Hazael Sayavedra Viernes, 02 de Octubre del 2026, 00:13
Por Hazael Sayavedra
Laocoonte era el sacerdote troyano que advirtió a su pueblo que el caballo de madera era una trampa. Los troyanos no le creyeron. Dos serpientes lo estrangularon frente a toda la ciudad y Troya cayó.
En agosto de 2022, Jaime Bonilla subió a la tribuna del Senado y dijo que Baja California vivía bajo un narcogobierno. Lo tacharon de loco, de vengativo, de mentiroso. Cuatro años después, el Tesoro de Estados Unidos sancionó a su exesposo, Carlos Torres, como operador político del Cártel de Sinaloa. El Laocoonte tenía razón y nadie lo escuchó.
El 17 de agosto de 2022, Bonilla denunció en la Comisión Permanente un pacto entre la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Señaló al fiscal Ricardo Iván Carpio, a quien acusó de vínculos con cárteles y de haber sido impuesto violando la Constitución por su edad. Dijo que, antes de hablar, fue con López Obrador, le entregó cuatro expedientes de funcionarios que contrabandeaban droga y le advirtió que lo iba a decir en la tribuna. Diez días después, AMLO viajó a Baja California y se mostró públicamente con la gobernadora.
El tiempo le fue dando la razón por partes. En mayo de 2025, Estados Unidos le revocó la visa a Marina del Pilar y a Carlos Torres. En enero de 2026, la FGR abrió investigación contra Torres por narcotráfico, tráfico de armas y lavado. El 29 de septiembre, el Tesoro lo sancionó como operador político aliado de El Ruso, con pagos mensuales de un exdirector de Seguridad Pública de Mexicali. Hacienda ya lo bloqueó en el sistema financiero mexicano.
El círculo de Torres
Carlos Torres Torres fue coordinador de Proyectos Estratégicos del estado. Según la carpeta de la FGR, recibía sobornos de 150 mil dólares mensuales del exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil García, para permitir que el cártel de Los Rusos operara en la entidad. Su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, era el encargado de recibir esos sobornos y de lavar los fondos ilícitos a través de empresas y campañas políticas. La OFAC lo redesignó bajo la Orden Ejecutiva 13224, al considerar que actuó en nombre del Cártel de Sinaloa.
El 17 de mayo de 2024, el Primer Sistema de Noticias de Baja California (PSN) transmitió en vivo la detención de Carlos Torres Torres por la DEA en San Diego, California. El mismo Carlos Torres salió a negar haber sido detenido, pero el desmentido no fue corroborado por ninguna autoridad.
Mendívil fue fiscal regional de Mexicali de 2019 a 2021, durante el gobierno de Bonilla. Después fue director de Seguridad Pública de Mexicali. La OFAC lo señala por recibir sobornos a cambio de facilitar el narcotráfico y llevar a cabo operaciones de represión del cártel. El 29 de septiembre de 2026, la OFAC designó a Mendívil y a su empresa Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, S. de R.L. de C.V., ubicada en avenida Misión de San Diego 3499, colonia Hacienda Dorada, Mexicali. Según Los Ángeles Press, el combustible en esta frontera no se hereda en la bomba de la colonia: es el mismo patrón documentado en su serie sobre el club de la gasolina, donde el combustible funciona como fachada para lavar dinero del cártel.
Con voz propia
El patrón: Lameiro, el Copeo y el club de la gasolina
El sobrino de Honold
Kurt Honold Morales es secretario de Economía e Innovación de Marina del Pilar. Fue el primer directivo bajacaliforniano del grupo de Jorge Hank Rhon en los noventa, trabajó con él hasta el año 2000 y, en 2004, fue su suplente en la candidatura a alcalde de Tijuana. Cuando Hank se fue a buscar la gubernatura en 2007, Honold terminó como presidente municipal de Tijuana. El 7 de julio de 2022, Rafael Alzúa Honold, sobrino de Kurt Honold, fue detenido en National City, California, con 2,268 kilos de metanfetamina: uno de los decomisos más grandes en el condado de San Diego. El camión había cruzado por la garita comercial de Otay Mesa. Honold confirmó el parentesco, pero dijo que no tenía relación con él. Marina del Pilar lo defendió diciendo que Honold no estaba involucrado ni directa ni indirectamente.
