Hazael Sayavedra Domingo, 08 de Noviembre del 2026, 00:00
Tijuana mantiene millonarios proyectos de videovigilancia y nuevas obras viales, mientras persisten homicidios y hallazgos de cuerpos en el Bulevar 2000.
Por Hazael Sayavedra
Nota editorial: Esta columna distingue entre hechos documentados, indicios, opiniones y preguntas abiertas. Las afirmaciones documentales se sustentan en las fuentes citadas al final del texto; cuando un dato no pudo ser verificado o corresponde a una valoración del autor, se señala expresamente en la redacción.
Hay carreteras que unen ciudades y carreteras que exhiben gobiernos. El Bulevar 2000 hace ambas cosas: conecta Tijuana con Rosarito y exhibe una autoridad que promete vigilancia, compromete miles de millones y sigue llegando cuando lo único que queda por hacer es levantar un cuerpo.
Revisé la prensa local desde el inicio del gobierno de Marina del Pilar, el 1 de noviembre de 2021, hasta el 3 de noviembre de 2026. Encontré 56 hechos con al menos 65 víctimas sobre el bulevar o a un costado. No es un registro oficial ni exhaustivo: es un conteo de casos publicados y localizados en esta revisión. El número real puede ser mayor.
Son dos hechos en noviembre y diciembre de 2021; nueve en 2022; diez en 2023; ocho en 2024; doce en 2025 y quince en 2026 hasta ese corte. Desde octubre de 2024, ya con Claudia Sheinbaum en la Presidencia e Ismael Burgueño en la alcaldía, aparecen 29 hechos y al menos 34 víctimas. No atribuyo todos los crímenes a un gobierno: le exijo responder por la seguridad que ofreció.
La lista tiene bolsas, cobijas, una cabeza en Natura en marzo de 2026, una hielera con una pierna en julio de 2025 y un cuerpo con un mensaje fijado con un desarmador en agosto de 2026. Dos cuerpos calcinados bajo el puente La Encantada el 1 de octubre. El 3 de noviembre, un mismo día, dos hechos distintos sobre la misma vía: un cuerpo envuelto cerca de Natura, en la madrugada, y una joven baleada en La Encinera, del lado de Rosarito, por la tarde.
También tiene nombres: María Luisa Medina Barocio, de 30 años, reportada desaparecida y encontrada junto a otro cuerpo en junio de 2025; Ghanem, refugiado argelino asesinado frente a Plaza Sendero en septiembre de 2023. Tiene un chofer de Tebsa muerto frente a sus pasajeros en abril de 2025 y una pareja asesinada en el estacionamiento de Plaza Sendero, entre familias, en diciembre de ese año.
Y tiene a Sayuri Tajimaroa Ponce, de 20 años. Salió de su casa en Natura un viernes, el 30 de octubre, y cuatro días después la tiraron con un balazo en la cabeza junto al Bulevar 2000, a la altura de La Encinera. Su familia apenas había podido presentar la denuncia. ¿Quién la tuvo esos cuatro días? ¿Cuántas fichas de búsqueda más hay hoy en Tijuana de mujeres que nadie está buscando más que sus familias y los colectivos?
¿El gobierno no sabe dónde ocurre? Claro que sabe. En enero de 2025, según BajaNews, sus autoridades describieron el Corredor 2000 como un punto crítico y anunciaron cámaras, drones y coordinación metropolitana. En febrero, el secretario municipal de Seguridad confirmó a El Imparcial que el entorno del bulevar sería una de las áreas a reforzar mediante una revisión de la «geo-delincuencia».
No necesito inventar una declaratoria oficial de «foco rojo». Sus propios anuncios reconocen el problema. Lo que falta no es descubrir el corredor: es proteger a quienes lo recorren.
Y tampoco estamos hablando de un gobierno sin capacidad para comprometer dinero. Los Ángeles Press documentó que el 30 de junio de 2026 el Ayuntamiento de Ismael Burgueño adjudicó directamente, sin licitar, a It Training Solutions México un contrato de 3 mil 276 millones 451 mil 807.20 pesos, por quince años, para adquisición, instalación y mantenimiento de videovigilancia: 6 mil 366 cámaras, incluidas 2 mil 122 existentes y 4 mil 244 adicionales.
