Rodolfo Soriano Nunez Lunes, 10 de Abril del 2023, 07:11
Religión y vida pública
Por Rodolfo Soriano-Núñez
El jueves 6 de abril, ProPublica, una organización no gubernamental basada en Estados Unidos, con larga historia en el periodismo independiente sobre temas clave para la vida pública en ése y otros países, publicó un detallado reportaje sobre la relación de amistad entre el ministro de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, Thomas Clarence y el empresario texano del sector inmobiliario Harlan Crow.
No es la primera vez que la amistad entre ambas figuras públicas atrae la atención de los medios en Estados Unidos. Hace doce años, en 2011, tanto The New York Times y Politico, publicaron reportajes en los que se daba cuenta del alcance de esa relación.
Hoy, Los Ángeles Press publica en español el texto de ProPublica. Lo hace por el valor que el reportaje tiene para Estados Unidos, pero también porque deja ver algunos de los posibles nexos entre el poder político, en este caso el poder de uno de los ministros del más elevado tribunal estadounidense y el poder económico, representado por Crow, uno de los empresarios inmobiliarios más ricos del país.
Los vínculos entre esos poderes, sin embargo, no se agotan ahí. Ambos han desarrollado, a su vez, complejas relaciones con otro poder: el que ejerce la religión sobre las personas al legitimar o desacreditar políticas públicas, leyes y, de manera más general, la manera en que los gobiernos y sus líderes actúan o no.
Ese vínculo adicional es más relevante en el caso del ministro Thomas porque desde que fue nominado para el cargo, en medio de un escándalo en 1991 por el entonces presidente George H. W. Bush, a Thomas le persigue la sombra de sus relaciones con el ala más radical del catolicismo estadunidense. Es una ala con la que también se identificaba el finado ministro Antonin Scalia y con la cual se identifican los tres ministros nominados para el cargo por Donald Trump: Neil Gorsuch (2017), Brett Kavanaugh (2018) y, de manera muy notoria, Amy Coney Barret (2019). La mayoría conservadora en la actual Suprema Corte la integran con Thomas y los tres nominados por Trump el presidente de ese tribunal, John Roberts, así como Samuel Alito, quienes fueron nominados en 2005 y 2006, respectivamente, por George W. Bush.
El ministro Clarence Thomas en 2013. Foto de Cknight70 bajo licencia CC BY 2.0.
Cuando se considera el peso de esos vínculos entre la política, el dinero y la religión, el ministro Thomas emerge como una figura fundamental para entender lo que ocurre en Estados Unidos y en otros países en la actualidad. Más allá de su apego al “originalismo”, la clave de su desempeño como ministro de la Corte me parece que descansa en una visión de los vínculos entre la religión y la política, la religión y la vida pública, que dan preeminencia a la primera.
Para explicar esa preeminencia hay quienes han dicho, con alguna razón, que entre el ministro Thomas y otros miembros de la Corte hay vínculos formales e informales con organizaciones de la extrema derecha católica. Esos vínculos son evidentes y no necesitan demasiadas explicaciones en el caso de la ministra Barret, la última de los tres nombrados por Trump. Ella incluso llegó a ser asistente (clerk) del ministro Scalia. Pero además de ese dato sobre su carrera y el hecho que fue profesora en la muy católica universidad de Notre Dame, en Indiana, ubicada 160 kilómetros al sur de Chicago, el hecho es que, incluso en el universo católico de Notre Dame, las relaciones de Barret con grupos conocidos por sus posiciones radicales son dignas de atención.
El caso más notable, pues ella forma parte de ese grupo es People of Praise (El pueblo que alaba o Las personas que alaban) y fueron motivo de preocupación y escrutinio cuando fue nominada para el cargo. Lo fueron, en primer término, porque como muchas otras órdenes, organizaciones o movimientos cercanos a la Iglesia Católica, People of Praise fue señalado por la ocurrencia de abusos sexuales en sus filas, como lo demuestra, entre otros muchos reportes, este publicado en 2020 por el diario británico The Guardian. También porque People of Praise se adhiere a ideas de rechazo y exclusión de las personas homosexuales y sus hijos y porque su modelo de atención pastoral es visto por sus críticos como más cercano al de una secta que al del catolicismo en general.