La diputada y el dinero
El 5 de enero de 2026, la diputada Alejandra Ang Hernández, presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso de Baja California, fue retenida en la garita de la Zona Este de Mexicali-Calexico cuando intentaba cruzar con unos 800 mil pesos en efectivo, repartidos en la parte delantera y trasera de su camioneta GMC Yukon. Ella dijo que era un olvido: ahorros de ella y su esposo, más la venta de un auto, destinados a comprar otro vehículo. Su visa no le fue revocada, pero el dinero sigue retenido por el CBP. A más de siete meses, sigue sin recuperarlo.
Los agentes del Ministerio Público
Octavio Espino Torres, agente del Ministerio Público, fue detenido en 2022 con 29 kilos de metanfetamina en la garita de Tijuana. Ana Sofía López Osuna, también agente del MP, fue detenida en junio de 2023 en San Diego con 38 kilos de cocaína. Ella ingresó a la Fiscalía en 2015 como auxiliar, fue promovida a auxiliar del MP en 2017 y designada agente en 2020, adscrita a la Fiscalía Regional de Tijuana. Pasó por la Supervisión de Unidades de Investigación y aprobó los exámenes de confianza en 2020. Pero su cargo era de agente, no de titular de una unidad de investigación. El fiscal regional Édgar Mendoza la describió como administrativa —recepción y elaboración de oficios, como secretaria— y Carpio dijo que sus tareas eran administrativas.
El fiscal Carpio
Ricardo Iván Carpio Sánchez renunció el 10 de agosto de 2023, por motivos personales, tras diecinueve meses en el cargo. María Elena Andrade Ramírez lo sustituyó ese mismo mes. La hipótesis de que Carpio huyó a Estados Unidos como testigo protegido circuló en el vox populi, pero nunca se corroboró. Él mismo lo negó en 2024, la fiscal Andrade lo rechazó y Marina del Pilar lo calificó de fake news.
Los funcionarios recientes
Fernando Esquer-Díaz, exdirector de Servicios Generales del Issstecali, fue detenido el 25 de febrero de 2026 en Calexico con casi 70 kilos de metanfetamina en 149 paquetes ocultos en su camioneta. Cruzó por el carril Sentri y dijo que iba de compras a San Diego. Nancy Beatriz Ortega Olazagasti, inspectora de Justicia Cívica del Ayuntamiento de Tecate, fue detenida el 26 de agosto en la garita con casi 70 kilos de metanfetamina en un compartimento falso bajo los asientos de su Nissan Rogue.
El municipio la dio de baja el 2 de septiembre. En marzo de 2026, la Fiscalía estatal detuvo a más de 30 policías de Tijuana por vínculos con los hermanos Arzate, La Rana y Aquiles, jefes de Los Mayos en Tijuana. En septiembre fueron 36 más, en el Operativo Alba: la mayor acción contra policías en veinticinco años.
Las narcomantas
La gobernadora recibió narcomantas del CJNG en agosto de 2024 en Mexicali —acusaban al secretario de Seguridad, Leopoldo Tizoc Aguilar, de recibir dinero de la contra— y otra en agosto de 2025 en Ensenada, acusándola de permitir que El Tury extorsionara al sector pesquero. Netza Jáuregui, secretario de Bienestar, apareció en la manta de abril de 2024 frente a las oficinas de la CESPM, junto con Armando Carrasco y Oliver Herrero: el mensaje decía que habían pedido favores y faltado a acuerdos. Carrasco, el director del agua, recibió otra en febrero de 2026, acompañada de un food truck quemado con bomba molotov. La fiscal Andrade tuvo dos: una en agosto de 2024 en Tecate, con restos de animal, y otra en agosto de este año, con cabezas de cerdo, acusándola de vender plazas. En enero de este año hubo una más en Mexicali, firmada por el CJNG, que amenazaba a Buenrostro, Mendívil y Chan Baltazar por apoyar a Los Rusos.
Las propiedades
Según Los Ángeles Press, Armando Carrazco López, director de la CESPM, adquirió en octubre de 2024 un condominio en La Jolla, San Diego, valuado en 1.089 millones de dólares, a través de la empresa de papel Jacm Ltd. Liability Co., constituida apenas un mes antes por él y su esposa Norma Graciela Monge. La propiedad pasó seis veces dentro de la familia Luken antes de llegar a la LLC, y el circuito conecta con la red Salgado-Zepe, el mismo entorno patrimonial que Los Ángeles Press documentó en su serie La Red Fimbres sobre más de 70 propiedades en San Diego operadas con prestanombres y empresas de papel.
