expresa temor a cruzar nuevamente a Estados Unidos y reclama la falta de resultados después de reuniones anteriores.
Harfuch no explicó si los gobernadores están autorizados para ofrecer a interlocutores extranjeros la información recibida en reuniones oficiales. Tampoco precisó si Marina del Pilar notificó al Gabinete de Seguridad sobre esos contactos, si se verificó la identidad de quienes se presentaron como intermediarios o si se revisó la conversación completa antes de descartar una indagatoria.
“Se abriría una investigación si hubiera un delito, pero en el audio, sinceramente, no se infiere ningún tipo de delito”, resolvió el secretario.
La explicación de Harfuch partió de la versión ofrecida por la propia gobernadora. El funcionario reconoció que habló con ella y que Ávila Olmeda le repitió los argumentos difundidos posteriormente mediante un comunicado.
Las versiones oficiales mantienen diferencias sustanciales. Marina del Pilar aseguró que las conversaciones formaban parte de la “coordinación institucional” de Baja California con autoridades de México y Estados Unidos y que se realizaron mediante canales oficiales. También admitió que sus interlocutores se presentaron como agentes o intermediarios estadounidenses sin acreditar formalmente esa representación.
Claudia Sheinbaum, en cambio, describió los contactos como "gestiones personales" de la gobernadora para atender la cancelación de su visa. La presidente dijo que Marina del Pilar le había informado que realizaba esas diligencias con ayuda de un abogado y reconoció que el gobierno mexicano no había sido enterado previamente.
“Ella hace sus propias gestiones personales”, afirmó Sheinbaum. Después sostuvo que “no se sabe ni siquiera bien con quién está hablando” y dio por válida la explicación presentada por la mandataria de Baja California.
La falta de identificación del interlocutor fue utilizada para restar importancia a la grabación, aunque esa misma incertidumbre impide establecer si se trataba de agentes, intermediarios privados o personas sin representación oficial.
Los Ángeles Press documentó que el audio fue grabado cinco meses antes de su difusión y que Marina del Pilar ya había participado en encuentros relacionados con las investigaciones abiertas en Estados Unidos por sus presuntos vínculos con grupos delictivos. Una fuente de una unidad de inteligencia estadounidense informó a este medio que la divulgación escalonada de las conversaciones forma parte de una estrategia del FBI coordinada desde la Ciudad de México.
La investigación estadounidense incluye los nombres de René Arzate García, “La Rana”; Jesús Alexander Sánchez Félix, “El Ruso”; y Emmanuel Everardo Serrano, “El Botas”, señalado como distribuidor de drogas y fotografiado junto a Marina del Pilar durante un acto de campaña en 2019.
El gobierno federal cerró la posibilidad de investigar sin resolver la identidad de los interlocutores, el carácter institucional o personal de las reuniones y la autorización de la gobernadora para ofrecer información obtenida en el ejercicio de su cargo.