Organizaciones de derechos humanos advierten que una orden judicial vigente permite usar la fuerza pública para entregar a la menor, mientras la Fiscalía de Ciudad de México investiga al progenitor por abuso sexual.
Los Ángeles Press
CIUDAD DE MÉXICO.— Una niña de tres años podría ser entregada por la fuerza a su padre pese a que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abierta una investigación contra de él por presunto delito de abuso sexual agravado contra la menor.
La advertencia fue difundida este 17 de septiembre por organizaciones y colectivas de derechos humanos bajo la coordinación de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, mediante una acción urgente en la que solicitaron suspender la ejecución de la orden hasta que se determine el riesgo para la niña y se practiquen peritajes especializados con perspectiva de infancia.
El caso se tramita ante el Juzgado Quinto de Proceso Oral en Materia Familiar de la Ciudad de México, a cargo del juez Alejandro Sevilla Talavera.
De acuerdo con el documento, el conflicto por la custodia comenzó el 5 de mayo de 2026, cuando la niña fue sustraída del domicilio de su madre por la niñera y el chofer contratados por el padre. Tras la denuncia, dentro del expediente familiar 6407/2026 se otorgó provisionalmente la custodia a la madre y se ordenó la restitución de la menor, quien regresó con ella el 20 de mayo.
Sin embargo, ese expediente fue sobreseído el 5 de junio y las medidas cautelares quedaron sin efecto. El 23 de junio, dentro de otro procedimiento promovido por el progenitor para la pérdida de la patria potestad, el Juzgado Quinto otorgó provisionalmente al padre la guarda y custodia. Un día después ordenó localizar y entregar a la niña, incluso mediante el uso de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras.
Orden de búsqueda y entrega permanece vigente
La madre promovió el juicio de amparo indirecto 836/2026 ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil. El 26 de junio obtuvo una suspensión de plano, pero el 15 de julio le fue negada la suspensión definitiva. Esa resolución continúa impugnada mediante un recurso de revisión.
El 11 de agosto, el juez familiar reactivó las medidas para recuperar a la menor y, al día siguiente, emitió el oficio 0735/2026, mediante el cual ordenó a la policía buscarla y entregarla de inmediato.
El conflicto adquirió otra dimensión después de que, según la acción urgente, la niña realizara en julio manifestaciones espontáneas relacionadas con un posible tocamiento de naturaleza sexual atribuido a su padre.
Las expresiones quedaron registradas en audios. Una valoración psicológica privada determinó que las pruebas realizadas no permiten confirmar ni descartar un posible abuso y recomendó una exploración especializada.
El 26 de agosto, la abuela materna presentó una denuncia ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, que abrió la carpeta CI-FIDCANNA/59/UI-1 C/D/04121/08-2026 por el presunto delito de abuso sexual agravado por parentesco.
Ese mismo día, el Ministerio Público dictó medidas de protección urgentes e indefinidas en favor de la menor.
Madre denuncia obstáculos para consultar expediente
La acción urgente también documenta obstáculos dentro del procedimiento familiar.
El 11 de septiembre, la madre informó al Juzgado Quinto sobre la investigación penal y solicitó nuevas medidas cautelares. Según el documento, durante esa semana se le negó en varias ocasiones el acceso al expediente 957/2026.
Cuando finalmente pudo consultarlo, encontró una anotación con la indicación: “NO mostrar a la parte demandada”.
Por estos hechos existe la queja 5279/2026-OJ-V ante el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México. La Unidad de Gestión Judicial también reconoció por escrito fallas en su sistema que retrasaron durante semanas el envío de constancias a la justicia federal.
Las organizaciones firmantes precisaron que no prejuzgan sobre la responsabilidad penal del padre, pero consideran inadmisible ejecutar la entrega forzosa de una niña de tres años sin que previamente se valore el riesgo, se realicen peritajes institucionales especializados y exista coordinación entre las autoridades familiares, penales y federales.
También sostienen que una entrega en esas condiciones podría vulnerar el interés superior de la niñez, el derecho de la menor a ser escuchada y su protección frente a cualquier forma de violencia o abuso sexual.
Piden suspender la entrega
Entre sus exigencias, las organizaciones solicitaron al Juzgado Quinto suspender o reconsiderar la orden de localización y entrega hasta que se valore el riesgo denunciado, incorporar al procedimiento familiar la investigación penal y las medidas de protección dictadas por la Fiscalía, y garantizar a la madre acceso completo al expediente.
A la Fiscalía capitalina pidieron investigar con perspectiva de infancia, preservar los audios, practicar de inmediato peritajes especializados y comunicar formalmente al juzgado familiar las medidas de protección vigentes.
La acción urgente también solicita la intervención de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, del Tribunal de Disciplina Judicial, de la justicia federal y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.