Netza Jáuregui, señalado en narcomantas, adquirió el 8 de diciembre de 2025 una casa en la colonia Santa Teresa de Mexicali, en avenida Salvador Alvarado 346, mediante compraventa directa con el empresario Alejandro Meléndrez García de León, amigo del funcionario y hermano del exsecretario del Campo Juan Meléndrez. El avalúo de 2024 fijó el valor comercial en 4.5 millones de pesos; Jáuregui pagó 2 millones 238 mil 512 pesos —un cheque de 1 millón 333 mil 512 y 905 mil en efectivo—, lo que implicó para el vendedor una pérdida de 2 millones 461 mil 488 pesos. El avalúo que justificó el desplome fue del perito Ricardo Daniel Soqui Romero, de Firma de Valuación.
Policías y sus detenciones
En Mexicali, el 14 de enero de 2026, la fiscal María Elena Andrade detuvo a tres agentes municipales por la desaparición de seis personas en dos eventos en la zona rural. Dos de ellos habían sido videograbados en junio de 2024 escoltando a Josué Godínez Fernández, apodado El Pitufo, presunto integrante de la banda de El Ruso. Hasta ese momento sumaban seis policías municipales asegurados, pero había más de veinte carpetas de investigación contra agentes de la misma corporación.
Shots Factory & Terraza, en Mexicali, relacionada con las desapariciones de jóvenes ocurridas en la zona de antros. Foto: oem.mx
En marzo de 2026, el Operativo Alba detuvo a Kevin y Eduardo, señalados de desaparecer a Jesús Ayón Torres y José Alberto Sánchez Jiménez, de 27 y 26 años, al salir del bar La Mañosa en septiembre de 2022: los subieron a una patrulla sin reportar la detención. Ese mismo operativo aseguró a Humberto, vinculado a la desaparición de Brenix Ismael Soto Anaya en febrero de 2022 en el poblado Vicente Guerrero, cuyos restos óseos fueron localizados en enero de 2024 en la colonia Ladrillera.
El 28 de julio de 2026 cayó el exdirector de Seguridad Pública, Pedro Ariel Mendívil García, junto con el excomandante Luis Alfonso Jacobo y varios policías, por la desaparición forzada de los dos jóvenes del bar Shots. En la audiencia, la Fiscalía reveló que Eduardo, Kevin González Álvarez y Juan Carlos Jacques Álvarez participaban en los levantones de jóvenes en la zona de antros y que el dinero de esas operaciones llegaba a Jacobo y a Mendívil. Un oficial testificó que eran sanguinarios y que grababan a las víctimas mientras eran torturadas. Mendívil fue liberado el 3 de agosto, cuando el juez Fernando Serrano determinó que no había pruebas suficientes. Cincuenta y siete días después, el Tesoro de Estados Unidos lo sancionó junto con su gasolinera.
El 30 de septiembre de 2026, cuatro personas vinculadas a Los Rusos —Estrella Guadalupe, Juan Carlos, Víctor Hugo y Yahir Alexander— fueron vinculadas a proceso por el homicidio calificado de dos jóvenes desaparecidos en agosto: una fue privada de la libertad el 11 de agosto y trasladada a un predio en Valle de Puebla, donde fue golpeada y amarrada; los cuerpos aparecieron el 15 en un camino del ejido Guanajuato.
En Tijuana, el balance es distinto: seis policías municipales detenidos y la única condena firme de todo el periodo —60 años de prisión cada uno para Martín Trinidad Martínez y Esteban Heriberto Galaz Gómez, declarados culpables de desaparición forzada el 27 de mayo de 2026—. En total, la FGE reporta 34 policías municipales detenidos en cinco años: 13 en Ensenada, 11 en Mexicali, 6 en Tijuana y 2 en Rosarito. El Operativo Alba cerró con 36 aprehensiones en septiembre —la mayor acción contra policías en veinticinco años— y 169 servidores públicos procesados.
Seis contra miles
El contraste es más duro de lo que parece. No son seis policías de Tijuana contra todos los desaparecidos del estado: son seis policías de Mexicali, y ni siquiera todos los de Mexicali. Los de Tijuana responden por secuestros y desapariciones en su propia ciudad; los de Mexicali, por los levantones de la zona de antros. Ninguno responde por Ensenada, donde 13 policías están presos por la desaparición de cinco jóvenes en El Porvenir, en marzo de 2025. Y la única condena firme de todo el periodo es la de dos expolicías tijuanenses. Dos condenas contra más de cinco mil personas desaparecidas y no localizadas.
