Cuba enfrenta nuevas restricciones sobre sectores estratégicos y transacciones, en medio de una crisis agravada por la escasez de combustible y los apagones.
Por Matthew Lee
WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump aumentó el jueves la presión sobre Cuba, imponiendo más sanciones económicas a industrias de la isla y endureciendo la aplicación de las leyes que prohíben a los estadounidenses que visitan el país caribeño realizar negocios con empresas propiedad del gobierno o vinculadas a él.
Los departamentos del Tesoro y de Estado anunciaron nuevas sanciones contra nueve empresas estatales de minería, metales y construcción, junto con la dirigencia del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).
El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que el instituto es responsable de patrocinar “una vasta red subversiva en Estados Unidos destinada a identificar, captar y radicalizar” a estadounidenses.
“Hace apenas unos días, el régimen intentó utilizar el cumpleaños 100 años del cabecilla comunista y déspota Fidel Castro para revitalizar esta red subversiva, trasladando a La Habana a una nueva brigada de simpatizantes internacionales para establecer contactos con funcionarios del régimen”, manifestó Rubio en un comunicado.
“El gobierno de Trump no se quedará de brazos cruzados mientras una potencia extranjera hostil busca explotar nuestras libertades —de las que su pueblo no goza ninguna— engañando y corrompiendo a ciudadanos estadounidenses con mentiras, técnicas de espionaje y otras fechorías, como parte de la razón de ser del régimen de exportar marxismo, resentimiento racial y violencia comunista por todo el mundo”, agregó Rubio.
El gobierno republicano de Trump ha incrementado de forma constante la presión sobre La Habana, amenazándola con una posible intervención militar incluso mientras Washington está inmerso en un conflicto contra Irán, y al mismo tiempo reforzando sanciones económicas destinadas a cortar el financiamiento del gobierno cubano. Un bloqueo petrolero que Estados Unidos impuso a Cuba tras la incursión militar estadounidense que derrocó al mandatario venezolano Nicolás Maduro —cuyo país proporcionaba a los cubanos petróleo gratuito— ha sumido a la isla, ya de por sí económicamente debilitada, en una crisis total.
Cuba acusa a Estados Unidos de intentar perjudicar la economía del país
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, rechazó las sanciones en una publicación en su cuenta oficial de X, alegando que Estados Unidos y Rubio persiguen el “propósito deliberado de afectar nuestra economía e impedir que el gobierno de Cuba garantice los servicios básicos a la población”.
“En su fracasada obsesión contra Cuba, incorpora ahora a directivos y funcionarios del ICAP, institución que por más de seis décadas ha promovido la amistad, la solidaridad internacional, la justicia y la paz, todo lo contrario a lo que el secretario de Estado ha promovido siempre en su política corrupta”, escribió Rodríguez.
Las sanciones más recientes llegan después de una operación en el aeropuerto de Miami el fin de semana pasado, en la que varios estadounidenses que regresaban a Estados Unidos de Cuba, tras participar en actos por el cumpleaños de Castro, fueron detenidos brevemente, según funcionarios estadounidenses. A algunos se les incautaron sus teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos personales para inspección, indicaron los funcionarios.
Las autoridades estadounidenses estaban preparadas para detener a decenas de activistas que regresaban con el fin de efectuarles una revisión secundaria, pero se halló que muchos menos cumplían los requisitos para efectuarles el interrogatorio más profundo por parte de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, señalaron los funcionarios.
Los funcionarios, que hablaron a condición de guardar el anonimato porque los detalles de la operación no se han hecho públicos, indicaron que a fin de cuentas se liberó a los detenidos y se les permitió ingresar a Estados Unidos.
Los funcionarios señalaron que cualquiera que haya sido detenido y liberado aún podría enfrentar un proceso judicial si se determina que violó las sanciones de Estados Unidos, las cuales prohíben efectuar cualquier transacción con entidades propiedad del gobierno cubano, incluidos restaurantes, hoteles y tiendas. Sin embargo, se desconoce qué pasó con los teléfonos celulares, computadoras portátiles y tabletas incautados.
Las nuevas sanciones son la más reciente táctica de presión a Cuba
Las nuevas sanciones impuestas contra la dirigencia del ICAP apuntan al presidente del grupo, Fernando González Llort, quien estaba entre cinco agentes de inteligencia cubanos arrestados en Estados Unidos en 1998 y que fueron liberados en 2014. También apuntan a su primera vicepresidenta, Noemí Ramona Rabaza Fernández, y a su directora para Norteamérica, Leima Martínez Freire.
Las sanciones al sector de metales, minería y construcción van contra una empresa de producción de níquel, dos firmas especializadas en la importación de productos industriales pesados, una empresa de recursos minerales, el Ministerio de la Construcción de Cuba, una compañía que provee trabajadores cubanos a entidades extranjeras en la isla y dos empresas que importan vehículos, autopartes y materiales de construcción.
El gobierno de Trump también ha intensificado una campaña que presenta al país caribeño como una grave amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. En un informe publicado el mes pasado, el Departamento de Estado acusó al gobierno cubano de patrocinar o apoyar de otro modo el activismo de izquierda y antiestadounidense dentro del país norteamericano durante las últimas seis décadas.
Aunque la crisis en Cuba se ha agudizado desde hace unos 5 años, el bloqueo petrolero impuesto por el gobierno de Trump ha provocado que el país sufra una caída libre.
La falta de combustible para suministrar electricidad a los cubanos ha sumido a la isla en apagones generalizados. El acceso al transporte público prácticamente ha desaparecido, la escasez de cosas como medicamentos ha empeorado, las horas de trabajo se han recortado para adaptarse a los apagones, y el turismo —el salvavidas económico de la isla— se ha evaporado.