Más allá de esas acusaciones, está el asunto—todavía más delicado—de la manera en que sus miembros entienden la relación entre el orden político y las convicciones religiosas. Esa comprensión es, en sí misma, una paradoja digna de de ser explorada en varios volúmenes, pues People of Praise nace como una organización laica, cristiana en un sentido amplio, no limitada a los católicos, inspirada en más de un sentido por las experiencias de las Comunidades Cristianas de Base y los Cursillos de Vida Cristiana, en boga a finales de los sesenta. A pesar de ello, durante los ochenta, sus líderes, Kevin Ranaghan y Paul DeCelles se corrieron, poco a poco, pero de manera consistente, de una teología pública liberal que enfatizaba el encuentro y el diálogo a una conservadora. Esa teología pública le apuesta más a la fidelidad a una cierta idea de lo que el catolicismo y el cristianismo deben ser como valladares contra el avance de la izquierda que al diálogo o el encuentro. Ello terminó por acercarlos a la comprensión de las relaciones entre la política y la religión que ha sostenido desde sus orígenes el Opus Dei.
El ministro presidente de la Suprema Corte, John Roberts; la ministra Amy Coney Barret y Donald Trump el 26 de octubre de 2020 en la Casa Blanca.
El Opus Dei es particularmente importante cuando se trata del ministro Thomas, porque tanto él como su finado colega Antonin Scalia, fueron señalados ya desde los noventa como miembros de esa organización de origen español, la así llamada prelatura personal creada por Josemaría Escrivá de Balaguer. Las “acusaciones” fueron tan intensas y frecuentes, que las oficinas de prensa de la prelatura en Estados Unidos publicaron en 2004 una escueta nota, que todavía aparece en sus páginas Web. En ella niegan que los ministros Scalia y Thomas o el actor Mel Gibson, entre otros, sean miembros del Opus Dei.
Eso es relativamente sencillo de comprender. La “membresía” en el Opus Dei no se limita a un único tipo. Incluso entre los sacerdotes que tienen alguna vinculación con esa organización se distingue entre quienes son sacerdotes «de la prelatura», como lo es el arzobispo de Los Ángeles, California, el mexicano José Horacio Gómez Velasco y los que forman parte de la así llamada Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz que, sin dejar de ser sacerdotes de sus respectivas diócesis, se identifican con esa organización. Hay entre los laicos quienes tienen el más complejo grado, los así llamados numerarios, seguidos por los supernumerarios y una compleja cauda de posibles asociaciones con la prelatura que llegan a incluir a personas que no sean católicas. Están, desde luego, quienes simplemente simpatizan con las posiciones defendidas por la prelatura en temas políticos, aunque no compartan otras características.
Hay quienes, como Rafael López Aliaga, el alcalde de Lima, Perú, vociferan su membresía, con rango de numerario, como en esta entrevista con Reuters cuando era candidato a la presidencia en marzo de 2021. Lo hace, acaso, como un mensaje cifrado, una suerte de sello de aprobación y un mecanismo para hacer campaña sin hacerla, como en este tweet publicado el día de la elección en que resultó ganador con poco menos de un cuarto del total de los votos en la delirante elección por la alcaldía de Lima, desde donde se ha sumado a la Carta de Madrid, la más reciente aventura del hispanismo, una filosofía de la historia del antiguo Imperio Español, que lo ve como la realización de una suerte de plan divino cuyo último propósito era expandir el cristianismo y el catolicismo, derivada de la Doctrina del descubrimiento, que se ha considerado en otras entregas de esta serie Religión y vida pública. La llamada Carta de Madrid, fue patrocinada por el partido español de extrema derecha, Vox y logró que en México el Partido Acción Nacional se adhiriera. Pero incluso en el universo de la extrema derecha católica en Perú, país en el que el catolicismo es la religión oficial del Estado, López Aliaga es un caso extraño, acaso único.
