Las narcomantas del director de la CESPM que el gobierno ignora

La CESPM se ha convertido en el epicentro de una trama donde convergen amenazas del crimen organizado, opacidad patrimonial y encubrimiento político.

Por Hazael Sayavedra

En abril de 2024, una manta apareció colgada frente a las oficinas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, con un mensaje que nadie pudo ignorar: “Netza Jáuregui Santillán, Armando Carrazco López, Oliver Herrero: no se nos olvidan los favores que pidieron y luego, como maricones, faltaron a la palabra y a los acuerdos; les queda poco tiempo. Atte. CJNG.”

Casi dos años después, en febrero de 2026, el mensaje se repitió de forma aún más violenta. Quemaron un food truck que pertenecía a alguien cercano al director Armando Carrazco López, justo afuera de las instalaciones de la CESPM. Dejaron otra manta, con un texto aún más agresivo: “Armando Carrasco, pediste muchos favores y te hiciste pendejo; aguanta la verga. Atte. CJNG.” Junto a ella, una cabeza de cerdo como advertencia.

A pesar de las amenazas públicas firmadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación, de las investigaciones sobre su patrimonio inexplicable y de los señalamientos de corrupción, Armando Carrazco López sigue al frente de uno de los organismos más estratégicos del estado. Esto no es un simple escándalo de corrupción. Es la radiografía de un sistema político que protege a sus operadores, incluso cuando el propio crimen organizado los señala públicamente.

El funcionario que no puede justificarse

Hasta 2019, Armando Carrazco López vivía en casa de sus padres, en la colonia Prohogar. Su vida cambió radicalmente en pocos años. Adquirió una casa en la exclusiva Aurea Residencial, en Mexicali, por más de cinco millones de pesos y la liquidó en tiempo récord. Luego, en octubre de 2024, su esposa y él crearon la empresa Jacm Ltd Liability Co LLC, en California, y con ella compraron un condominio en La Jolla, San Diego, valuado en 1.05 millones de dólares. El enganche fue de casi medio millón de dólares en efectivo.

Su salario declarado como director general de la CESPM es de aproximadamente 200 pesos mensuales, según la plataforma de Transparencia, más algunas percepciones adicionales de 47 mil pesos mensuales que no alcanzan a explicar este nivel de patrimonio. Los números simplemente no cierran. Ni trabajando toda una vida con ese sueldo habría podido pagar esas propiedades.

La periodista que destapó la red

Estas operaciones no fueron descubiertas por la Fiscalía ni por la Auditoría Superior. Las sacó a la luz la periodista independiente Guadalupe Lizárraga, a través de su medio Los Ángeles Press. En sus investigaciones —“Propiedad en La Jolla vinculada a Armando Carrazco, director de CESPM” y “Residencia en La Jolla del director de CESPM enlaza red Salgado-Zepe”—, Lizárraga reconstruyó, paso a paso, con documentos oficiales del condado de San Diego, cómo se realizó la compra.

Documentó que la propiedad se adquirió dentro de un circuito controlado por brokers y familias vinculadas a Fernando Rafael Salgado Chávez y César “Zepe” Ybarra. Mostró que la LLC fue creada apenas semanas antes de la compra; que la propiedad no salió al mercado abierto; y que formaba parte de un complejo inmobiliario con vínculos a trusts en Arizona. Lizárraga fue la primera en señalar públicamente la incompatibilidad patrimonial y en conectar a Carrazco con la misma red de lavado inmobiliario que ya había documentado en otras propiedades de funcionarios cercanos al gobierno estatal.

Su trabajo periodístico no se limita a Carrazco. Lizárraga ha seguido durante años el mismo patrón de empresas fachada, brokers y propiedades en California que parecen operar como un grupo especializado en lavar recursos para funcionarios de alto nivel en Baja California. Gracias a sus investigaciones, hoy sabemos que este esquema se repite con otras figuras ligadas al círculo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, incluyendo propiedades como la mansión adquirida por INTL Builders —empresa vinculada a Gustavo Fimbres—, donde la propia gobernadora ha sido fotografiada con su familia.

¿Por qué un cártel amenazaría al director del agua?