Son compromisos plurianuales, no dinero gastado de golpe ni una bolsa disponible para cualquier cosa. Pero desmienten que nada se pueda financiar. Para contratar, Ismael Burgueño sí tuvo proyecto, expediente y horizonte de quince años. ¿Dónde está ese mismo empeño para que dejen de abandonar cuerpos?
El Centro de Control y Mando municipal —C2— dice en su página oficial que trabaja las veinticuatro horas, coordinado con el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo —C4—, y que sus cámaras se colocan estratégicamente según incidencia delictiva y tránsito. Entonces, ¿para qué sirve identificar riesgos si la respuesta no consigue impedir su repetición?
No pude verificar cuántas cámaras operativas de ese contrato cubren hoy el Bulevar 2000. Precisamente eso debe explicar Burgueño: cobertura, funcionamiento, respuesta y resultados. No otra fotografía de pantallas.
Ahora viene la otra factura. Los carriles confinados no son un proyecto municipal de Burgueño: son una concesión del gobierno de Marina del Pilar, otorgada a un consorcio encabezado por HYCSA. Son cuatro carriles nuevos de cuota en doce kilómetros, entre las carreteras libre y de cuota Tijuana–Tecate, no en todo el corredor hasta Rosarito. La concesión se reportó por 29 años y ocho meses.
En agosto de 2025 se publicó una tarifa prevista de 53.60 pesos sin Impuesto al Valor Agregado —IVA— para automóviles por el recorrido completo. Después, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial —Sidurt— habló de entre 50 y 56 pesos, sujetos a ajuste final. En febrero de 2026 todavía se informaba una terminación para mediados de 2027, con referencias a julio o agosto. No es una cuota que ya se esté cobrando ni un precio final inamovible.
La pregunta sigue en pie: cuando empiecen a cobrar, ¿ahora sí habrá seguridad? ¿Para quién? ¿Para quien pague y no para quien siga por los carriles libres? No afirmo que exista ese plan de vigilancia discriminatoria: exijo que garanticen públicamente lo contrario.
También hay que decir lo que matiza la crítica: la concesión incluye rehabilitar los cuatro carriles existentes, que seguirán gratuitos. Sidurt anunció alumbrado, señalamiento y sistemas de seguridad. Su titular explicó que la inversión sería privada y que el Estado aportaría el derecho de vía. No hay sustento aquí para decir que esa construcción se paga directamente con impuestos.
La discusión es otra: Marina del Pilar decidió entregar a un privado la explotación de una vía pública durante casi treinta años y cobrarle al usuario por la mejora.
A mi juicio, el modelo pone el cobro por la mejora antes que la garantía de seguridad para toda la vía: el servicio público espera; el negocio encuentra calendario. Participación privada no equivale automáticamente a corrupción. Tampoco libera al gobierno de su obligación.
La Fiscalía reportó una reducción de 1,809 homicidios en Tijuana en 2024 a 1,219 en 2025. Hay que reconocerla. Este recuento parcial del bulevar no mide una tendencia estadística comparable entre años. Pero sí documenta la persistencia del horror: incluso aparecieron cuerpos baleados en las obras del camellón en abril y septiembre de 2026.
Marina, Burgueño: ¿gobiernan para prestar servicios o para administrarnos contratos? La seguridad no puede convertirse en una prestación adicional de la vía de paga. Para cobrar no les falta gobierno. Que no les falte para proteger.
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Nota metodológica: el conteo incluye sólo hechos reportados por la prensa y localizados en esta revisión, ocurridos sobre el Bulevar 2000 o a un costado de él, entre el 1 de noviembre de 2021 y el 3 de noviembre de 2026. Un mismo hecho publicado por varios medios se contó una sola vez. Quedaron fuera tres casos de 2026 en colonias contiguas («cerca del bulevar») y una muerte sin causa violenta establecida. El número real puede ser mayor. La actualización editorial es del 6 de noviembre de 2026; no se amplió el corte de casos del 3 de noviembre.
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