La norma de conducta más común para el Opus Dei en los países donde tiene alguna presencia es el secretismo: rehuir por todos los medios ofrecer información acerca de quienes son sus miembros y las consecuencias prácticas de la membresía en esa organización. Eso, por cierto, no lo digo yo, que aunque me digo católico no albergo simpatía alguna por la organización fundada por Escrivá de Balaguer. Lo dice uno de los periodistas a los que, en Estados Unidos, la prelatura dispensó el acceso para escribir un libro sobre ellos, John L. Allen, quien dedica todo un capítulo de su libro Opus Dei: Secrets and power inside the Catholic Church al secreto como uno de los rasgos que definen al Opus Dei y que, como él mismo reconoce, le provocan «un problema de imagen» (p. 134).
Ello ha hecho especialmente difícil para los medios en Estados Unidos y otros países dar cuenta del alcance de la influencia de grupos como el Opus Dei, así como de otras organizaciones que siguen patrones similares a los de la prelatura fundada por Escrivá. Tal es el caso de los vínculos de la única mujer nominada por Trump a la Suprema Corte, la ministra Barret y People of Praise.
Difícil, pero no imposible
Salon, la publicación electrónica estadunidense, publicó en 2021 un reportaje cuando Barret fue finalmente integrada a la Corte. Salon encontró que un elemento clave de los nombramientos de esos tres ministros fue el trabajo desarrollado por Neil y Ann Corkery en lo que esa revista calificó como una tarea facilitada “por una bizantina red de organizaciones de derecha financiada con dinero oscuro, que opera con poca o ninguna rendición de cuentas”.
Años antes, en 2013, National Public Radio, la red de estaciones de la radio pública en Estados Unidos, transmitió en varios de sus programas información sobre esa “bizantina red de organizaciones de derecha”. Primero, en su noticiero matutino Morning Edition iluminó algunos aspectos de la forma en que esa red opera gracias a leyes federales que permiten a organizaciones políticas actuar sin pagar impuestos. Esas redes dieron forma a una generación de abogados y jueces con probada lealtad a los grupos descritos en el texto de Salon de 2021.
Ello es relevante porque, aun cuando el presidente de Estados Unidos puede nombrar a cualquier persona que él desee como candidato a ministro de la Suprema Corte, la práctica más aceptada es que los nominados tengan alguna experiencia previa como jueces en tribunales menores, sea en el ámbito federal o en el estatal. Aunque Trump nombró a sus tres ministros rápidamente, todos ellos contaban con algunos años de experiencia como jueces en instancias inferiores.
No fueron nombramientos que Trump se “sacara de la manga”. Él contaba con una suerte de pool de posibles candidatos de los que escogió a esos tres. Si esos tres ministros fueran árboles, los dueños del invernadero donde esos árboles crecieron serían los Corkery. Ellos sí aceptaron ya desde los noventa ser o haber sido miembros del Opus Dei. Así lo dijeron al South Florida Sun Sentinel el 24 de mayo de 1990:
Corkery, de 30 años (en 1990), es graduada en leyes y tiene una familia. Ella dejó de litigar para criar a sus dos hijos. Era escéptica acerca del Opus Dei antes de hacerse miembro. “Pero amé a todos los que conocí en el Opus Dei”. Incluido su marido, Neil, que era ya miembro del Opus Dei cuando se conocieron.
Mi esposo verdaderamente me alentó, aunque él mismo dejó el Opus Dei, dijo Ann. “Pero nunca fue aislado por ello”. Neil Corkery consideraba que el Opus Dei era demasiado estructurado. “No creía que fueran necesarios tantos requisitos”, dijo. Pero también dice que la organización ha dado una dimensión positiva a su matrimonio.
En 2013, otro programa de NPR, Open Secrets dedicó una de sus emisiones a la señora Corkery. En ese episodio le describieron como fundadora del Wellspring Committee, una suerte de financiadora que, por operar según las reglas 501 (c) (4) del Internal Revenue Service, no está obligada a informar sobre el destino de los fondos que entrega a otras organizaciones. Esos fondos, según Open Secrets, fueron entre 2008 y 2011 del orden de 17 millones de dólares. Aunque una parte de sus recursos se destinan a financiar campañas locales de candidatos conservadores, otra se usa para financiar las campañas de jueces. Es ahí donde está el invernadero del que fueron promovidos Gorsuch, Kavanaugh y Barret, entre otros.
