Hazael Sayavedra Viernes, 13 de Noviembre del 2026, 00:22
La Fiscalía de Baja California concentró contratos millonarios con Inteliproof, empresa posteriormente sancionada por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Por Hazael Sayavedra
Parte 2 de 3
En la entrega anterior abrí la factura de Tecate: patrullas rentadas a Inteliproof, asesoría contable comprada por adjudicación directa a Private Equity Baja, un contrato que desapareció del portal y una revisión que no llega. Dije que Tecate era la sucursal chica. Hoy toca el mapa completo. Porque la red que el Tesoro de Estados Unidos atribuye a Marco Antonio Moreno Gómez Santelices no le vendió solo a un Pueblo Mágico en crisis. Le vendió, según los contratos publicados, a casi todo el que manda en Baja California.
La advertencia, de nuevo, porque la repetición también es ética: la designación de la OFAC no es una sentencia mexicana. Ni Santelices ni ninguno de los funcionarios que firmaron estos contratos ha sido condenado. Los contratos se firmaron antes de la sanción. Lo que reviso aquí no es un delito probado; es un patrón que nadie con poder ha querido explicar.
El estado que encabeza el país
El contexto no es decorado. De enero a septiembre de 2026, según el Secretariado Ejecutivo, Baja California fue la entidad con más víctimas de homicidio doloso del país: mil 92. El promedio diario bajó, sí, pero el primer lugar no se fue a ningún lado. Y mientras Tecate entierra a los suyos, su alcalde nos recuerda que ha habido años de 200 homicidios. En ese estado, las instituciones que compraban uniformes, patrullas, cámaras corporales, equipo táctico y software de inteligencia eran las responsables de contener la violencia. Y uno de sus proveedores favoritos era, según Washington, parte de la estructura financiera de uno de los bandos en guerra.
La Fiscalía: el mejor cliente
Empecemos por la institución que persigue el delito. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó que la Fiscalía General del Estado pagó a Inteliproof Efficient más de 200 millones de pesos entre 2022 y 2025. La cuenta junta 33 contratos visibles en la Plataforma Nacional de Transparencia, por 73.2 millones, 19 de ellos por adjudicación directa. El Universal, por su lado, contó 36 contratos por 75.5 millones en el mismo periodo.
¿Qué compraba la Fiscalía? Uniformes tácticos y, según El Universal, un software de reconocimiento facial por 11.6 millones de pesos para la Dirección de Tácticas de Investigación. Un contrato de 8.1 millones para uniformes tácticos, pagado con el fondo federal de seguridad FASP, lo firmó por la empresa Carlos Villela, sancionado en el mismo boletín que Santelices.
Los Ángeles Press, primero en investigar, fue más lejos. Encontró al menos 20 facturas de Inteliproof a la Fiscalía en 2023, por 9.94 millones, ligadas a tecnología para intervenir comunicaciones privadas, vigilar personas y rastrear dispositivos: el software Orion. La Fiscalía reservó esa información. Es decir, no sabemos a quién se espió con el software que vendió una empresa que Washington liga a Los Mayos, ni qué acceso técnico conservó el proveedor. El gobierno estatal descartó “una vulneración de información ciudadana”. Que lo demuestre con una auditoría independiente, no con un comunicado.
Y el detalle que haría sonrojar a un guionista: según documentos de la propia Fiscalía revisados por Los Ángeles Press, en noviembre de 2024 Santelices figuraba como “Reportero en Información” de la Dirección de Comunicación Social, con comisiones oficiales. El proveedor vendía, cobraba y, de paso, reporteaba. Ni en las redacciones más precarias se ve tanto multiusos.
La relación se extendió de 2022 a 2025. Es la misma Fiscalía que en junio documentó que policías de Tecate le avisaban al CJNG. La que investiga infiltraciones ajenas tenía a su principal proveedor de tecnología sensible en una lista negra en ciernes. ¿Quién investiga al que te vendió el equipo para investigar?
El Gobierno del Estado
La administración de Marina del Pilar también compró Santelices. De acuerdo con Transparencia, existen al menos siete contratos con Inteliproof entre 2022 y 2025, por 16.5 millones: uniformes para la Secretaría de Seguridad Ciudadana, equipo táctico para la Fuerza Estatal, equipo antimotín y ropa para la Comisión Local de Búsqueda, entre otros conceptos. Reforma reporta, además, un contrato de 2021 por 16 millones para sistemas IMSI-catcher, los aparatos que se hacen pasar por antenas celulares para interceptar teléfonos.
