Guadalupe Lizárraga Domingo, 20 de Abril del 2025, 00:00
Pobladores de la Sierra de Chihuahua piden se respete el derecho de libertad condicionada de Hugo Amed Schultz; señalan la fabricación de pruebas y tortura en el caso Miroslava Breach.
Por Guadalupe Lizárraga
Desde diversos municipios de la región serrana de Chihuahua hasta la capital del estado, se han recabado firmas de ciudadanos en apoyo a la libertad condicionada de Hugo Amed Schultz Alcaraz, exalcalde de Chínipas, quien fue sentenciado con pruebas fabricadas y amenazas para que aceptara haber participado en la conspiración para asesinar a la periodista Miroslava Breach Velducea, el 23 de marzo de 2017.
Según la versión oficial tanto de la fiscalía de Chihuahua como la Fiscalía General de la República, sostiene que el testigo protegido Casio, cuyo nombre es Alfredo Piñera, después de grabar a Miroslava Breach dio la grabación por WhatsApp a Hugo Amed Schultz, quien a su vez la entregó a través de una USB a Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry, sentenciado a 50 años por el crimen. No obstante, en los hechos reales, Piñera quien grabó sin autorización previa a Miroslava Breach, nunca demostró que hubiera compartido de su celular vía WhatsApp un audio con Hugo Amed Schultz. Más aún, el celular de Schultz fue desaparecido por la misma fiscalía el día de su detención, a pesar de habérselo recogido oficialmente, siendo un dato de prueba clave en la investigación sin que hasta la fecha siga su ubicación sin esclarecerse.
Entre los firmantes destacan familiares de la propia periodista, como Gabriel Velducea, primo de Miroslava, de quien, de acuerdo con declaraciones de la periodista Patricia Mayorga ante el Ministerio Público, les habría solicitado dejar de publicar información relacionada con el municipio de Chínipas. Mayorga, en su primera declaración, el 4 de abril de 2017, a las 11:52 horas, ante el agente José Roberto Frías Aguayo, dijo que tres o cuatro días después de haber publicado la nota sobre la imposición de candidatos del PRI en 2016, Velducea llamó a Miroslava.
"... como a los tres o cuatro días después de publicar la nota, me dijo Miroslava que le había llamado un primo del que desconozco el nombre: dijo que dejaran de escribir de Chínipas y que le dijera a su amiga, o sea a mí; de ahí decidimos calmarnos un poco en las publicaciones..."
Posteriormente, el familiar de la víctima fue entrevistado por Iris Gabriela Santoyo Cuervo, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), quien ha sido denunciada por fabricar pruebas y manipular testimonios en el caso, incluyendo las amenazas de fabricar el delito de secuestro al hijo mayor de Hugo Amed Schultz.
Entre los principales señalamientos contra Santoyo Cuervo -y su asistente Jean Paul Rodríguez Mondragón- se encuentra la fabricación del testigo protegido Édgar Salazar Gaxiola, quien bajo tortura y pagas mensuales de 25 mil pesos por parte de la FEADLE por más de un año se pretendía que señalara a su padre Crispín Salazar Zamorano como el presunto autor intelectual del crimen. Desde 2023, Salazar Gaxiola cuenta con un Protocolo de Estambul positivo, que acredita que fue víctima de tortura tras su detención en un proceso judicial ajeno al asesinato de Miroslava. Aun así, en enero de 2019, fue vinculado falsamente al caso por la agente Iris Gabriela Santoyo Cuervo y expuesto mediáticamente como relacionado con el crimen de la periodista mediante un boletín oficial de la FGR difundido a los medios.
Otras firmas solidarias con Schultz Alcaraz corresponden a más familiares de la víctima por parte de los Breach, quienes han solicitado públicamente que se actúe conforme a derecho. Algunos de estos familiares han declarado a Los Ángeles Press que la hermana de la periodista, Rosa María Breach, los habría presionado de forma intimidatoria para que se mantuvieran al margen del caso. “Pero el profe Hugo ya cumplió la parte que le exigieron, es una injusticia lo que le están haciendo”, declaró un familiar bajo condición de anonimato.
La petición, que reúne más de 1,500 firmas de personas originarias no sólo de Chihuahua, sino también de entidades vecinas como Sinaloa y Sonora, así como asociaciones religiosas y colectivos sindicales está dirigida al Consejo de la Judicatura Federal con sede en Chihuahua, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Secretaría de Gobernación.
Schultz Alcaraz fue sentenciado a ocho años de prisión tras haber sido obligado por agentes de la FEADLE a aceptar un juicio abreviado sin haber cometido el delito. Con un Protocolo de Estambul positivo en tortura ha acreditado las amenazas recibidas de que se fabricaría un delito de secuestro contra su hijo mayor. Actualmente ha cumplido más del 50 por ciento de su condena, lo que lo hace elegible para una modificación en su medida cautelar.
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