Higinio Bustos Navarro permanece en prisión desde 2021, pese a que la ONU determinó que su detención fue arbitraria.
Por Livia Díaz
BOCA DEL RÍO, VER. — Este jueves 8 de octubre de 2026, una comitiva del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) se manifestó a las afueras del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río. El objetivo de la movilización era presionar por la liberación de Higinio Bustos Navarro, campesino y activista indígena de origen náhuatl que suma cinco años y cinco meses en prisión.
La protesta coincidió con la sesión programada por el tribunal para discutir y votar el Amparo Directo 26/2026, un recurso legal clave interpuesto por la defensa para combatir la sentencia de 20 años de cárcel impuesta al activista. Sin embargo, en un giro inesperado, el asunto fue eliminado a última hora de la lista de resoluciones del día, prolongando la incertidumbre jurídica sobre el caso.
Un proceso marcado por inconsistencias históricas
La persecución contra Higinio Bustos Navarro hunde sus raíces en un presunto crimen cometido en 2008. De acuerdo con los expedientes judiciales y declaraciones de su hermano, Juan Bustos Navarro, el activista fue incriminado en la causa penal 05/2011-I por el presunto homicidio calificado de un miembro del Ejército Mexicano.
Pese a que la orden de aprehensión fue emitida en 2011, la captura no se ejecutó sino hasta una década después, el 3 de mayo de 2021, en la comunidad de Terrerías, perteneciente al municipio de Chicontepec, Veracruz. Testigos y miembros de la organización señalan que la detención fue perpetrada por civiles fuertemente armados que resultaron ser agentes policiacos. El proceso judicial culminó el 3 de enero de 2024, cuando la jueza Ana María de la Barrera Jiménez le dictó una condena de dos décadas de prisión.
El FNLS sostiene que la acusación fue fabricada con motivos políticos durante administraciones pasadas, con el fin de debilitar a la organización popular en la región de la Huasteca y la Sierra Oriental. “A los 13 años se integró a la lucha independiente (...) este es el verdadero motivo de su encarcelamiento”, denunció públicamente su hermano durante la movilización en Boca del Río.
El respaldo de la ONU y el rechazo de la Suprema Corte
El caso de Bustos Navarro ha escalado a instancias internacionales. El 1 de octubre de 2024, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió la Opinión número 41/2024. En dicho documento, el organismo internacional determinó que la privación de la libertad de Higinio Bustos fue arbitraria, al considerar que hubo violaciones graves al debido proceso y a la presunción de inocencia, por lo que exigió al Estado mexicano su liberación inmediata e incondicional.
A nivel nacional, la defensa intentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) interviniera en el caso. No obstante, en julio de 2026, la máxima instancia del país rechazó ejercer la facultad de atracción respecto del Amparo Directo 26/2026. Al negarse a analizar la sentencia condenatoria, la SCJN declinó resolver las denuncias sobre la presunta infiltración de agentes del Estado y del Ejército dentro de organizaciones de derechos humanos.
Debido a esta negativa, el expediente fue devuelto a la jurisdicción local de Veracruz y quedó bajo la tutela del Segundo Tribunal Colegiado, presidido por la magistrada Zaira Cecilia Flores Reyes.
Tensión ante el aplazamiento judicial
La decisión del tribunal veracruzano de retirar el amparo de la orden del día fue interpretada por el FNLS como una táctica dilatoria que perpetúa la criminalización de la protesta social en México. Los manifestantes denunciaron que las estructuras de seguridad pública y procuración de justicia siguen aplicando criterios selectivos que despojan a la clase trabajadora e indígena de sus garantías constitucionales.
A pesar del diferimiento de la sesión, defensores de derechos humanos y familiares de Higinio Bustos Navarro declararon que mantendrán jornadas de lucha activa y un estado de alerta permanente a nivel nacional hasta que los magistrados demuestren autonomía, acaten las directrices internacionales de la ONU y dicten una resolución definitiva que permita la libertad del activista nahua.
Hice dos ajustes relevantes de precisión de redacción: cambié “de última hora” por “a última hora” y “dos décadas tras las rejas” por “dos décadas de prisión”, que es más sobrio y periodístico.