Directora de Inteligencia de la FESC: tres meses y una salida

La FESC de Baja California mantiene sin explicar públicamente los criterios de la salida de Meza, mientras José María Rivera asume con un perfil de continuidad.

Por Hazael Sayavedra

Itzela Meza Vázquez llegó el 1 de agosto de 2026 a la Coordinación Operativa de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana con 22 años de trayectoria interna: grupos de reacción, protección a funcionarios, mando intermedio. Se presentó como la primera mujer en el cargo. Tres meses después ya no estaba. El secretario de Seguridad Ciudadana, Laureano Carrillo Rodríguez, le explicó en una reunión —según el relato que ella misma dio al semanario Zeta el 6 de noviembre de 2026— que había dos motivos: los resultados de un mes de transición y un video de Facebook del comunicador Víctor Lagunas, “conocido de la gobernadora”, al que ella “debía haber llevado un control” porque “te iba a seguir atacando”.

Carrillo no es un improvisado. Tiene formación en la Escuela Militar de Inteligencia, experiencia en Estado Mayor y trayectoria en Guanajuato antes de llegar a Baja California en febrero de 2025. Ese perfil de inteligencia de la vieja escuela tiene herramientas para leer el terreno y anticipar movimientos. La pregunta abierta es si ese perfil se está usando para resolver el problema de fondo o para contener daños.

Desde su llegada, la FESC arrastra denuncias persistentes de robos en cateos, siembra de drogas y extorsión. Los niveles son altos y no han bajado. La depuración que anunció al llegar no se ha traducido en una limpieza visible de esos patrones. Hasta la fecha no hay oficio público de remoción, evaluación de resultados ni comunicado institucional que precise los criterios usados.

El caso de Meza permite observar cómo se aplica la regla. A ella no le dieron curva de adaptación. El pretexto mediático bastó. Si cada vez que un comunicador con acceso se queja de una funcionaria se la remueve en semanas, no debería quedar ninguna mujer mediáticamente visible en el gobierno de Baja California: todas tienen asuntos que explicar. La doble vara es evidente. Hay mandos con peores resultados y señalamientos más graves que siguen en sus puestos. A Meza se le midió con una regla que no se aplica a todos.

El nombramiento mismo cabe en la hipótesis de activo político. Se enmarcó como “primera mujer” dentro de una administración que ha privilegiado la visibilidad femenina en cargos de seguridad y gobierno. Cuando dejó de ser cómodo —cuando generó fricción con alguien del círculo cercano a la gobernadora—, se retiró con el argumento de resultados de un mes. No hace falta convertir todo en misoginia absoluta. Basta señalar que el puesto se llenó, en parte, por una tendencia a feminizar cargos visibles y se vació en cuanto dejó de ser conveniente.

El paralelo con el teniente coronel Julián Leyzaola en Mexicali sigue siendo útil: cuando un mando empieza a pisar intereses de quienes arriba reciben algo más que reportes de seguridad, la curva de adaptación se acaba rápido. La pregunta queda abierta: ¿Meza empezó a mover algo que perjudicó a alguien dentro de los grupos de poder o, simplemente, no se le aguantó ni el primer mes de ajuste?

El relevo confirma el contraste. En el lugar de Meza quedó José María Rivera como subsecretario operativo de la FESC. Su perfil público es el de un mando interno de continuidad: aparece en el homenaje a los agentes caídos, habla de mantener la estrategia vigente, priorizar el trabajo en las calles, impulsar ascensos y reducir quejas. No trae la trayectoria de inteligencia militar de Carrillo ni el enmarque de “primera mujer” que se le dio a Meza. Llega con lenguaje de operación y de acomodo interno, no de renovación ni de ruptura.

Meza, con 22 años dentro de la corporación y el título de primera mujer en el cargo, no aguantó tres meses ni el primer pretexto mediático. Rivera, de perfil más bajo y sin ese enmarque, asume con el discurso de que todo sigue. El contraste no está sólo en los resultados todavía; está en quién se retira en semanas y quién se queda para contener.

El nuevo perfil es, en lo público, menos preparado que la titular a la que releva. Sin embargo, ahora han puesto a un hombre que, por el momento, parece más alineado con los intereses de la estructura.

El negocio de la seguridad de alto impacto en Baja California —homicidio, tráfico, extorsión armada, organización delictiva, inteligencia operativa contra grupos armados— es estadísticamente masculino. Los hombres concentran la gran mayoría de la violencia grave y del crimen de alto impacto. Una mujer en la jefatura de inteligencia o coordinación operativa de la FESC no opera en terreno neutro.

