Alberto Farfán Lunes, 06 de Abril del 2026, 00:00
El debate sobre lenguaje inclusivo también revela una disputa por derechos, representación y pedagogías, más allá de la gramática democrática.
Por Alberto Farfán
Este 10 de marzo del año en curso en el Congreso del estado de Aguascalientes se votó a favor de eliminar el mal llamado “lenguaje inclusivo” en todos los niveles educativos con el objeto de fortalecer la enseñanza del idioma español y con ello robustecer su empleo y dominio en todo el alumnado.
Sin embargo, fue el estado de Chihuahua el pionero en esta materia (octubre, 2025), la gran diferencia es que en este último sólo prioriza la educación básica y nada más. Y en general, leemos en su Ley Estatal de Educación, artículo 8.°, párrafo XXVIII: “Fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español”. No obstante, a mi parecer, fue un gran comienzo y sumamente loable.
Loable porque la educación básica es la etapa de formación lingüística de los alumnos, por lo que es de gran importancia establecer con toda claridad las estructuras gramaticales, la ortografía y el uso correcto del español, ya que se pretende que los menores aprendan a expresarse con exactitud y comprensión de manera oral y escrita. Y en virtud de lo cual, se alcance una gran solidez en el ámbito de la identidad cultural, así como en la histórica y en la esfera del pensamiento. Objetivos que también asumen y proponen los hidrocálidos, por supuesto.
Por otro lado, para los legisladores de Aguascalientes debe de inculcarse el uso adecuado del idioma español conforme a las reglas gramaticales avaladas por la Real Academia Española (RAE) y la Academia Mexicana de la Lengua (AML), pero para todos los niveles y modalidades educativas. Recordemos incluso de que para la RAE el lenguaje inclusivo no debe ser aceptado bajo ningún concepto.
Más aún, el planteamiento formulado indica que las herramientas didácticas, los instrumentos documentales institucionales y los procedimientos pedagógicos se adhieran a las normas gramaticales y ortográficas aceptadas por la RAE y la AML. Para robustecer con mayor vigor la enseñanza y aprendizaje de los educandos.
Así, manifestaron que se debe agregar una fracción al artículo 13.° de la Ley de Educación del Estado con la firme intención de incorporar el promover permanentemente el uso correcto del idioma español, en consonancia con las normas tradicionales indicadas.
Y si bien es cierto que ninguno de los Estados habló explícitamente del seudo lenguaje inclusivo, es evidente que estas adiciones a las leyes respectivas en dichas localidades llevan implícitamente nombre y apellido de a quiénes se dirigen. A la ideología de género y a su vástago, el de las X, E, @, etcétera.
Con voz propia
La “Ley Valeria” en detrimento del hombre
