Daniel Lee Viernes, 28 de Agosto del 2026, 07:08
La doble nacionalidad forma parte de la realidad de millones de mexicanos en Estados Unidos y no debería convertirse en una limitante para su ciudadanía política.
Por Daniel Lee
México no puede decir que sus migrantes son héroes cuando envían miles de millones de dólares y, al mismo tiempo, insinuar que dejan de ser plenamente mexicanos cuando adquieren otra nacionalidad. La doble nacionalidad no es una traición: es la consecuencia de décadas de migración, de familias divididas por una frontera y de mexicanos que han construido su vida entre dos países.
En Estados Unidos viven decenas de millones de personas de origen mexicano. Una parte nació en México; otra nació en territorio estadounidense, pero es hija de mexicanos. Millones tienen doble nacionalidad, ya sea porque nacieron en Estados Unidos de padres mexicanos o porque adquirieron la ciudadanía estadounidense después de haber nacido en México.
Esta realidad no apareció ayer. Es consecuencia de generaciones enteras de migración y de una relación binacional que ningún gobierno puede borrar mediante una reforma constitucional.
Por eso, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para exigir nacionalidad exclusivamente mexicana a quienes aspiren a determinados cargos de elección popular no debe despacharse como un asunto administrativo. Es una discusión de fondo: ¿hasta dónde puede llegar el Estado mexicano para determinar quién es suficientemente mexicano para ejercer un derecho político?
La pregunta es incómoda, pero necesaria.
Porque una cosa es establecer salvaguardas para evitar conflictos de interés en cargos estratégicos y otra muy diferente es colocar bajo sospecha a quienes poseen dos nacionalidades.
México ya reconoce constitucionalmente la doble nacionalidad. También establece requisitos particulares para determinados cargos y funciones. Por tanto, si existe preocupación legítima por la soberanía, los posibles conflictos de intereses o la lealtad institucional de quienes ocupen determinadas posiciones, la discusión debe concentrarse en esos cargos y en esas responsabilidades.
Lo que no puede hacerse es convertir la doble nacionalidad en una especie de certificado de ciudadanía incompleta.
Un mexicano no pierde sus raíces, su historia ni sus derechos porque tenga un segundo pasaporte.
El problema adquiere una dimensión todavía mayor cuando se habla de los derechos políticos de quienes viven fuera del país.
Durante años, México trató a sus migrantes como ciudadanos útiles pero políticamente distantes. Se les reconocía cuando enviaban remesas, cuando sostenían a sus familias, cuando invertían en sus comunidades o cuando defendían la imagen del país en Estados Unidos. Pero durante demasiado tiempo se les dejó al margen de las decisiones políticas.
Eso ha comenzado a cambiar.
Los mexicanos en el exterior pueden votar, participar en procesos electorales y exigir representación. El Estado mexicano ha reconocido que su vínculo con el país no desaparece por vivir fuera de las fronteras nacionales.
Entonces, ¿por qué avanzar ahora hacia restricciones que pueden afectar precisamente a esa comunidad?
La contradicción resulta difícil de ignorar.
México necesita una política hacia su diáspora basada en derechos, no en sospechas.
Porque detrás de la palabra “doble nacionalidad” no hay una categoría abstracta. Hay familias. Hay historias. Hay millones de personas.
Está el hijo de mexicanos nacido en Los Ángeles que habla español en casa, mantiene vínculos con el pueblo de sus padres y participa en las decisiones de su comunidad de origen.
Está la mexicana que emigró a Estados Unidos, trabajó durante décadas, se naturalizó para proteger a su familia y nunca renunció a su nacionalidad mexicana.
Está el joven nacido en México que creció en Texas y que, después de años de residencia, obtuvo la ciudadanía estadounidense.
¿Son menos mexicanos?
¿Deben tener menos derechos?
¿Su lealtad puede medirse por el número de pasaportes que poseen?
La respuesta debería ser contundente: no.
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