Arturo Medina insistió en que el gobierno de México ha pedido ayuda a la ONU para identificar expertos que pudieran ayudar a esclarecer el caso Ayotzinapa.
Como hizo ayer con Mauricio Pazarán, Medina insistió en que el caso Ayotzinapa sigue abierto, a pesar de la exoneración de la CNDH a la Sedena.
Los Ángeles Press
La actividad de este martes 29 de septiembre en Palacio Nacional buscaba destacar la narrativa del gobierno de México sobre un cambio radical de su desempeño.
Lejos de reconocer error o insuficiencia alguna, el argumento en el que se insistió en el Salón Tesorería es que los problemas públicos son cosa del pasado. Claudia Sheinbaum contó con la participación de los responsables de las principales instituciones del Sector Salud que repitieron lo que suelen decir cada martes acerca de los cambios.
La única diferencia respecto de otros martes, dedicados a temas de salud es que estuvo presente Arturo Medina, uno de los subsecretarios de la Secretaría de Gobernación, responsable de la operación mediática y política del caso Ayotzinapa.
Su presencia, en todo caso, no rompió con la lógica de que a Sheinbaum nadie le contradice. Lo que ocurrió fue la validación pública de supuestas nuevas líneas de investigación que, en realidad, no son nuevas. Los Ángeles Press viene dando cuenta de ellas desde hace casi un año, cuando el gobierno federal señaló a una funeraria del municipio de Iguala como la llave maestra para esclarecer lo ocurrido hace poco más de doce años en esa ciudad de Guerrero.
Como se hizo ver desde octubre de 2025, cuando se publicó el texto enlazado después de este párrafo, la apuesta del gobierno federal de resolver el caso Ayotzinapa a partir de lo que se haya encontrado y que ahora se analiza en los laboratorios de la Fiscalía General de la República, parece poco probable de rendir frutos.
La investigación de Los Ángeles Press publicada en agosto de 2025 sobre el celular de uno de los estudiantes, que estuvo en poder de un policía estatal y fue compartido con su hermana, también figura entre las líneas que Gobernación presentó como un “avance”, aunque sin aportar detalles sobre el caso.
En esa ocasión, Los Ángeles Press reveló, a partir de la investigación del Grupo Pascal, que el teléfono pertenecía a Jorge Antonio Tizapa Legideño y que el policía estatal, adscrito al Centro de Adiestramiento Regional Policial (CRAPOL) de Iguala, lo conservó durante dos años. Los investigadores del Grupo Pascal plantearon entonces una pregunta a la que no respuesta en el actual informe de Gobernación: “¿Por qué la PGR no investigó como indiciado al policía estatal que entregó, el 8 de septiembre de 2016, al agente del Ministerio Público Federal el teléfono del normalista Jorge Antonio Tizapa Legideño?”.
Las razones por las que se hizo, en su momento, ese cuestionamiento están documentadas en ese y otros textos de la serie Ayotzinapa: Informe Pascal, que Los Ángeles Press ha publicado desde mediados del año pasado en el que se desmontan algunas líneas de investigación de las que ayer mismo, en un acto en la sede de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina y Mauricio Pazarán, el fiscal responsable del caso, presentaron.
A pesar de ello, Claudia Sheinbaum insistió en defender la posición de su gobierno. En el punto específico sobre las funerarias, el problema de fondo no es que las funerarias operaran conforme a la legislación. Cualquier persona sabe que muchos municipios en México, incapaces de contar con un servicio médico forense subrogan o subcontratan esos servicios a privados que cometen cualquier cantidad de irregularidades.
Eso es un hecho innegable. El problema es que a pesar de la violencia que ha padecido México en los últimos 20 años durante los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña, Andrés Manuel López y Claudia Sheinbaum, Ayotzinapa aún es una referencia obligada por la escala y alcance de la violencia ocurrida ahí y la manera en que Peña, López Obrador y Sheinbaum han hecho a lo largo de los últimos doce años todo lo posible para evitar que se llegue al fondo de la cuestión.
Basta considerar la manera en que López Obrador quiso forzar a los familiares de las víctimas a aceptar un acceso limitado a 90 días a los cuarteles de la Secretaría de la Defensa Nacional, a los padres de familia que, de aceptarlo, serían obligados a no contar con la asistencia de los abogados y otros profesionales que pudieran ayudarles a investigar en esos archivos qué había ocurrido en realidad en Iguala en septiembre de 2014.
No en balde, los familiares de las víctimas optaron por declinar y es, gracias a esa situación, como la investigación está ahora en un escenario en el que, con dificultades, el Equipo Argentino de Antropología Forense estuvo dispuesto a regresar a la investigación, luego de que se retiraron por las trabas que impusieron las autoridades del gobierno de México, ya durante la gestión de López Obrador.
La posición de Sheinbaum la condensó ella misma en el vídeo que aparece después de este párrafo.
Es la idea de que el caso no está cerrado y de que existen “nuevas” líneas de investigación, aunque sigue sin haber claridad sobre si habrá disposición para abrir los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional a una investigación independiente, ajena a las condiciones que López Obrador pretendía imponer a los familiares de las víctimas de Ayotzinapa durante su último año de gobierno.
Como hicieron Medina y Pazarán ayer en la Secretaría de Gobernación, Sheinbaum insistió en una idea difícil de sostener: que la resolución del caso Ayotzinapa depende, en gran medida, de la disposición de los gobiernos de Estados Unidos e Israel para extraditar a dos personas vinculadas con el expediente. Una de ellas es el llamado “juez de barandilla”, José Ulises Bernabé García, quien se encuentra con estatus de asilo político, y que en todo caso pudiera declarar ante una delegación de FGR en Estados Unidos bajo protección de las autoridades estadounidenses para resguardar su integridad.
Si algo han demostrado los distintos procesos de extradición que México mantiene pendientes con Israel es que, para efectos prácticos, la disposición del gobierno de Benjamin Netanyahu a colaborar ha sido nula. A ello se suma que el gobierno de Estados Unidos atraviesa actualmente una de sus etapas más complejas, sin perder de vista que el gobierno de México también elude las extradiciones siempre que le es posible, como lo demuestra el caso de Rubén Rocha Moya.
En todo caso, aunque Sheinbaum y Medina insistieron en que “el caso está abierto”, es difícil perder de vista que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya fijó en julio de este año una postura difícil de desestimar acerca de qué tan “abierto” o no está en realidad. En esa postura, la Secretaría de la Defensa Nacional está libre de toda culpa.
A pesar de ello, hacia el final de la actividad, Medina insistió en que el gobierno de México ha solicitado a la Organización de Naciones Unidas ayuda para identificar expertos que pudieran estar dispuestos a participar en una investigación en la que una entidad del Estado mexicano, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya fijó una postura sobre el papel del Ejército.
Ello sin perder de vista que los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum han respondido con descalificaciones cada vez que la ONU señala inconsistencias o insuficiencias, como ocurrió con la crisis de personas desaparecidas. El gobierno de México ha rechazado de plano, condenado e incluso ridiculizado los señalamientos del organismo sobre esa crisis y sobre la responsabilidad de las autoridades mexicanas, como se hizo ver en el texto de octubre del año pasado enlazado después de este párrafo.