Ignacio García Martes, 07 de Abril del 2026, 14:34
Foro Público
El Comité de las Naciones Unidas Contra la Desaparición Forzada (CED) concluyó que en México se comete de manera sistemática y generalizada la desaparición forzada contra la población. El informe de los especialistas molestó en Palacio Nacional que ordenó implementar la recurrente política negacionista que ha caracterizado a la “cuarta transformación”.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) publicó un escueto comunicado en el que calificó de “tendencioso” el informe de los expertos. El nuevo canciller, Roberto Velasco, inmediatamente acusó que el Comité omitió los avances que ha emprendido el Estado mexicano, principalmente desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, para combatir esta problemática.
Sin embargo, el comité refutó la posición del gobierno mexicano al señalar que el informe se centró en los casos de 2009 y 2017—durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto--, pero también tuvo consecuencias en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y en lo que va de la gestión de Claudia Sheinbaum.
La presidenta Sheinbaum también ha respondido al informe y ha dedicado las últimas conferencias de prensa mañaneras para responder a los resultados del informe, incluso al señalar que no se trata de un grupo miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que sólo está vinculado con el organismo internacional.
La mandataria federal ha rechazado que el Estado mexicano cometa actos de desaparición forzada y acusó que este tipo de delitos ocurrían en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, pero que dejaron de efectuarse desde el inicio de la autollamada “4T”.
No obstante, sus declaraciones fueron contradichas por la realidad, pues apenas el fin de semana fue vinculado a proceso el ex secretario de Seguridad Pública estatal (SSP) de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, por desaparición forzada. El ex jefe policiaco fungió como responsable de la seguridad de la entidad entre 2019 y 2024, en el periodo en el que supuestamente desapareció este delito.
Según Sheinbaum, el Estado mexicano no está rebasado y se han efectuado una serie de reformas para sancionar de forma más contundente los casos de desaparición forzada, pero para el comité internacional estas acciones han sido insuficientes para resolver la problemática que padece el país desde hace años.
La negativa de la cancillería y de Sheinbaum no ha sido la única, pues también la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, rechazó que el gobierno mexicano incurra en este tipo de prácticas y cuestionó los resultados del informe del comité al no considerar los avances implementados por las administraciones de la 4T.
Aunque no se trata de un hecho que competa directamente al gobierno capitalino, Brugada decidió incurrir en el denominado “nado sincronizado” para defender la postura de Sheinbaum, al igual que la dirigencia nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que también se unió a la política negacionista para advertir que se trataba de una injerencia internacional.
Incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), encabezada Rosario Piedra Ibarra, también defendió al gobierno de México, aunque su labor tendría que centrarse en la protección de las víctimas, sin embargo, no es la primera vez que este organismo se coloca del lado del gobierno.
La CNDH prácticamente se alineó a la serie de comunicados que lanzó el gobierno mexicano para negar que en México ocurra la desaparición forzada, con una marcada inclinación de un organismo que ha dejado de cumplir su función de protección de las víctimas.
La culpa al pasado como política
Claudia Sheinbaum ha tratado de delegar todos los problemas que padece el país a los gobiernos del pasado, principalmente a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La postura de la presidenta ha sido una férrea defensa a López Obrador y un señalamiento permanente sus antecesores.
Aunque es evidente que el problema de la violencia e inseguridad que padece el país proviene desde hace varios años y se intensificó desde el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico, tanto Sheinbaum como López Obrador se comprometieron a revertir esa situación y afirmar que estos problemas terminarían con la 4T.
No obstante, los problemas de violencia e inseguridad continuaron y continúan, pues en el sexenio de López Obrador se empoderaron los cárteles de las drogas a través de la fallida política de “abrazos no balazos” que únicamente encausó a la delincuencia organizada.
En su momento López Obrador acusaba permanentemente a Calderón por el responsable de todos los males del país y en la actualidad Sheinbaum replica estas expresiones sin referir algún tipo de responsabilidad al tabasqueño, pero cada vez con menos herramientas para protegerse.
El discurso de acusar al pasado cada vez tiene menor resonancia y credibilidad, pues pretérito también se refiere al gobierno de la 4T y su incapacidad por resolver el problema de las desapariciones forzadas que se mantuvieron en el gobierno de López Obrador.
Para los gobiernos de la 4T ha sido más fácil culpar al pasado que responsabilizarse por los problemas del presente que supuestamente tendrían que haber resuelto y que se centraron como parte de sus principales propuestas de campaña tanto en 2018 como en 2024.
Ahora con las recientes respuestas del gobierno de México ante el informe del Comité Contra Desapariciones Forzadas, falta que los gobernadores morenistas también publiquen su tradicional desplegado conjunto para defender a Sheinbaum, una vieja práctica que implementaron desde el sexenio anterior para defender a la 4T, aunque con una escasa efectividad y un excesivo ridículo mediático.
Los estrategas de Comunicación Social del gobierno de Sheinbaum tendrían que asesorarla de mejor forma y cesar con el posicionamiento de la negación que cada vez es menos convincente, incluso entre la base seguidora del gobierno morenista.
Los asesores de la mandataria federal tendrían que optar por una responsabilidad pública sobre los problemas que heredó y con ello anunciar una agresiva política pública orientada en el combate al problema de la desaparición forzada, lo que calmaría a la opinión pública, pero en lugar de ello se han centrado en un debate estéril que únicamente empantana más al gobierno mexicano.
Sin embargo, los asesores de Sheinbaum han evidenciado su desconocimiento en el manejo de crisis y han optado por respuestas absurdas que evidencian más al gobierno mexicano, mismas que se desprenden de los últimos hechos de ridiculización, en los cuales se mostró cómo Infodemia, un aparato del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), supuestamente reveló que la imagen de una mujer asoleándose en una ventana de Palacio Nacional era creada por “inteligencia artificial”, pero después se comprobó que era real.
Además, desde las redes sociales oficiales de Sheinbaum se publicaron imágenes en las que había una gran conglomeración de personas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), pero que tampoco correspondían a la realidad, dado que varias personas aparecían incompletas y las fechas no correspondían a la Semana Santa.
Así, con estos problemas de comunicación social no sorprende que la política de comunicación social del Estado mexicano sea fallida y se enfoque únicamente en la negación a los recientes resultados del informe del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, en lugar de reconocer el problema y aprovechar para reposicionar la agenda pública por medio de una serie de políticas públicas alineadas a la atención de la problemática.
