Francisco de Jesús Pérez Chávez, militar que fue acusado públicamente de delitos y aún busca reparación por las irregularidades de su proceso.
Los Ángeles Press
CIUDAD DE MÉXICO.— Francisco de Jesús Pérez Chávez, teniente coronel de Justicia Militar y licenciado en Derecho, recuperó su libertad en 2014 después de que un juez concluyera que no estaban acreditados los delitos de delincuencia organizada y contra la salud que se le atribuían. Más de diez años después, continúa buscando que las autoridades respondan por las irregularidades que denuncia durante y después de aquel proceso.
El 2 de julio de 2014, un juez militar adscrito a la III Región Militar ordenó su liberación inmediata. La misma resolución estableció que debían quedar sin efecto actuaciones realizadas por autoridades que no tenían competencia legal para intervenir en el caso.
Para Pérez Chávez, el problema comenzó de nuevo cuando esas actuaciones reaparecieron años después en decisiones relacionadas con su reclamo contra el Estado. Sostiene que se utilizaron documentos y antecedentes que ya habían sido anulados, sin explicar por qué seguían teniendo peso después de la resolución que lo dejó en libertad.
Desde entonces ha recurrido a distintas instancias para que se revise lo ocurrido y se reconozcan las afectaciones que, afirma, sufrió por la actuación de las autoridades. Su caso ha pasado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y por tribunales federales de amparo.
Pérez Chávez también denuncia las consecuencias de haber sido presentado públicamente como integrante de una organización criminal. Afirma que esos señalamientos dañaron su reputación, afectaron su vida familiar y limitaron sus oportunidades laborales, aun cuando posteriormente un juez ordenó su libertad.
Uno de sus reclamos es que esa exposición pública no sea tratada como un hecho aislado. Sostiene que debe analizarse junto con las irregularidades de su proceso y con la resolución que determinó su liberación.
Después de años de gestiones, Pérez Chávez llevó su petición hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 13 de agosto de 2026 solicitó una audiencia con su presidente, el ministro Hugo Aguilar Ortiz, para exponer personalmente las violaciones de derechos humanos que denuncia y pedir atención institucional a su caso.
Hasta el 4 de noviembre no había sido recibido. Pérez Chávez pide saber qué ocurrió con su solicitud y reclama una respuesta de la Presidencia de la Corte.
Su lucha ya no es por recuperar la libertad. Esa la obtuvo en 2014. Lo que reclama ahora es que se reconozcan las consecuencias de un proceso que, asegura, siguió afectándolo incluso después de quedar libre.
También pide que se explique por qué actuaciones que habían sido anuladas volvieron a ser consideradas en decisiones posteriores y que se determinen responsabilidades si se confirman las irregularidades que ha denunciado.
Pérez Chávez sostiene que durante más de una década ha buscado una respuesta que abarque todo lo ocurrido: la acusación en su contra, la exposición pública de su nombre, la resolución que ordenó su libertad y las decisiones posteriores que, según denuncia, volvieron a apoyarse en actuaciones que ya habían quedado sin efecto.
Ahora espera que la Suprema Corte escuche su caso y que las instituciones respondan por una historia judicial que para él no terminó cuando salió en libertad.