Aunque la evidencia presentada por Haidt es sólida, el intento de Sheinbaum ocurre al mismo tiempo que Luisa María Alcalde impulsa otros controles contra los medios.
También sorprende que el gobierno de Sheinbaum se muestre preocupado, por ejemplo, con el uso de redes sociales para reclutamiento y abuso, cuando Mario Delgado no ha aclarado su relación con NXIVM.
Los Ángeles Press
Con un gesto de aparente preocupación, Claudia Sheinbaum convirtió la actividad de este lunes 3 de agosto en Palacio Nacional en un nuevo paso de la ofensiva del gobierno federal para regular, por distintas vías y bajo diferentes argumentos, el acceso a las redes sociales.
Esta vez, el argumento es difícil de cuestionar: la salud de niñas, niños y adolescentes. Para respaldarlo, el gobierno invitó a Jonathan Haidt, académico de la Universidad de Nueva York y autor de The Anxious Generation, publicado como La generación ansiosa según la traducción al español. El libro se ha convertido en el eje del movimiento que el propio Haidt impulsa para restringir el acceso de los menores a las redes sociales.
Las credenciales académicas y el trabajo de Haidt están libres de reproche. Hizo una presentación bien desarrollada en un español pulcro y estuvo disponible durante toda la actividad para responder preguntas que se le hicieron acerca de su trabajo y sus puntos de vista.
El problema es que más allá de los méritos del trabajo de Haidt, su intervención ocurre en un momento en que Palacio Nacional despliega todos los recursos a su alcance para controlar qué se dice, cuándo se dice y cómo se dice en distintos medios de comunicación.
La semana pasada, por citar sólo el referente más cercano, casi todas las actividades matutinas de Sheinbaum y su equipo tuvieron que ver, en mayor o menor medida, con su intento de imponer un contradictorio esquema de control que haría que, por ejemplo, un mismo contenido fuera susceptible de sanción si se transmite en medios concesionados por el Estado, como los canales de TV abierta y radio en las bandas de AM y FM, pero sería respetado en prensa escrita y en redes sociales.
Para hacerlo, las autoridades, encabezadas por Luisa María Alcalde, consejera jurídica y vocera oficiosa de la presidencia, se justifican en nombre de la tutela de los derechos de las audiencias.
El galimatías es evidente para quien advierta que el Estado busca arrogarse la facultad de establecer incluso multas en un tipo de medios (los concesionados) pero parece reconocer el derecho de las audiencias a elegir qué contenidos consume sin intervención del Estado en otros medios, la llamada “prensa escrita” y las redes sociales.
¿Por qué el Estado busca intervenir en los contenidos de unos medios, pero no de otros?
¿Palacio Nacional considera que quienes consumen noticias en video o audio requieren tutela estatal?
¿Sheinbaum y su equipo atribuyen mayor capacidad de decisión a quienes prefieren informarse mediante la lectura?
Esas son preguntas complejas que, hasta el momento, ni los gestos de preocupación de Sheinbaum ni las sonrisas de Alcalde han logrado explicar.
Y es cierto, el abuso de distintos tipos de personas de distintas edades es una realidad muy grave, Los Ángeles Press reconoce esa realidad y por eso se publica una vez por semana al menos un texto que pasa revista a la realidad del abuso sexual en distintos contextos y países.
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El problema es que tratar de imponer la clase y tipo de controles que el gobierno federal parece desear va más allá de ese ámbito y ronda, en cambio, un preocupante intento por controlar todo lo que se dice en México.
También se pierde de vista el hecho que hay una responsabilidad individual y de los padres de familia de los menores que no debería soslayarse para justificar lo que parece ser, hasta el momento, un intento para controlar qué se publica acerca de la realidad que vive México en la actualidad, como lo hace ver el texto enlazado después de este párrafo.