Otro dueño del «invernadero» de los ministros y jueces conservadores sería Leonard Leo quien, de acuerdo con un reportaje publicado por Daily Beast, en 2018, también habría desempeñado un papel clave en el nombramiento de los ministros promovidos por Trump y cuya militancia en el ala derecha del catolicismo ocurre desde los llamados Caballeros de Malta, una orden que actualmente libra una batalla para deslegitimar el papado de Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco. Tanto es su empeño, que el papa mismo debió disolver el liderazgo de esa orden y nombrar una nueva dirigencia en 2022, además de darles nuevas normas. Leo es mencionado al menos en dos ocasiones en el texto de ProPublica que Los Ángeles Press publica en español.
Entérate: Clarence Thomas y el multimillonario (losangelespress.org)
Incluso si Thomas, Barret o algún otro ministro de la Suprema Corte no formaran parte de alguna de las muchas categorías de la membresía en el Opus Dei o de otros grupos de la derecha católica, como People of Praise, la filosofía del derecho con la que se identifican, el así llamado “originalismo” y el sentido de los votos que han dado a favor o en contra de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia dejan ver claras afinidades electivas entre esos ministros y la manera en que el Opus Dei y otras organizaciones de la extrema derecha católica entienden el papel de la religión en la vida pública.
El ejemplo más claro es el del aborto, donde Thomas y Scalia encabezaron el rechazo a Roe vs. Wade que, finalmente llevó a que, en 2022, la Corte repudiara sus sentencias previas en ese tema. Lo es en términos de las relaciones económicas en las que el Opus Dei, a contrapelo de lo que dicta la llamada Doctrina Social de la Iglesia, favorece la idea de mínimos de intervención pública y regulación, incluso en áreas sensibles de la economía, es decir, favorece que sea el mercado el que se regule a sí mismo. Lo es también cuando se trata de definir el tipo de relaciones que deben regular el papel de la religión en la vida pública, en las que es clara su preferencia por un Estado tan confesional y comprometido con la defensa de lo cristiano y lo católico como sea posible.
Es una idea de lo católico como hermanado e incluso inseparable del capitalismo menos regulado, del conservadurismo, del nacionalismo identitario y, sobre todo, de una cierta idea de las relaciones entre religión y vida pública que borra las fronteras entre una y otra y que no deja espacio para que sea la persona quien libremente decida en qué cree o no, o cómo practica o no, esa creencia. Lejos de reconocer la separación de los órdenes civil/político del religioso, confunde tanto como es posible ambos órdenes, haciéndolos uno solo. Ello corre a contrapelo, por cierto, de teorías de la relación entre los poderes civil y religioso de la Edad Media, como la llamada «de las dos espadas» que ve a lo religioso y lo político como ámbitos separados, dominados cada uno por distintas espadas, es decir, poderes.
El papa Gelasio y las dos espadas. De un manuscrito alemán del s. XIV.
Es cierto que Thomas ha votado sistemáticamente en contra de intentos por legitimar actitudes o ideas racistas y ello hace imposible considerarlo como un conservador puro en todos los órdenes, pero más allá de su rechazo a que la quema de cruces por el Ku-Klux-Klan o las placas de vanidad de autos con lemas a favor de la esclavitud sean vistos como ejercicios de libre expresión de ideas, Thomas ha sido señalado antes del texto de ProPublica por el efecto negativo que sus votos tienen sobre la protección de los derechos electorales en Estados Unidos. Para citar un texto de 2022 de Vox, la revista electrónica estadunidense…
En más de tres décadas en la Suprema Corte, Thomas ha votado consistentemente para para hacer más difícil que los votos de muchos americanos cuenten, para erosionar las instituciones, como una prensa libre, que son esenciales para la democracia y para desmantelar casi un siglo de leyes aprobadas de manera democrática a partir de principios constitucionales espurios.
A ello es necesario agregar el ruido que provoca el activismo que, por su cuenta, realiza su esposa Ginni Thomas, quien es frecuentemente mencionada en el texto de ProPublica y quien se sabe promovió activamente las movilizaciones violentas en el Capitolio en Washington, DC, el 6 de enero de 2021, entre otras actividades encaminadas a socavar la democracia en Estados Unidos.