La mayoría de los generadores de violencia son hombres; los métodos de contención también lo han sido. En campo suele estar protegida por equipos de hombres porque el contexto lo exige. Eso no determina la capacidad individual de nadie, pero sí marca el entorno en el que se toma la decisión de nombramiento y de salida.

El comportamiento posterior de Meza aporta un dato adicional. Ante el cambio de puesto —no una amenaza de vida ni de libertad—, habló con los medios y relató con precisión la conversación con Carrillo: los dos motivos, la mención de Lagunas como conocido de la gobernadora, la instrucción de llevar control, la gestión de daño hacia arriba. Eso no es un comunicado institucional. Es la versión interna de una reunión de mando puesta en circulación. En una estructura de inteligencia o de coordinación operativa, la reserva y el sigilo son parte del oficio. Aceptar el puesto implica aceptar que ciertas conversaciones y criterios se quedan dentro.

Hacerlos públicos, aunque sea para defender la reputación personal, genera riesgos: compromete el modelo de decisión de la cúpula, debilita la disciplina de los que siguen dentro y prioriza la salvaguarda individual sobre la contención institucional. Al mismo tiempo, la instrucción que Meza relata —que debió “llevar control” de un comunicador “conocido de la gobernadora”— ya era una orden de gestión de daño político, no de criterio técnico. Si el cargo exige sigilo y evaluación por resultados, esa instrucción también es política. El texto señala la filtración de Meza; la orden de Carrillo que ella describe tiene el mismo carácter.

Esa filtración, aunque de nivel bajo, es fuga de inteligencia. No entregó nombres de operativos ni fuentes. Entregó el modelo mental y el orden de prioridades del secretario: qué criterios usa para evaluar un mando, cómo jerarquiza la fricción mediática, cómo se alinean los actores —el secretario gestiona daño político hacia arriba; el círculo de la gobernadora es un factor explícito— y cuál es el umbral de tolerancia. Para un adversario —crimen organizado, contrainteligencia de otro nivel o actores políticos internos—, eso es un mapa de cómo piensa y cómo decide la autoridad. Le permite calibrar presiones para obtener respuestas predecibles. En inteligencia, el modelo mental del tomador de decisiones vale tanto como un dato puntual.

El patrón no es nuevo en Baja California. Cuando se filtraron los audios de Marina del Pilar sobre su visa y posibles escenarios de cargos o extradición, la justificación pública fue personal y familiar: “pensé en mis hijos, porque nunca antes me habían planteado algo semejante”. El acto se redefinió como salvaguarda privada, no como responsabilidad institucional.

En el caso de Meza, la lógica es análoga: ante la tensión, la explicación y defensa de la posición propia pesaron más que la reserva que el cargo exige. Si ante un simple cambio de puesto ya hubo filtración de lógica interna, la pregunta operativa es qué ocurriría ante un riesgo mayor y más personal. El precedente baja el umbral.

Una mujer en un puesto de poder no es, por sí misma, garantía de integridad ni de mejores resultados. Casos como el de Araceli Brown (sancionada por OFAC), Alejandra Ang (retenida con 800 mil pesos sin declarar), María Elena Andrade (hija en nómina de CESISPE) o Marina del Pilar (audios y redes familiares documentadas) muestran que el género no garantiza nada. El argumento sirve sólo para desmontar la fachada; no explica el caso Meza.

La pregunta que queda abierta no es si una mujer puede o no dirigir inteligencia. Es si a Meza se le dio tiempo real de adaptación o si se usó el primer pretexto disponible para retirar un activo que dejó de ser conveniente. Es si el perfil de inteligencia de Carrillo está orientado a la resolución o a la contención de daños. Y es si, en un negocio donde la criminalidad de alto impacto es abrumadoramente masculina y el sigilo es herramienta de trabajo, las decisiones de nombramiento, permanencia y salida se están tomando con criterios operativos o con criterios de imagen y de salvaguarda personal. La regla que se le aplicó a ella no se les aplica a todos. Eso, en seguridad, tiene costo.

Hasta ahora no hay respuesta institucional. Carrillo no ha precisado los motivos. La FESC no ha emitido comunicado. La gobernadora no se ha pronunciado. El relato de Meza a Zeta y el nombramiento de Rivera, con lenguaje de continuidad, son lo único que está documentado sobre la mesa.

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Nota del autor: Las valoraciones, hipótesis y lecturas contenidas en esta columna son del autor. Se basan en el relato público de Itzela Meza en el perfil público de José María Rivera y en la ausencia, hasta la fecha, de oficio de remoción, evaluación de resultados o comunicado institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la FESC o la gobernadora. No se afirma la existencia de documentos no públicos ni se atribuyen declaraciones que no hayan sido publicadas.

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