Bolivia enfrenta una crisis judicial tras la destitución y encarcelamiento de Roger Mariaca por presuntos vínculos con una red de narcotráfico.
Por Carlos Valdez
LA PAZ, Bolivia (AP) — La Asamblea Legislativa de Bolivia cesó del cargo el sábado al fiscal general Roger Mariaca, mientras que un juez ordenó enviarlo a prisión, seis días después de que Estados Unidos le retirara el visado por presuntos nexos con el crimen organizado y cuyo arresto desató una crisis política y judicial en medio de un creciente descontento social por la situación económica del país.
Mariaca cumplirá prisión preventiva por seis meses en un penal del sur del país mientras es investigado por lavado de activos, tráfico de drogas y organización criminal, según determinó el juez Juan Carlos Montalbán tras una audiencia virtual que duró más de 15 horas. Poco antes, el parlamento aprobó la destitución de Mariaca y eligió a un interino.
Otros dos fiscales y un oficial de la policía cercanos a Mariaca también fueron destituidos y serán procesados por los mismos cargos que les imputa el Ministerio Público. Los cuatro asumirán defensa desde la cárcel, según la decisión del juez.
Mariaca, designado en 2024 durante el gobierno izquierdista de Luis Arce (2020-2025), es acusado de proteger al presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien fue capturado y entregado a la DEA estadounidense en marzo pasado, y quien vivía y operaba en el oriente boliviano mientras era buscado en varios países del continente.
“Hemos roto una estructura criminal que era liderada por Mariaca”, afirmó la víspera el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, tras la detención del fiscal.
Mariaca encabezaba una investigación sensible contra Fernando Cerimedo, exasesor del presidente boliviano Rodrigo Paz.
El argentino Cerimedo está en la cárcel y enfrenta una acusación de tentativa de feminicidio contra una exnovia. Su detención causó revuelo internacional por sus vínculos con algunos gobiernos de la nueva derecha latinoamericana.
La detención y apresamiento de Mariaca ha vuelto a poner en debate la corrupción en la justicia del país y ha motivado muestras de apoyo para Paz por parte del Escudo para las Américas, la alianza de gobiernos de derecha que lidera el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra del crimen organizado.
El caso del fiscal se presenta en un momento complicado para Paz, quien afronta un creciente malestar social por una caída en el poder adquisitivo tras la eliminación de subsidios al diésel, lo que ha elevado el precio de los alimentos. Además, el gobierno se ha visto salpicado por escándalos que afectaron la imagen del mandatario, como el caso Cerimedo.