Daniel Lee Miércoles, 23 de Septiembre del 2026, 02:30
La reforma introduce un requisito de nacionalidad única para aspirar a los principales cargos ejecutivos del país, con impacto directo en mexicanos binacionales.
Por Daniel Lee
La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que obliga a quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a renunciar a cualquier otra nacionalidad antes de solicitar su registro. La modificación fue avalada con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención, en medio de un debate marcado por acusaciones de que la medida responde a intereses políticos específicos y por las advertencias de que afecta los derechos de los mexicanos con doble nacionalidad.
La disposición no elimina la doble nacionalidad para el conjunto de los mexicanos, pero establece una diferencia concreta para quienes pretendan encabezar los principales poderes ejecutivos. Sus promotores argumentan que busca proteger la soberanía y evitar posibles conflictos de intereses; sus críticos advierten que convierte una condición jurídica legítima de millones de connacionales en una barrera para acceder a determinadas responsabilidades públicas.
El Colectivo de Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrantes (COLEFOM) ha rechazado públicamente la reforma y exigido que las comunidades mexicanas en Estados Unidos y Canadá sean escuchadas. Para las organizaciones migrantes, el problema no se reduce a una candidatura: está en juego el reconocimiento de los mexicanos en el exterior como parte plena de la nación. La ausencia de un proceso de escucha previo refuerza esa preocupación.
Y aquí está el efecto que no puede minimizarse: la reforma introduce una frontera política que hasta ahora no existía para los mexicanos con doble nacionalidad.
Un mexicano puede conservar su nacionalidad, votar desde el extranjero, participar en organizaciones comunitarias, mantener inversiones, enviar remesas, sostener empresas y familias a ambos lados de la frontera y contribuir al desarrollo del país. Pero si algún día pretende competir por uno de los principales cargos ejecutivos, tendría que renunciar a su otra nacionalidad.
Eso cambia el mensaje.
Para una comunidad que durante décadas ha reclamado reconocimiento político, la medida puede ser interpretada como una reducción de sus posibilidades de participación en los niveles más altos del Estado. No les quita la nacionalidad mexicana, pero sí establece que, para aspirar a determinados espacios de poder, deberán desprenderse de una parte de su identidad jurídica.
Ese impacto adquiere mayor dimensión porque la migración mexicana ya no puede entenderse bajo el viejo esquema del trabajador que se fue y algún día regresará. Existe una comunidad binacional consolidada: ciudadanos nacidos en Estados Unidos de padres mexicanos, familias con integrantes en ambos países, empresarios, profesionistas, estudiantes, dirigentes sociales y organizaciones que mantienen vínculos permanentes con México.
Muchos de ellos no viven fuera del país para alejarse de México. Viven fuera y siguen siendo parte de México.
Por eso el reclamo de COLEFOM resulta relevante. Las organizaciones migrantes no están pidiendo un privilegio electoral; están reclamando participar en una decisión que puede redefinir el alcance de sus derechos políticos. Si el Estado quiere construir una relación moderna con su diáspora, no puede limitarse a pedirle remesas, reconocer su importancia económica o convocarla durante procesos electorales. También debe escucharla cuando se modifican las reglas que determinan su participación política.
La discusión parlamentaria, además, mostró el componente coyuntural de la reforma. Durante el debate aparecieron referencias directas a Francisco Javier García Cabeza de Vaca y acusaciones de que la Constitución estaría siendo utilizada para cerrar el paso a determinadas personas. La oposición sostuvo que la soberanía no puede convertirse en argumento para establecer una categoría distinta de mexicanos.
Una Constitución debe establecer reglas generales y duraderas, no responder a nombres, candidaturas o conflictos políticos del momento.
Tampoco existe una relación automática entre nacionalidad y lealtad. Tener un segundo pasaporte no convierte a nadie en menos mexicano, de la misma manera que tener uno solo no garantiza honestidad, patriotismo o respeto a la ley. Los conflictos de interés se investigan, se regulan y, cuando corresponde, se sancionan.
Por eso, la pregunta central debería ser otra: ¿qué controles deben aplicarse a quien pretende gobernar México, independientemente de cuántas nacionalidades tenga?
El riesgo de esta reforma no está únicamente en el requisito electoral. Está en el precedente y en el mensaje que puede enviar a millones de connacionales: que su vínculo con México es plenamente reconocido mientras aportan, votan o participan, pero puede convertirse en una desventaja cuando aspiran a ejercer el poder.
La soberanía no debería construirse colocando bajo sospecha a los mexicanos que tienen una segunda nacionalidad. Debería construirse con instituciones capaces de exigir la misma responsabilidad a todos.
Porque los mexicanos en el exterior no son una extensión de México cuando conviene y una comunidad aparte cuando se discuten derechos políticos.
Son mexicanos. Y el verdadero desafío ahora es demostrar que esa condición tiene el mismo valor cuando aportan al país que cuando pretenden participar en su conducción.
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