Guadalupe Lizárraga Sábado, 25 de Mayo del 2024, 23:01
Discrecionalidad, corrupción, y amiguismo de la mano de Francisco Fiorentini y Luis Irineo.
Por Guadalupe Lizárraga
Desde su creación el 27 de mayo de 2017, el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Baja California ha estado en medio de controversias y acusaciones de irregularidades. En el centro de estos cuestionamientos se encuentra el actual candidato del Partido Acción Nacional para la alcaldía de Mexicali, Francisco José Fiorentini Cañedo, cuyas acciones llevaron al fracaso del sistema.
En entrevista para Los Ángeles Press, el abogado Ricardo Esteban Zurita, quien fue integrante del Comité de Participación Ciudadana del SEA Baja California y presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Red Nacional Anticorrupción, enumeró las múltiples irregularidades cometidas por Fiorentini, incluyendo “una ley inconstitucional para incorporar nombramientos de diez consejeros honoríficos, sin que se les exigiera ninguno de los requisitos de legalidad, especialidad e idoneidad”.
Zurita explicó que, al introducir la figura del consejero honorífico en Baja California se violaba el artículo 113, fracción II, de la Constitución, el cual establece la necesidad de destacarse en la lucha contra la corrupción; el artículo 36 de la Convención de la ONU Contra la Corrupción, que especifica como requerimiento tener conocimientos especializados en el combate en esta materia; y el artículo 34 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual exige experiencia profesional de al menos cinco años y título profesional con una antigüedad de diez años previos al nombramiento.
En 2017, Francisco Fiorentini no contaba con un título profesional ni con la experiencia profesional, sin embargo, con la figura del consejero honorífico pudo ingresar al Sistema Estatal Anticorrupción, además de incorporar a sus allegados Luis Ramón Irineo Romero y Jorge Topete Calvario, ambos abogados, egresados de la Universidad Autónoma de Baja California en 1998 y 1999. Pero, en el caso de Irineo, violaba otro de los requisitos del SEA, por ser secretario general del Partido de Baja California, afiliado desde marzo de 2017.
Lo primero que hizo Fiorentini fue liderar una campaña de firmas en Mexicali con el objetivo de presionar al Congreso de Baja California para redactar y aprobar la Ley del SEA. Sin embargo, esta acción era innecesaria, porque la Constitución y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción ya obligaban a los congresos estatales a aprobar las leyes correspondientes desde antes de junio de 2017.
Posteriormente, Fiorentini -en colaboración con Andrés de la Rosa Anaya, diputado del PAN-, promovió la versión inconstitucional de la ley del SEA de Baja California, incorporando la figura de consejeros honoríficos, la cual le permitió incorporarse como miembro honorífico pese a no cumplir con el título profesional ni la experiencia.
Jorge Topete y Fiorentini
En la columna "Cuenta Hiloz" del semanario ZETA, publicada el 26 de agosto de 2019, se reveló que Jorge Topete, primer presidente del recién formado Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción de Baja California, era propietario de la empresa El Burro Loco hasta junio de 2018, según su propia declaración y un documento notarial. Sin embargo, ese mismo año, el gobierno panista del Ayuntamiento de Tijuana le hacía una adjudicación directa por un contrato de 9 millones 860 mil pesos por servicios de consultoría en administración. Para entonces la empresa, que había cambiado su nombre a "EBL", tenía como objeto original la “elaboración y distribución de productos alimenticios”.
La investigación de Zeta, publicada en una primera parte el 5 de agosto de 2019, señalaba que Francisco Fiorentini, presidente del SEA Baja California, había intentado desvirtuar y negar el conflicto de interés y los posibles delitos que, según abogados y el consejero técnico del Comité Ciudadano del Sistema Anticorrupción, Ricardo Zurita, estarían configurándose conforme a la ley.
Topete fue dado de alta en el SEA el 12 de julio de 2018, y según información obtenida en la Plataforma Nacional de Transparencia, en junio de 2023 seguía activo como integrante del CPC. No obstante, desde 2015 ha sido proveedor para diferentes instancias gubernamentales como asesor en administración y servicios de cómputo, cambiando el objeto original de su empresa. En 2019, para el Ayuntamiento de Tijuana; en 2021 a 2023 ha sido favorecido con contratos por el gobierno del estado, por el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos, además de la Unidad de Especialidades Médicas y de la Secretaría de Salud del estado.
El 14 de enero de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la Ley del SEA de Baja California debido a las violaciones introducidas por Fiorentini, incluyendo la figura de los consejeros honoríficos.
Luis Irineo y Fiorentini
En el debate electoral organizado por Canal 66 el martes 21 de mayo, Francisco Fiorentini señaló que Luis Irineo Romero sería designado en el cargo de Transparencia del Ayuntamiento de Mexicali si el voto lo favorecía.
Luis Irineo tomó protesta como secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del SEA (SESEA) el 13 de noviembre de 2019 por influencia de Fiorentini. El primer año del SEA se ejerció un presupuesto de 5 millones de pesos, y los dos siguientes fueron de 15 millones cada año. Durante su gestión, el 15 de abril de 2021, se opuso a una auditoría, resultando en su suspensión. Posteriormente, la Auditoría Superior del Estado descubrió irregularidades presupuestales, y el Congreso de Baja California no aprobó las cuentas públicas de 2018, 2019 y 2020. El 30 de junio de 2021, Irineo fue cesado de su cargo y perdió todos los amparos legales que interpuso. Francisco Fiorentini, un día antes.
Al momento de su suspensión Irineo devengaba un sueldo de 65 mil pesos mensuales, un aguinaldo de $129, 670.48 y otras prestaciones económicas por un monto de $91, 589.73 pesos.
Entre las irregularidades que se dieron a conocer por la auditoría fue que otorgó préstamos personales afectando la cuenta contable del SEA, sin que tuviera facultad para ello, pero además se prestó a sí mismo, y al ser suspendido del cargo no regresó el préstamo. De acuerdo con el documento de la auditoría, también se llevó una computadora, un monitor y un puerto con un valor de $62, 944.30 propiedad del SEA.
En el documento TIT/361/2023 también se detalla que tuvo un balance presupuestario negativo de 8 millones 444 mil 374 pesos y que omitió incorporar la perspectiva de género en sus programas. Los resultados de esta auditoría fueron actualizados el 31 de enero de 2024.
Las evaluaciones del Sistema Anticorrupción de Baja California
En un comparativo estatal, los indicadores del INEGI mostraron que en 2021 Baja California había sido el tercer estado con mayor índice de corrupción en México, en tanto el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCCC) señaló que el SEA de Baja California no cumplió con 20 de los 21 mandatos de coordinación.
El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Baja California aún se encuentra entre los tres más ineficientes del país. Un factor clave en esta deficiencia ha sido el nombramiento irregular de integrantes honoríficos del Comité de Participación Ciudadana (CPC) durante la administración inicial del SEA bajo la influencia de Fiorentini, así como su gestión discrecional.
Pendientes Legales
Francisco Fiorentini aún enfrenta tres denuncias penales y dos procedimientos administrativos en la Secretaría de Honestidad y la Función Pública por presuntos delitos ante la Fiscalía Especializada en Corrupción.
