La denuncia apunta a directivos escolares por presunto uso de quejas falsas contra docentes en Iztapalapa.
Los Ángeles Press
Ciudad de México.– La Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C. denunció hostigamiento laboral, amenazas implícitas, intimidaciones, fabricación de quejas falsas ante la Secretaría de Educación Pública y negativa de derechos laborales contra tres docentes de la escuela primaria Profesor Ángel Salas Bonilla, ubicada en la colonia Santa Cruz Meyehualco, alcaldía Iztapalapa.
La acción urgente, fechada el 31 de mayo de 2026, señala como víctimas a Karla Liset Aguilar Islas, Martha Beatriz Montalva Anacleto y Sergio García Méndez, docentes del turno matutino del plantel con clave 09DPR0858G. La organización responsabiliza al supervisor Anselmo Miguel Cruz y al director René González Maldonado de utilizar quejas sin sustento para presionar, sancionar y afectar la estabilidad laboral de los maestros.
En el caso de Karla Liset Aguilar Islas, la denuncia refiere que el 2 de marzo de 2026 se realizó una reunión dentro del plantel con el director René González Maldonado, la subdirectora del turno matutino y una madre de familia identificada con las iniciales N. G. A., quien presentó señalamientos contra la docente. Según la organización, la madre de familia no ha podido sustentar sus acusaciones ni aportar elementos suficientes para abrir una investigación seria.
La Red Solidaria afirma que la madre de familia ha promovido quejas falsas contra la profesora Aguilar Islas con el propósito de perjudicarla y provocar una sanción administrativa sin pruebas. El documento sostiene que ha recurrido al supervisor Anselmo Miguel Cruz y al director René González Maldonado para acusar falsamente a la docente, aprovechando que ambos funcionarios tienen oficinas dentro del plantel.
La organización acusa al supervisor Anselmo Miguel Cruz de dar instrucciones directas al director para hostigar a los docentes. Según la denuncia, el director René González Maldonado opera como intermediario para entregar documentos sancionadores y amenazantes, negar derechos laborales y mantener actos de acoso contra la profesora.
La acción urgente también señala que la misma madre de familia ya habría presentado quejas falsas contra otras personas y que los directivos del plantel le han permitido actuar de esa manera, con afectaciones para quienes son señalados sin pruebas.
En el caso de Martha Beatriz Montalva Anacleto, la denuncia indica que el 23 de febrero recibió una solicitud del director del plantel para intervenir en la atención de un alumno de su grupo, relacionada con su desempeño escolar y su convivencia con compañeros. El requerimiento derivó de la inconformidad de la tutora de un alumno con neurodivergencia.
La Red Solidaria sostiene que la profesora Montalva Anacleto también fue señalada mediante quejas falsas promovidas por una madre de familia, sin elementos que acrediten una falta ética o profesional. La organización acusa al director René González Maldonado y al supervisor Anselmo Miguel Cruz de usar esas quejas para perjudicarla, negarle derechos laborales y generar una afectación psicoemocional por acoso institucional y laboral desde febrero.
El documento afirma que las autoridades del plantel han permitido que padres y madres de familia se conduzcan con falsedad y que esas acusaciones sean usadas contra docentes de la escuela.
Respecto al profesor Sergio García Méndez, la organización señala que no se le han negado derechos laborales, pero también ha sido objeto de quejas falsas. En su caso, la denuncia afirma que los señalamientos ya fueron desmentidos y forman parte de un bloque de quejas impulsadas por padres y madres de familia para perjudicar y desestabilizar a la plantilla docente.
La acción urgente precisa que los padres que se quejaron del profesor no tienen hijos en su salón de clases. También señala que las acusaciones fueron aclaradas de inmediato, aunque las autoridades del plantel activaron protocolos internos para revisar los hechos.
Para la Red Solidaria, los casos muestran un patrón en el que cualquier persona puede acusar a un docente sin pruebas y activar procedimientos administrativos con efectos sancionadores. La organización advierte que esa práctica violenta la presunción de inocencia en el ámbito administrativo, pone en riesgo la integridad de los maestros, afecta su estabilidad laboral y genera un ambiente de persecución contra quienes ejercen la docencia.
La organización pidió una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial sobre los hechos denunciados. También solicitó medidas para proteger la seguridad psicoemocional, física y laboral de Karla Liset Aguilar Islas, Martha Beatriz Montalva Anacleto y Sergio García Méndez.