Otra de las diez, Wermak Publired, firmó el 2 de julio de 2025, un contrato con el gobierno estatal por un millón 557 mil pesos más IVA para un Foro de Transformación Digital. Ese mismo día se firmó un convenio modificatorio. Firmar el contrato y su ampliación en la misma fecha es una forma muy eficiente de planear. A ello, suma contratos directos de la Secretaría de Turismo con la empresa de eventos de la red por 9.5 millones.
Cuando estalló la sanción, la gobernadora ordenó revisar los contratos, enviar los expedientes a la Secretaría Anticorrupción y vetar de las licitaciones a los señalados. Su defensa: “En ese momento no existía inhabilitación, sanción previa ni impedimento legal alguno”. Es cierto. También es cierto que ningún reglamento obligaba a concentrar en un mismo círculo empresarial uniformes, software espía, foros digitales y fiestas.
En el mismo boletín del Tesoro aparece Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora. Washington lo describe como un operador político ligado al cártel, en alianza con “El Ruso”. En la misma lista está el exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil, a quien el Tesoro acusa de recibir sobornos a cambio del “control del Cártel de Sinaloa sobre la policía municipal”. Y al hermano de Torres, Luis Alfonso, el Tesoro lo acusa de lavar sobornos “a través de empresas y campañas políticas”. Son acusaciones de otro gobierno. Torres las niega y dice que todo viene de una denuncia anónima ante la FGR. La gobernadora no figura entre los sancionados. Lo anoto sin adjetivos: el documento que nombra al proveedor favorito del estado nombra también al exmarido de quien lo gobierna.
Los municipios: de todos los colores
Rosarito es el antecedente que nadie quiere recordar. La alcaldesa morenista Hilda Araceli Brown firmó en 2022 la compra de patrullas a Inteliproof por 7.6 millones y en 2024 la de uniformes policiales por 2.8 millones, ambas por adjudicación directa y con dinero federal del Fortamun. En 2025 siguieron cámaras corporales por 1.4 millones y contratos de otra empresa del círculo, TekSeg, por 3.7 millones. En septiembre de 2025, la OFAC sancionó a Brown. El Tesoro afirma que la exalcaldesa, junto con dos operadores, “cobraba pagos de extorsión para los Arzate” y que la red se protegía con la policía municipal. Ella lo niega y hoy es diputada federal.
Tijuana compró equipo para modernizar semáforos a Inteliproof, y existen contratos de otra empresa del círculo para Bomberos y la Policía, algunos desde la administración panista de Juan Manuel Gastélum. El alcalde Ismael Burgueño ordenó rescindir los contratos con las empresas de la lista, ya con la sanción encima. Ensenada contrató a la empresa de eventos de la red para producir el Carnaval 2025; hoy, también con la sanción encima, bloqueó nuevas contrataciones. En Baja California, el filtro de proveedores se activa puntualmente: después del boletín del Tesoro. La suma de más de 46 millones pagados a Inteliproof solo por Tijuana, Rosarito y Tecate.
Y para que nadie diga que esto es cosa de un solo partido: en agosto de 2020, el gobierno priista de Claudia Pavlovich en Sonora compró a Holistic Wellwaves 18 mil pruebas de COVID por 8.77 millones, por adjudicación directa. Firmó como representante legal el propio Santelices. Holistic Wellwaves se había constituido en Tijuana apenas un año antes. De recién nacida a proveedora de pruebas en plena pandemia: el emprendimiento mexicano no tiene límites.
El Universal sumó al menos 108.5 millones de pesos en los contratos de la red que pudo revisar. PAN, PRI y Morena aparecen en la lista de clientes. La red no tenía partido. Tenía clientes.
Los socios que no fueron sancionados
Hay nombres que no están en la lista del Tesoro, pero sí en las actas. Entre los fundadores de Inteliproof, constituida en octubre de 2020, figura Jorge Enrique Figueroa Barrozo, expresidente de Canacintra Tijuana, quien hasta 2025 fue coordinador del Corredor Económico del Bienestar en Baja California por nombramiento de Marcelo Ebrard. Según un reportaje de Los Ángeles Press, Figueroa vendió sus acciones a Villela en 2021. No fue sancionado y nada de esto lo convierte en culpable. Sí ilustra lo cerca del poder federal que operaba el círculo.
