Guadalupe Lizárraga Jueves, 10 de Abril del 2025, 00:00
Sobre el libro de Ricardo Raphael, el exdefensor público Alejandro Garduño Real señaló que era un delito grave el publicar información de las víctimas sin su consentimiento.
Por Guadalupe Lizárraga
“¿De dónde habrá sacado esta versión?”, pregunta Elena Uscanga al enterarse de las 22 menciones en tres capítulos que hace Ricardo Raphael en el libro Fabricación sobre su hijo Jael Malagón Uscanga. La madre de una de las ocho personas vinculadas al caso armado por Isabel Miranda Torres afirma que nunca autorizó la difusión de esa información. Raphael, acusado de plagiar la investigación El falso caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga, habría accedido a los expedientes sin el consentimiento de las víctimas de Miranda.
“¿Cómo se atreve a publicar esto sobre Jael? ¿Quién lo autorizó? Yo nunca di mi consentimiento para que se difundiera esta información”, expresó Elena Uscanga a Los Ángeles Press, afectada emocionalmente tras conocer el contenido del libro en referencia a su hijo. “Que existan expedientes es normal, pero eso no le da derecho a mencionarlo en una publicación”, reclamó la madre quien aseguró que nunca fueron entrevistados ni ella ni Jael por el autor.
Los familiares de las víctimas relacionadas con Isabel Miranda simplemente no autorizaron el acceso a los expedientes judiciales ni se les consultó al respecto. Es el caso de Elena Uscanga, y de su hijo, cuyo proceso aún está en curso. Tampoco en el caso de la familia Freyre Morales. Pese a ello, Raphael accedió a los documentos gracias a la filtración de Salvador Leyva Morelos Zaragoza, siendo todavía secretario técnico del área de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, adscrito a la dirección general del Instituto Federal de Defensoría Pública.
La digitalización de los 70 tomos del expediente del caso Wallace fue realizada por Alejandro Garduño Real, exdefensor público de Jacobo Tagle Dobin, quien, según su testimonio para Los Ángeles Press, lo hizo bajo instrucciones directas de Leyva Morelos, quien alegó que era para el estudio de la tortura de las víctimas, a pesar de que negó hacerle el protocolo de Estambul a César Freyre porque "ya estaba sentenciado".
El abogado Alejandro Garduño especificó que los expedientes se habían grabado en discos magnéticos y consideró un delito grave el publicar información de las víctimas sin su consentimiento.
En su libro, Raphael reproduce la versión de esos expedientes fabricados por la extinta PGR, a la que le suma su propia invención y vincula a las víctimas con presuntas actividades criminales. En particular, respecto a Jael Malagón, narra una versión imprecisa del ataque armado que sufrió junto con Jonathan Freyre Morales en una villa en La Paz, Baja California Sur, un hecho que no fue incluido en la fabricación original del caso Wallace, y cuyo agresor, Ricardo Trevedan, quedó impune. Esta historia es dolorosa para Elena Uscanga por el daño permanente que le hizo a su hijo Jael Malagón y para Nelly Flores, por el asesinato impune del padre de su hijo; sin embargo, no son las únicas referencias a las que Raphael envuelve en ficción.
El texto también sugiere que Jael y César Freyre consumían marihuana y poseían armas y se movían en el "mundillo criminal", reforzando la narrativa oficial construida por agentes de la SIEDO para incriminarlos por delincuencia organizada y narcotráfico. Incluso, a César Freyre lo pone en una conversación ficticia con el narcotraficante Édgar Valdez Villarreal en la que, según Ricardo Raphael, César confiesa "que será responsable de otras cosas... pero no del secuestro Wallace y mucho menos del asesinato".
Nelly Flores, esposa de César Freyre, desmintió también a Ricardo Raphael sobre las 28 menciones que hace sobre Jonathan Freyre, hermano de César. Aclara que sólo tuvo un hijo y no dos como mencionó el autor del texto, además de que en ningún momento autorizó la mención de Jonathan ni mucho menos el acceso a los expedientes.
Para los familiares, la versión de Ricardo Raphael no sólo carece de rigor, sino que perpetúa la criminalización de las víctimas, en sintonía con el discurso que Isabel Miranda de Wallace ha sostenido durante años prologándoles daño moral.