El registro estatal de Baja California acumula 7,989 personas desaparecidas desde 1952 hasta agosto de este año. De ellas, 3,489 ya fueron localizadas —3,198 con vida y 291 sin vida—, pero quedan más de 4,500 personas sin localizar. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, con corte al 18 de septiembre, cuenta 5,016 desaparecidos y no localizados en el estado: el cuarto lugar nacional, solo detrás de Tamaulipas, Nuevo León y Sonora. Tijuana es el municipio con más casos del país, con 3,300 acumulados. Mexicali le sigue con 922. En 2025, la Fiscalía recibió 2,082 reportes; en el primer semestre de 2026, 1,407 denuncias con 1,484 víctimas. Y en lo que va de este año, 340 personas siguen sin localizarse: quinto lugar nacional. Seis policías contra miles de desaparecidos. Esa es la proporción real entre la respuesta del Estado y la magnitud del problema.
Las narcofosas
En el ejido Miguel Alemán, en la reserva ambiental de Pronatura, los colectivos de búsqueda localizaron 24 fosas clandestinas en ocho meses de trabajo. La Fiscalía confirma 45 cuerpos; los colectivos hablan de más de cuarenta. Algunos tienen data de cinco, seis y hasta siete años: la zona se usa desde 2019. La mayoría son hombres del Valle de Mexicali, casi todos calcinados o cercenados, sin casquillos en la mayoría de las fosas: los levantaban, los mataban y los llevaban ahí. Entre los identificados están los hermanos Levario, levantados el 19 de noviembre de 2025.
La fiscal Andrade dijo que Los Rusos están ligados a ese cementerio clandestino y que hay evidencia de participación de algunas corporaciones policiales —los menos agentes, según ella—. El único detenido vinculado directamente es Miguel, alias El Rodilla, capturado a finales de junio. En julio de 2023 ya se habían encontrado 15 cuerpos en ese mismo ejido y las autoridades suspendieron las búsquedas. Tres años después, los colectivos volvieron y encontraron 24 fosas más. Por esos cuerpos, nadie responde.
Toda la pirámide
La permeación no fue solo policial: abarcó toda la pirámide. En salud, Fernando Esquer-Díaz, exdirector de Servicios Generales del Issstecali, detenido en Calexico con casi 70 kilos de metanfetamina. En justicia, Octavio Espino Torres y Ana Sofía López Osuna, agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Tijuana, detenidos con 29 kilos de metanfetamina y 38 kilos de cocaína. En el municipio, Nancy Beatriz Ortega Olazagasti, inspectora de Justicia Cívica del Ayuntamiento de Tecate, con casi 70 kilos de metanfetamina. En la Secretaría de Economía, Rafael Alzúa Honold, sobrino del secretario Kurt Honold, detenido en California con 2,268 kilos de metanfetamina.
En el Congreso, la diputada Alejandra Ang Hernández, presidenta de la Comisión de Fiscalización, retenida con 800 mil pesos en efectivo. En la Fiscalía, el fiscal general Ricardo Iván Carpio, que renunció en 2023. En Bienestar, Netza Jáuregui, señalado en narcomantas y con una casa comprada por debajo de su valor en Mexicali. En la CESPM, Armando Carrasco, con un condominio de 1.089 millones de dólares en La Jolla. En Seguridad, Leopoldo Tizoc Aguilar, acusado en narcomantas de recibir dinero de la contra. Y en la cúspide del círculo, Carlos Torres, exesposo de la gobernadora, sancionado por el Tesoro como operador político del Cártel de Sinaloa, y Pedro Ariel Mendívil, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, sancionado junto con su gasolinera. Desde inspectores hasta secretarios, toda la pirámide fue permeada.
Si esto no prueba que en Baja California hay un narcoestado, no sé qué necesita la Presidencia de la República para poder admitir que estamos en las puertas de un estado fallido en las manos de Morena.
Solo espero que, para cuando venga el profeta Elías de entre las nubes y nos advierta las puertas del infierno en la tierra, tengamos la capacidad de escuchar la voz que nos advierte lo que se avecina, sin repetir la historia de Laocoonte.
Con voz propia
El patrón: Lameiro, el Copeo y el club de la gasolina
