Daniel Lee Lunes, 06 de Julio del 2026, 08:38
Texas aparece como el punto de concentración de una política migratoria que puede dejar a miles de niños frente a procesos de deportación sin defensa efectiva.
Por Daniel Lee
La política migratoria de Donald Trump entró ya en una etapa más inquietante. Ya no se limita al cierre de la frontera, las redadas o el incremento de las deportaciones de adultos. El nuevo frente parece concentrarse en quienes menos capacidad tienen para defenderse: los niños migrantes que llegan solos a Estados Unidos.
La alerta surgió cuando altos funcionarios del Departamento de Justicia solicitaron a la Comisión de Defensa de Indigentes de Texas asumir la representación legal de menores extranjeros en procesos de deportación. La petición sorprendió incluso a la propia institución. Su director ejecutivo, Scott Ehlers, dejó claro que la comisión fue creada para coordinar la defensa penal de texanos de bajos recursos, no para intervenir en procedimientos migratorios federales, por lo que aceptar esa función incluso podría rebasar el marco legal bajo el cual opera.
El episodio revela mucho más que una improvisación administrativa. Sugiere una estrategia para reconfigurar el sistema de protección jurídica de los menores migrantes y concentrar sus casos en Texas, un estado cuya política migratoria mantiene plena sintonía con la agenda de la Casa Blanca.
Las señales son claras. Mientras el gobierno busca cancelar el contrato federal que garantiza asistencia legal a miles de niños migrantes, también ha cerrado decenas de albergues en otros estados y fortalece la infraestructura de recepción en Texas. Paralelamente, crecen las preocupaciones sobre un eventual traslado masivo de menores hacia esa entidad, donde las resoluciones judiciales suelen ser más restrictivas en materia migratoria y los procesos de deportación avanzan con mayor rapidez.
Durante más de dos décadas, Estados Unidos sostuvo un principio elemental: ningún menor debía enfrentar solo un procedimiento de deportación. No se trataba de un privilegio, sino del reconocimiento de que un niño carece de las herramientas para defenderse ante un sistema jurídico altamente complejo. Ese criterio permitió que miles de menores víctimas de violencia, pobreza, persecución o separación familiar tuvieran acceso a una representación legal mínima.
Hoy ese principio parece convertirse en un obstáculo para la política migratoria de la administración Trump.
La estrategia combina distintos mecanismos: limitar el acceso a abogados, retrasar o cancelar pagos a organizaciones que brindan defensa legal, dificultar la reunificación familiar, prolongar la permanencia de los menores en centros de detención e incluso cuestionar en los tribunales la obligación del gobierno de garantizar representación jurídica. Sin defensa especializada, las posibilidades de solicitar asilo, acceder a protección humanitaria o demostrar condiciones de vulnerabilidad disminuyen drásticamente.
El posible traslado de menores hacia Texas incrementa aún más las preocupaciones. El Quinto Circuito de Apelaciones mantiene algunos de los criterios más restrictivos en materia migratoria; los jueces de inmigración registran mayores índices de rechazo de solicitudes de asilo y desde ese estado despega el mayor número de vuelos de deportación del país. Concentrar ahí a miles de niños significaría colocarlos en el escenario menos favorable para ejercer plenamente sus derechos.
Diversas organizaciones de defensa de los migrantes, entre ellas la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (NALACC), así como federaciones de clubes de migrantes mexicanos, han advertido durante los últimos meses que el debilitamiento de la representación legal y la concentración de procedimientos en estados con políticas más restrictivas amenazan el debido proceso y colocan a miles de menores en condiciones de mayor vulnerabilidad. Para estas organizaciones, la protección de la infancia migrante no puede quedar subordinada a objetivos políticos ni electorales.
Es claro que los niños migrantes no representan una amenaza para la seguridad nacional. En su inmensa mayoría son víctimas de contextos de violencia, pobreza o separación familiar. Transformarlos en simples expedientes administrativos significa despojar a la migración de su dimensión humana.
Cuando un gobierno considera que un niño puede enfrentar solo un juicio de deportación, el problema deja de ser exclusivamente migratorio. Se convierte en una prueba para la democracia, para el Estado de derecho y para la conciencia moral de una sociedad que debe decidir si la eficiencia política puede imponerse sobre los derechos fundamentales de la infancia.
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