El representante de Wermak, Facundo Emilio Gámez, es productor de “La Familia Presenta”, el grupo del empresario Fernando Salgado Chávez, que tampoco fue sancionado. Santelices impulsó el proyecto político de Burgueño junto con Carlos Torres, con Salgado como estratega. Es un seguimiento periodístico, no un hallazgo oficial. Lo que sí tiene certeza: Los Ángeles Press publicó en noviembre de 2025 los oficios de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada que citaban a Burgueño y a Salgado a declarar “en calidad de imputado” en una carpeta por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Un citatorio no es una acusación ante un juez y no se conoce ninguna imputación judicial. Ninguno de los dos fue sancionado por la OFAC.
Washington señala, México congela, nadie investiga
La respuesta mexicana tiene dos velocidades. La rápida: el mismo 29 de septiembre, la UIF metió a las 46 personas y empresas sancionadas en la Lista de Personas Bloqueadas, por el Acuerdo 471/2026, tras reportar, en “algunos de los sujetos”, “operaciones financieras de riesgo e irregularidades”. Aclaró que la medida “no constituye una determinación definitiva” y que “no implica la acreditación de responsabilidad alguna”. Santelices, Villela, Torres y otros pidieron amparo. Los jueces federales les han negado todas las suspensiones; la audiencia constitucional de Torres está fijada para el 24 de noviembre.
La lenta: el 8 de octubre, la presidente Sheinbaum dijo que “no se tienen ninguna prueba de que estén vinculados con algún grupo delictivo, ni tampoco se ha recibido información por parte de Estados Unidos”. Las irregularidades, explicó, podrían ser simples fallas fiscales. No localicé ninguna carpeta de la FGR ni de la Fiscalía estatal contra Santelices por estos hechos. La diputada Daylín García reclamó en el Congreso que ninguna de las dos fiscalías haya abierto investigaciones. Y el conflicto salta a la vista: la Fiscalía estatal, que tendría que investigar a su proveedor, fue su mejor clienta.
Así funciona nuestra soberanía selectiva: Washington señala, Hacienda congela por si acaso, la presidencia dice que no hay pruebas y las fiscalías miran el techo. Si la red es inocente, que se demuestre con una investigación. Si no lo es, que se demuestre también. Lo único que no se puede demostrar con un comunicado es que no pasó nada.
La pregunta que sube
Lo que este mapa enseña no es que todos los gobiernos estén coludidos. Eso no lo sé y no lo afirmo. Enseña algo más sencillo y más grave: que en Baja California un mismo círculo empresarial pudo venderle seguridad, tecnología de vigilancia y espectáculos a la Fiscalía, al Gobierno, a cuatro municipios y hasta a Sonora, con gobiernos de tres partidos distintos, en un estado que hoy encabeza el país en homicidios, sin que ningún filtro preguntara quién era el beneficiario final.
Las preguntas que nadie ha contestado
Mismo criterio: preguntas, no acusaciones.
A la gobernadora Marina del Pilar Ávila: ¿Quién en su gobierno autorizó los contratos con Inteliproof y por qué varios fueron por adjudicación directa? ¿Qué resultado dio la revisión que ordenó y qué hizo con los expedientes la Secretaría Anticorrupción? ¿Cuándo los va a hacer públicos?
A la Fiscalía General del Estado: ¿Por qué reservó la información del software de intervención de comunicaciones? ¿Quién lo opera hoy, contra quién se ha usado y con qué órdenes judiciales? ¿Por qué el dueño de su principal proveedor de tecnología aparecía en su nómina como “reportero” con comisiones oficiales? ¿Va a excusarse de investigar a su propio proveedor?
A la Secretaría de Seguridad Ciudadana: ¿Revisó el equipo táctico y los uniformes que la Fuerza Estatal le compró a la red? ¿Cuántos policías estatales tienen hoy el control de confianza reprobado o vencido y siguen armados?
Al Ayuntamiento de Mexicali: después de que el Tesoro señaló a su exdirector de Seguridad Pública, ¿qué revisión se hizo de los mandos y agentes que trabajaron bajo sus órdenes?
Al Ayuntamiento de Tijuana: ¿Cuánto le compraron la Policía y Bomberos a empresas del círculo señalado? ¿Se revisaron esos contratos?
A la UIF y a la FGR: ¿Qué operaciones de riesgo encontró la UIF y si presentó denuncia? ¿Tiene la FGR alguna carpeta abierta?
Al Congreso del Estado: ¿Va a citar a comparecer a la fiscal y al secretario de Seguridad por estos contratos?
En la próxima y última entrega de esta serie: cómo se sube del pitazo de un policía a la firma de un contrato, y de ahí a la boleta y a la cúpula. Los pisos del edificio del crimen, con casos documentados, y la pregunta de en qué piso va Tecate.