La CESPM no es una dependencia técnica más. Es una caja negra financiera y logística de primer orden. Controla miles de millones de pesos en obras públicas, licitaciones de acueductos, plantas tratadoras, redes de distribución y mantenimiento. En una región fronteriza desértica, quien controla el agua controla poder real.

Las mantas no dejan lugar a dudas. El CJNG no habla de extorsión común. Habla de “favores que pidieron”, de “acuerdos” que se rompieron y de una traición personal. Esto solo tiene sentido si Carrazco, o alguien por encima de él, había establecido algún tipo de relación operativa con el cártel: protección, contratos dirigidos, silencio sobre operaciones o acceso logístico a través de la infraestructura hídrica.

Cuando un cártel firma narcomantas contra un funcionario público, no lo hace por capricho. Lo hace porque esa persona movía intereses importantes para ellos. Carrazco no es una víctima azarosa. Es un operador que, según sus propias palabras, falló a un pacto.

La pregunta que el gobierno no quiere contestar

Aquí llegamos al punto más incómodo de toda esta historia: si un funcionario ha sido amenazado públicamente varias veces por el CJNG; si su nombre aparece en narcomantas junto a otros servidores públicos; si ya cuenta con escoltas estatales por riesgo de seguridad; si su patrimonio es imposible de justificar; y si ha sido señalado de corrupción por una periodista con documentos en mano… ¿por qué la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda lo mantiene al frente de la CESPM?

No es una pregunta retórica. Es una pregunta que exige respuesta.

La explicación más lógica, aunque sea la más incómoda, es que Armando Carrazco no es un funcionario cualquiera. Es un operador incómodo que forma parte de una estructura de poder más grande. Removerlo implicaría tener que explicar demasiadas cosas: de dónde salió el dinero de La Jolla; quiénes son los verdaderos beneficiarios finales de esas propiedades; qué favores exactamente le debían al CJNG; y hasta dónde llega la red de lavado inmobiliario que Guadalupe Lizárraga ha documentado.

Mantener a Carrazco en el cargo no parece un error de cálculo político. Parece una decisión consciente de proteger a un eslabón clave de la cadena. Mientras él siga ahí, la caja negra de la CESPM permanece cerrada. Mientras él siga ahí, nadie tiene que dar explicaciones sobre el grupo operador que, según las investigaciones de Los Ángeles Press, les lava el dinero a través de propiedades en California.

El costo de la impunidad

Lo más grave no es solo que un funcionario con estas señales de alerta siga en un puesto estratégico. Lo más grave es lo que esto dice sobre el gobierno que lo protege. Cuando un cártel se siente con la confianza de colgar narcomantas y dejar cabezas de animales frente a una dependencia estatal, es porque siente que tiene cierto nivel de control o impunidad dentro de esa misma institución.

El agua que llega a los hogares de Mexicali está siendo administrada por alguien que el CJNG considera que les debe favores. Ese solo hecho debería ser suficiente para que cualquier gobierno responsable lo removiera de inmediato. Que no lo hayan hecho habla más de ellos que del propio Carrazco.

Guadalupe Lizárraga hizo su trabajo: investigó, documentó y publicó con pruebas. Ahora la pelota está en la cancha de las autoridades. El Sistema Estatal Anticorrupción, la Fiscalía General de la República y la propia gobernadora tienen información suficiente para actuar. Hasta ahora, han elegido no hacerlo.

Baja California ya no puede seguir fingiendo sorpresa. Las narcomantas están escritas en español clarísimo. El patrimonio está documentado. Las conexiones con la red Salgado-Zepe están expuestas. El riesgo es público y el silencio oficial es cada vez más escandaloso.

El agua de Mexicali merece algo mejor que un director amenazado por el cártel y protegido por el gobierno. La gobernadora Marina del Pilar tiene la oportunidad histórica de demostrar que su administración es distinta a las anteriores. Remover a Carrazco y permitir una investigación a fondo sería el primer paso. Hasta ahora, todo indica que ese paso no lo quieren dar.

Esta no es solo la historia de un funcionario con patrimonio inexplicable. Es la historia de un sistema político que, cuando tiene que elegir entre la legalidad y la protección de sus operadores, elige la segunda opción sin dudarlo. Y mientras eso siga ocurriendo, las narcomantas seguirán apareciendo, porque los cárteles saben perfectamente quiénes son sus deudores… y quiénes los protegen.

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