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El problema es más delicado cuando se considera la manera contradictoria y arbitraria en que los gobiernos del Movimiento de Regeneración Nacional celebran ahora que la autoridad electoral condene a Alejandro Moreno, el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, de llamar “narcopartido” a Morena, cuando Andrés Manuel López Obrador, incluso ya como presidente usó repetidamente ese tipo de expresiones para descalificar al PRI, al Partido Acción Nacional y, sobre todo, para presentarse como víctima de una campaña de censura de las autoridades electorales, a las que se refería como “Santa Inquisición” siempre que le hacían ver sus propios excesos verbales y la manera en que abusó de la posición como presidente.
El uso del término “narcopartido” difícilmente puede considerarse un asunto menor. Analistas que han desarrollado herramientas para medir el impacto de este tipo de conceptos en redes sociales muestran una percepción creciente sobre posibles vínculos, cuando menos opacos, entre gobiernos estatales de Morena y las estructuras criminales. Esa percepción se refleja en la difusión de etiquetas como la que aparece en el mensaje publicado después de este párrafo.
El problema se complica aún más cuando se considera, al pensar en el caso de los controles que Sheinbaum promueve, que uno de los actores principales de la actividad de este lunes, su secretario de Educación Pública, nunca ha aclarado sus relaciones con NXIVM, un grupo cuyo líder, Keith Raniere, fue condenado en tribunales de Nueva York, por abusar de personas que buscaban integrarse a esa organización.
Y ello sin olvidar el lamentable papel que desempeñó el propio Delgado en la comedia de equívocos que ocurrió pocos días antes de que ocurriera en México, Estados Unidos y Canadá el torneo deportivo recién concluido.
Lejos de asumir su propia responsabilidad en la manera en que la Secretaría de Educación Pública trató de adelantar el fin del año escolar, Delgado y su equipo culparon a los medios de comunicación de haber orquestado una campaña que, en todo caso, fue provocada por ellos mismos y su manera de tomar e imponer decisiones sin considerar la realidad en la que operan.
En todo caso, este lunes Sheinbaum tuvo en el profesor Haidt de NYU a un aliado que la llamó a imponer controles similares a los que ya se han establecido para el acceso a redes sociales en otros países.
Haidt mencionó en concreto a Australia e Indonesia y se sabe que hay proyectos similares en una docena de países más que, quizás en un país en el que nadie duda de que se respete la libertad de expresión como Australia, se pueden comprender.
En México, en cambio, es inevitable observar la manera en que se trata de cerrar la pinza del control del acceso a la información, ahora con el argumento de los esfuerzos para limitar el acceso de niños y niñas a redes sociales.
Sheinbaum aprovechó las palabras de Haidt y las de Arturo Béjar, un exdirectivo de Meta, el consorcio dueño de Facebook e Instagram, entre otras redes sociales, para vincular su deseo de controlar el acceso a redes con el reclutamiento que organizaciones criminales hacen en ese tipo de espacios.
El asunto, por cierto, amenaza con ser otro obstáculo más en la ya de por sí difícil relación con el gobierno de Estados Unidos que, al menos hasta ahora, ha condenado intentos similares para imponer controles al uso de redes sociales en otros países. Sheinbaum acusó recibo de esa realidad pero, fiel al guión de su relación con Donald Trump, minimizó su posible impacto.
En otros asuntos, tanto Sheinbaum como Delgado se refirieron brevemente al conflicto en el Instituto Politécnico Nacional que derivó en la toma de las instalaciones de Canal Once que los llevó, por ejemplo, a grabar algunos de sus programas desde los Estudios Churubusco y, en general, a reorganizar penosamente sus actividades fuera del Casco de Santo Tomás en el centro de la Ciudad de México.
Sheinbaum y Delgado hablaron de la apertura de “carpetas de investigaciones”, pues —según ellos— los ocupantes destruyeron parte del archivo histórico del canal. También se informó que la toma, que inició el 21 de mayo, se resolvió gracias a que los empleados del canal “ocuparon pacíficamente” las instalaciones.
