Jorge Octavio Ochoa Domingo, 16 de Agosto del 2026, 14:13
La “Lista de Sheinbaum” concentra el debate sobre vigilancia política, libertad de expresión y uso del poder frente a periodistas críticos.
Por Jorge Octavio Ochoa
El mensaje es verdaderamente intimidante: “Los tenemos a todos ubicados”. Al puro estilo de la mafia. Para que se sepa que no hay escapatoria. Así se sintió la lista dada a conocer por Luisa María Alcalde, en las horas posteriores a la negativa a otorgar el Derecho de Réplica en Las Mañaneras, como parte del “Derecho de las Audiencias”.
Mensajeros modestos, que osen meterse entre las patas de los caballos, serán arrollados y pulverizados, porque es un pleito entre grandes. El ciudadano común y corriente no debe intervenir. Eso es lo que Luisa María Alcalde sembró con la divulgación de esa “lista negra”, ahora llamada la “Lista de Sheinbaum”, que profundiza la polarización que desde hace 8 años vive el país.
Luisa María la llamó “ecosistema digital coordinado”, desde donde se "amplifica información” para atacar a la administración de la presidente Claudia Sheinbaum Pardo a través de ciertos medios y comentaristas. En los hechos, es la declaración de guerra, de cara a las elecciones del próximo año. Morena y sus aliados de la 4T, no están dispuestos a dejar el poder.
Lo ocurrido en estos últimos días, evidencia que el régimen está en alerta roja, tiene encendida las alarmas. Y es que, por cada mil mensajes que emite a través de sus granjas de bots, obtiene oleadas de respuesta y “hashtags” que no dejan de llamar #NarcoPartido y #NarcoEstado a Morena y a la 4T. Además, tienen encima la presión del gobierno de Donald Trump.
Así se vio con el retiro de la visa de viaje a los Estados Unidos a “Andy” López Beltrán, luego de meses de ser mencionado como socio de personajes estrechamente ligados al huachicol y a negocios turbios como la compra de balasto para el tren Maya y el Tren Interoceánico, que ha causado graves accidentes, además de sus ostentosos viajes fuera del país.
Apagón digital
No sería exagerado afirmar que el régimen quiere generar un gran apagón digital para contener la narrativa de que México ya es gobernado por criminales, narcotraficantes y terroristas, dispuestos a desaparecer ciudadanos y apoderarse de comunidades y municipios. Son una serie de hechos que el gobierno federal no sólo no ha podido desmentir, sino que se han acentuado.
Así ocurrió con el tema de Rafael Marín Mollinedo, ex director de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), (primo de “Niko”, famoso chofer de AMLO) y su flamante exsecretario particular en esa dependencia, Alejandro Enrique Arcos Romero, a quien ahora mencionan como cerebro financiero de la llamada “Mafia Rumana”, que encabezaba Florian Tudor, “El Tiburón”.
Resulta que ha surgido la versión sobre la existencia de un presunto cártel de la Península Maya, formado por integrantes de esa Mafia Rumana, que bajo la férula de la tenebrosa figura de Florian Tudor, estafaba turistas en Cancún, clonaba tarjetas de crédito y vendía espacios turísticos. Aunque éste se encuentra detenido en el penal de El Altiplano desde hace cinco años, no ha sido extraditado.
Rafael Marín Mollinedo quiere ser gobernador de Quintana Roo, apoyado precisamente por Alejandro Enrique Arcos Romero, segundo de esa mafia, que ejecuta y mata con métodos brutales, como ocurrió con Sorin Constantin Marcu, antiguo colaborador con quien tuvo conflictos Tudor. En 2018 fue apuñalado en Cancún. Sobrevivió. Luego fue asesinado el 11 de junio de ese año, en la misma ciudad.
La percepción del narco Estado, se tiende también sobre las investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En los últimos días, reapareció la figura de Ángel Heladio Aguirre Rivero al que, todo mundo sabe, reclutó Andrés Manuel López Obrador como gobernador interino, afiliado al PRD, que entonces presidía el expresidente de México.
El exgobernador de Guerrero está íntimamente ligado a María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de José Luis Abarca. Ella en especial, ha sido vinculada al Cártel de los Beltrán Leyva y al grupo criminal Guerreros Unidos. Sus hermanos Mario Alberto, y Salomón Pineda Villa, sirvieron como operadores de los Beltrán Leyva, antes de que surgiera Guerreros Unidos.
La propia gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, ha sido vinculada también al Cártel de los Beltrán Leyva. Su exesposo, Alfredo Alonso Bustamante, es hijo de Joaquín Alonso Piedra (conocido como "El Abulón"), quien fue detenido en 2016 y señalado por autoridades como operador financiero y testaferro del Cártel de los Beltrán Leyva.
Ahora se acusa a la gobernadora de complicidad con grupos regionales como La Familia Michoacana y Los Ardillos en Tierra Caliente. Sin embargo, dicen que quien tiene el poder real en la entidad es Salvador Alanís Trujillo, coordinador de la policía ciudadana en el municipio de Heliodoro Castillo, asociado con Onésimo “el Necho” Marquina, jefe de Los Tlacos.
A esta narrativa, falta añadir el caso del huachicolero Sergio Carmona y su hermano Julio, ex administrador de la aduana de Reynosa, actual testigo protegido del gobierno estadounidense. El régimen de la 4T no ha aclarado si es falso que una filial de Pemex pagó más de 22 millones de pesos a Grupo Industrial Permart, empresa fundada por Sergio Carmona Angulo.
Dicha empresa compró 500 pipas, convirtiéndose en intermediaria de la cadena de distribución para garantizar el abasto de combustible tras el cierre de ductos de la paraestatal, en enero de 2019, presuntamente para combatir el huachicol, según López Obrador. Por eso las sospechas y la percepción de un Estado criminal.
Con voz propia
